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Fue durante un receso de la audiencia del juicio oral por el llamado “Caso Aljibes” que el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, dijo a La Discusión que “él va a reconocer su intervención en todos estos procedimientos y va a asumir la responsabilidad que el tribunal, eventualmente, pudiera declararle”.
Y así ocurrió. En el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, Vallejos relató detalles de cada uno de los hechos investigados de negociaciones incompatibles, mientras detentaba el cargo de alcalde subrogante, debido a la ausencia, por razones de salud, del entonces alcalde titular, Sergio Zarzar.
Los hecho presentados ante el estrado por la fiscal Nadia Espinoza y el representante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rojas, apuntan a diversas estrategias realizadas por Vallejos para favorecer la contratación de una empresa perteneciente a su familia, de transporte de agua potable, mediante camiones aljibe, durante el verano 2019-2020, ocasión en que se registró uno de los déficit hídricos más severos en la zona, castigando principalmente a los vecinos de los sectores rurales de la comuna.
Fue en enero de 2020 que el Gobierno para paliar el déficit, entregó millonarios montos de dinero a las intendencias de las regiones más castigadas con la sequía. Con este telón de fondo, Vallejos firmó los decretos municipales para adquirir por trato directo los servicios de las empresas en las que participaban sus sobrinos, su hermano Fernando y su padre Déctor.
Para evitar acciones legales por contratar una empresa familiar -y conforme a lo que el acusado también reconoce- creó empresas fantasmas a las que simuló el traspaso de camiones y maquinarias, quedando entonces a nombre de un empleado de los Vallejo, quien además era amigo de la familia por años.
Pese a lo anterior, ninguno de los familiares del otrora funcionario fue llevado al tribunal.
“En el delito de negociación incompatible, el actor del delito es el funcionario. Hay antecedentes que involucrarían al padre como al hermano del acusado, pero el tipo penal reconoce como autor solo a los funcionarios”, explicó la fiscal Nadia Espinoza.
Fiscalía pide nueve años de cárcel
La investigación, de acuerdo a lo expuesto en el tribunal, nace a raíz de una indagatoria que comienza a realizar la nueva Intendencia Regional de Ñuble, una vez creada la nueva región.
El equipo de asesores del entonces intendente Martín Arrau, detectaron irregularidades en las contrataciones de camiones, container y maquinarias de las empresas Sotrapel (que figuraba como empresas Los Almendros).
“Las primeras advertencias que se hicieron, no solo ante el Ministerio Público, sino por la prensa, apuntaban al vínculo que tenían las empresas Sotrapel como Camarico, pertenecientes a la familia Vallejo”, explica la persecutora.
En resumen, Ricardo Vallejos admitió responsabilidad en los tres hechos, por los que la Fiscalía pide tres penas de tres años en su grado menor a medio, más multas y accesorias, totalizando nueve años de cárcel. Con esto, es probable que el juicio, programado para cinco días, pueda culminar antes.
La jueza presidente de la Segunda Sala del TOP; magistrado Claudia Montero, dijo: “hoy alcanzamos a escuchar la declaración del acusado y ya para mañana se inicia la fase probatoria”.
