Es un hecho indesmentible que muchas veces las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, pues mientras las acciones de solidaridad y compromiso colectivo se han multiplicado en estos días de emergencia sanitaria, también es posible ver el interés de otros por sacar provecho de la situación, como por ejemplo, la especulación, las alzas injustificadas de precios y los abusos laborales.
De hecho, a muchos sorprendieron -incluido al Gobierno- las declaraciones de los industriales panaderos la semana pasada, que estimaban un aumento de hasta un 20% en el precio del pan, aduciendo como factor principal el incremento del dólar. Según este gremio, ello se tradujo en un mayor costo de la materia prima importada, argumento que los productores trigueros desmintieron, pues solo el 38% del trigo es importado. En esa línea, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, afirmó que no se justifica un aumento superior al 3%.
Asimismo, a partir de la segunda quincena de marzo, en el contexto de la crisis sanitaria, en Chillán se han observado incrementos mayores al 20% en los precios de algunos productos agrícolas, como frutas, hortalizas y papas, hecho que desde el Ministerio de Agricultura calificaron como injustificado, dado que no se han observado cambios sustantivos en la oferta y demanda, ni tampoco problemas en la cadena de distribución.
Otra práctica que ha generado preocupación son los despidos injustificados que se estarían registrando en la región, en que algunos emprendedores se “aprovecharían” de la coyuntura de crisis para reducir unilateralmente la remuneración o poner fin a los contratos sin pagar la correspondiente indemnización. Si bien hay muchas pequeñas y medianas empresas que están enfrentando un severo problema de liquidez debido a la brusca baja en las ventas y a la imposibilidad de operar, eso no debe ser argumento para actuar sin ética.
No hay duda de que la economía se resentirá duramente durante estos meses y que la recuperación podría ser lenta, por lo que se valoran las medidas de estímulo monetario tomadas por el Banco Central, como la baja de tasas de interés, así como las líneas de apoyo que el Gobierno ha dispuesto para las Pymes y las familias más vulnerables, como la llamada ley de protección al empleo. Sin embargo, para que surtan el efecto deseado debe existir un verdadero compromiso por acercar esos beneficios a quienes efectivamente los necesitan, lo que cobra especial sentido en la banca, cuya respuesta hasta ahora ha sido modesta desde el punto de vista de la responsabilidad social, pues no solo debe traspasar la baja de tasas a los clientes y flexibilizar el pago de créditos, sino que facilitar efectivamente el acceso a recursos frescos en condiciones excepcionales.
Actuar con responsabilidad en esta crisis no se trata solo de quedarse en casa o usar mascarilla al salir, sino que también consiste en ser éticos, dejando de lado la eventual ganancia de corto plazo y apostando por una recuperación de la economía en su conjunto, procurando apoyar a los más afectados. ¿No es esa una de las lecciones aprendidas del estallido social de octubre?
