Señor Director:
A propósito de algunos episodios relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –por ejemplo, los casos de Dominga, de Fundamenta y de Las Salinas— se ha hablado bastante durante las últimas semanas de que necesitamos “más técnica y menos política”. Pero la tensión que evidencia nuestra institucionalidad pone de manifiesto que hoy es, justamente, cuando necesitamos más de esta última.
Hay varios ejemplos que muestran aquello. Por mencionar sólo tres: actualmente cuando el “impacto ambiental cero” no es más que una utopía, debemos definir como país cuáles impactos son aceptables y, lo más importante, en qué lugares lo serán. Asimismo, se necesita mayor claridad sobre los requisitos que impone la autoridad mediante guías, instructivos, criterios y su aplicabilidad a proyectos en tramitación. En fin, resulta inaceptable que cada proceso de impugnación –en teoría con sólo unos cuantos trámites procesales— tarde fácilmente más de tres años.
En síntesis: debemos modernizar nuestro sistema. Para ello, hay que alcanzar un acuerdo transversal similar al que existió en el 2009 cuando se aprobó la “nueva institucionalidad ambiental”.
Hoy, entonces, más política. La técnica bien podemos dejarla para después.
Pablo Méndez, Abogado especialista en Derecho Ambiental UAH
