“Aclaro que esto fue un enfrentamiento, porque ellos estaban armados, y eso consta en toda la investigación. Es posible que yo y varios efectivos hayamos disparado, no lo puedo precisar, pero estoy tranquilo, porque esto va a traer mayor claridad sobre una situación que ocurrió, y desvirtuar las mentiras y falsedades que se han dicho”, comentaba el exdiputado por Ñuble, Rosauro Martínez, a la salida de la reconstitución de escena de los crímenes de Neltume, el 14 de abril de 2015.
Un año antes, quien también fuera alcalde de Chillán durante la dictadura, fue desaforado y no alcanzó a ejercer casi la totalidad de su último período parlamentario, cargo al que llegó en 1994.
Aquella alocución de Martínez contrasta con la resolución de hace unos días en la que el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre; sometió a proceso precisamente a los capitanes de Ejército a la época de los hechos, Rosauro Martínez Labbé y Conrado García Gaier; además del ex cabo segundo del Ejército, Julio Mariano Araki Tepano; y al exsargento primero de Carabineros, Paulino Flores Rivas, como autores del delito consumado de homicidio calificado de Rodrigo Obregón Torres, Pedro Juan Yáñez Palacios, Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto, José Eugenio Monsalve Sandoval, René Eduardo Bravo Aguilera, Juan Ángel Ojeda Aguayo, Julio César Riffo Figueroa y Miguel Cabrera Fernández, ilícitos perpetrados en la localidad de Neltume, comuna de Panguipulli, en 1981.
Según consta en la investigación, durante el mes de marzo de 1979, un grupo de exiliados chilenos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se encontraba residiendo en Europa, decidió crear un frente guerrillero en la zona Sur de Chile, para lo cual se reunió en París a fines del año 1980, viajando desde Madrid hasta Argentina e ingresando a nuestro país, específicamente a la zona de
Neltume, a través de pasos fronterizos no habilitados, creando el grupo denominado “Destacamento guerrillero Toqui Lautaro”. El entonces capitán de Ejército, Rosauro Martínez Labbé, quien a la época de los hechos, ostentaba el cargo de Comandante de la Compañía de comandos N° 8, del Batallón “Llancahue”, dependiente de la IV División de Ejército, dirigió la operación en Neltume durante todo el período que esta duró. Fue el encargado de organizar los distintos grupos que se movilizaron por el sector, proporcionando armamento y entregando instrucciones, entre las que se destacaba que “Estaban en guerra” y que “al ver algún hombre con las características de guerrillero, se debía disparar a matar”, según declaraciones.
Con el objeto de reforzar el batallón liderado por Rosauro Martínez, la segunda quincena de agosto de 1981 llegó además a la zona de conflicto la Unidad Antiterrorista de la Central Nacional de Informaciones (CNI), conformada por 15 uniformados aproximadamente, y a cargo del Capitán Conrado Vicente García Giaier.
En todos los informes en que se da cuenta de la muerte de los integrantes del “Destacamento Toqui Lautaro”, se menciona que habrían muerto a causa de enfrentamientos, lo cual resulta inverosímil, según la investigación, “toda vez que no se puede desconocer la desigual y desmejorada condición en que se encontraban los integrantes del grupo, no solo en cuanto a armamento y preparación, sino mayormente en sus condiciones físicas, recordando que las víctimas se encontraban en estado de desnutrición y una de ellas incluso con parte de su pie amputado. La desproporción en el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado fue evidente, toda vez que pudieron simplemente haber aprehendido a los integrantes del grupo sin necesidad de llegar a ejecutarlos”, consta en el expediente.
La resolución del ministro Mesa dejó a los procesados sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, en atención, principalmente, a la edad de los ex uniformados y a la situación sanitaria que se vive en el país.
“Lleva diez años en este proceso”
Desde RN, partido en el que militó durante décadas el exdiputado Martínez, su presidenta regional, Camila López, no quiso dar declaraciones sobre la situación del ex legislador.
Quien sí habló fue el actual parlamentario de la colectividad, Frank Sauerbaum.
“Sin duda éste es un revés para la defensa de Rosauro Martínez, de quien tengo una buena impresión, somos amigos, compartimos en la Cámara representando a Ñuble. Esperamos que él pueda demostrar su inocencia en lo que queda del proceso judicial, pero también cabe reflexionar respecto del estatus procesal que ha tenido durante estos últimos diez años. Eso también claramente transgrede los derechos humanos de una persona que está siendo juzgada durante una década. Ojalá podamos acortar los tiempos y podamos darle tranquilidad a él y a su familia. Rosauro Martínez sin duda ha sido muy importante para Ñuble y Chillán, no se merece lo que le está ocurriendo, y esperamos que pueda demostrar su inocencia”, manifestó.
LA DISCUSIÓN intentó obtener una declaración del hijo del ex legislador y actual diputado, Cristóbal Martínez, sin embargo, no hubo respuesta.
“El Poder Judicial llega tarde y mal”
Jorge Vera, representante del Comité Verdad y Justicia de Ñuble, sostuvo que no está de acuerdo con que “se deje a un criminal de lesa humanidad en su fundo junto a su familia. Me parece una burla, mientras mis amigos no llegaron a los 25 años. Siento que el Poder Judicial instaló la impunidad en temas de DD.HH., llegan tarde y mal. Ellos eran mis amigos y compañeros, estuve preso con ellos en Santiago, Capuchinos, y después vivimos juntos en Holanda con Julio Riffo, Próspero Guzmán, Juanito Ojeda, René Bravo y Miguel Cabrera, todos jóvenes de Neltume en la plenitud de sus vidas, con la simple pretensión que otro mundo era posible. Rosauro Martínez sin piedad les arrebató todo, y a 40 años, la justicia nos dice que ya está viejo para ir a prisión, que mejor se quede disfrutando en su fundo. Simplemente, para mí la impunidad ganó”, manifestó.
Cabe destacar que el proceso continuará con la dictación de la condena, en primera instancia, por parte del ministro Álvaro Mesa.
