Cuando se habla de la evasión del pago de los pasajes en el Transantiago, la primera imagen es la de un enorme 40%. Porcentaje casi imposible de representar en pérdidas económicas, y sin embargo, el problema es mucho más que eso, ya que apunta a agresiones, insultos, daños y toda una rutina de estrés casi insoportable para los conductores del transporte público.
Y este hecho, pese a ser un fenómeno que ocurre a más de 400 kilómetros de Chillán, ya es observado en todas sus dimensiones por las autoridades locales y por los representantes de los gremios de taxibuses, quienes dentro de seis meses comenzarán a utilizar un sistema de cobro automático de pasajes, como la tarjeta BIP del Transantiago.
La confirmación de este nuevo sistema, incluido como parte del proyecto de subvención del transporte público trazado en 2020 para la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, se hizo pública el lunes por parte del alcalde Camilo Benavente y por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Javier Isla. El anuncio público, en tanto, se hará este 12 de marzo, cuando el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, llegue a Chillán.
“Y uno de los puntos en que ya hemos estado debatiendo es el tema de la evasión. Obviamente, no queremos que se repita lo que vemos en Santiago”, dice el presidente de la Asociación de Taxibuses de Chillán, Humberto Llanos.
Dentro de estas mesas de planificación se han trazado dos escenarios –en el papel- favorables para la futura experiencia de recaudación sistematizada en Chillán.
En primer lugar, Llanos apunta a un tema de idiosincrasia y hasta sociológico. “El tema de la evasión en Santiago obedece a un descontento que hay con el sistema, pero además el tipo de buses que ellos tienen lo permite porque tienen accesos por el centro del bus; el tipo de conductores también lo permite, porque son choferes con sueldo fijo a los que les da lo mismo si el pasajero paga o no su boleto y todo eso es distinto a la realidad local”.
En segundo lugar, entre los empresarios se espera que se pueda aplicar la ley antievasión (de junio de 2018).
“Ya lo hemos conversado con la autoridad local, incluso le pedimos presencialmente al subsecretario que se haga efectiva esta ley de evasión, porque dentro del contrato que hay con la empresa de recaudo (Bipay) está considerado la entrega de 25 equipos móviles para fiscalizar que las personas, efectivamente, paguen su pasaje. La ley establece multas para quien no haya pagado”, detalló.
Mirando a Rancagua
En relación a esos 25 equipos, aún no hay claridad respecto a quiénes los van a utilizar, ya que nosotros no tenemos 25 fiscalizadores”, advierte el seremi de Transportes, Javier Isla.
Añade que “tenemos que ver ese tema con Carabineros o con el nuevo personal de la Inspección de Seguridad de la Municipalidad, pero son temas que tenemos que conversar y resolver antes de la puesta en marcha del servicio”.
Pese a esto, para el seremi la comparación fenomenológica no se puede hacer con Santiago, “porque son ciudades muy distintas, con idiosincrasias diferentes y cifras delictuales que no son comparables con la de Chillán”.
En razón a lo anterior es que, para el seremi, “la comparación debemos hacerla con ciudades como Rancagua, donde parte de la locomoción urbana funciona con este sistema (también con la empresa Bipay), y por lo que se nos ha informado, los niveles de evasión son muy bajos, es decir, puede que hayan algunas personas que no paguen, pero no se trata de cifras preocupantes”.
En cuanto al posible apoyo que puede prestar la Municipalidad de Chillán en materia de fiscalizaciones, el alcalde Benavente afirmó que sí existe la voluntad de coordinar rondas de inspecciones conjuntas para este fin, “porque la idea es poder brindar la mayor seguridad a conductores, pasajeros y a los propios fiscalizadores”, dijo.
