El pasado 14 de diciembre se les entregó a cada uno de los abogados defensores y querellantes de la causa por soborno, cohecho y violación de secreto, caratulada como Caso Led, una copia de la carpeta de investigación fiscal en su arista chillaneja, tras estar bajo secreto por cerca de siete meses.
El Ministerio Público ya, en junio de este año, había solicitado un plazo adicional, por seis meses más, al propuesto inicialmente (por 30 días) en la audiencia del 9 de mayo en la que se formalizó a los imputados Marcelo Lefort (dueño de la empresa investigada, Itelecom); y a los entonces funcionarios municipales de Chillán, Ricardo Vallejos y Marcelo Campos, ambos abogados. Todos ellos en prisión preventiva.
Sin embargo, el 30 de noviembre, cuando algunos de los defensores anticipaban que la Fiscalía Regional de Ñuble pediría ampliar este plazo de secreto, desde la misma entidad persecutora confirmaron que no lo harían.
Durante esos siete meses, se solicitó en innumerables oportunidades que se revocara la medida cautelar que pesaba sobre los tres imputados, lo que se negó en cada una de las instancias.
También se discutió respecto de la competencia del Juzgado de Garantía de San Carlos para conocer de los hechos investigados y tras proponer a Chillán y a Santiago, la Corte de Apelaciones resolvió que el tribunal sancarlino seguirá como sede de litigios hasta que no se demuestre fehacientemente que el delito se cometió originalmente en una comuna distinta.
“Libre” el que colabora
Desde el punto de vista de los avances de la investigación, lo más destacado (dentro del o que se hizo público) fue la formalización de Pedro Guerra, el subgerente de Itelecom. A diferencia de su jefe y de los exfuncionarios municipales de Chillán, se le decretó la cautelar de arresto domiciliario total.
Amén de que por protocolo y metodología procesal se pueda concluir que en la arista chillaneja se sigan realizando indagaciones, lo concreto es que pareciera no ser coincidencia el que una vez abierto el secreto de la carpeta, los golpes fiscales comenzaran a realizarse, ahora, de manera continua reiterada en otras dos comunas: Negrete, en la región del Biobío; y en Recoleta, en Santiago.
El viernes de la semana, el jefe de la Secretaría de Planificación del municipio de Negrete, David Encina, fue detenido por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Chillán, en su domicilio, en la comuna de Santa Juana. Y de manera paralela, mientras se allanaba su domicilio y se incautaban sus computadores, se hizo lo propio en diferentes oficinas municipales. Un procedimiento idéntico al desarrollado el 5 de mayo en Ñuble.
Sin embargo, hubo una diferencia sustancial entre ambos procedimientos, y no de parte de la policía ni de la fiscalía, sino del imputado.
Encina declaró y lo hizo de inmediato, además, entregando información considerada relevante para la investigación. Por esa razón, a diferencia de lo que sucedió en Chillán con Marcelo Campos, (a ambos se les atribuye el haber sido el enlace con Marcelo Lefort para influir en el proceso de licitación para el recambio de luminarias led), el jefe del Secpla quedó con arresto domiciliario total y no en prisión preventiva.
Declaró Encina y, coincidencia o no, el viernes siguiente (18 de diciembre) se detuvo al alcalde de esa comuna, Francisco Melo, quien sí quedó privado de libertad, en la cárcel.
Ya en junio, los seis presos preventivos que dejó el Caso Led en la municipalidad de Iquique también decidieron declarar de manera satisfactoria para la Fiscalía, y se les revocó la cautelar. Hoy están con arresto domiciliario total.
De esta manera, los únicos que se mantienen en la cárcel son el recientemente formalizado alcalde Melo, Marcelo Lefort, cuya declaración no parece estar en la línea de lo recabado por la fiscalía, al menos no en cuanto a fechas; y los dos exfuncionarios municipales chillanejos.
Vallejos prestó declaración. Sin embargo, sería el propio jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Francisco Soto, quien le restó valor a su exposición, diciendo que “no fue capaz de explicar lo inexplicable”, respecto a las contenidos de las conversaciones telefónicas sostenidas con Marcelo Campos y que fueron interceptadas por la PDI.
Campos no ha declarado. “Y eso es por sugerencia mía”, dice su abogado defensor, Giovanni Gotelli. “No puede dar una declaración sin saber el contenido de la carpeta. Y aunque al resto le haya significado evitar la cárcel, es evidente que a la Fiscalía o se le dice lo que ellos quieren escuchar, o no les sirve. Pero ellos no son dueños de la verdad y muchas veces ha quedado demostrado que se han equivocado. La última vez fue en el caso de Chillán Viejo”, añadió.
Recoleta en la mira
No sólo Negrete ha hecho noticia por el caso Led. Según antecedentes a los que tuvo acceso el medio periodístico metropolitano The Clinic, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla ordenó investigar una donación por $50 millones de pesos hecha por Itelecom Holding Chile SpA a esta municipalidad, para la realización del Festival Womad Chile 2020, que organiza cada año el consistorio liderado por el alcalde Daniel Jadue.
Esta comuna, ubicada al norte de Santiago, ya estaba siendo parte de las indagaciones fiscales, toda vez que Itelecom consiguió una licitación por 10 mil millones de pesos (la de Chillán fue de 3.976 millones).
Lo de Negrete y lo de Recoleta, a diferencia de lo de Ñuble, aún forman parte de una carpeta fiscal que cuenta con secreto. Según información obtenida por LA DISCUSIÓN, la fiscal Mansilla aún mantiene diligencias en cerca de 12 municipios del país, fuera de las que ya se han hecho públicas.
Organizando los 9 tomos
Son, finalmente, nueve los tomos que contienen los antecedentes de la investigación en su arista ñublensina, del Caso Led.
“Son casi cuatro mil páginas de contenidos como declaraciones, peritajes y ese tipo de antecedentes, pero si se suman copias de correos, boletines bancarios y esa clase de documentos, entonces estamos hablando de 11 mil páginas”, explica el abogado Giovanni Gotelli, quien recién el viernes -admite- mandó a imprimir las páginas, por lo que “todavía no he podido leer nada”.
Si confirmó que “tal como suele pasar, estos tomos no están organizados y eso significa que no hay una correlación entre un tomo y otro, lo que significa que tendré que ocupar un buen tiempo en ordenarla, para poder centrarme en los antecedentes que me interesan”.
Ya para esta semana pretende llevar copias de los antecedentes que le incumben a la cárcel de San Carlos, para poder estudiarlos con el propio Marcelo Campos.
“Lo que sí estoy seguro es que no vamos a encontrar nada que lo vincule a lavado de activos, porque mi representado no tiene absolutamente nada que ver con eso”, dice Gotelli.
El defensor añade que “creo que es un error que se le esté imputando el delito de violación de secreto, como algo aparte al cohecho, ya que para que se cumpla este soborno y cohecho, debe haber información de por medio, por lo tanto se trata de una figura que se subsume en la otra”.
Respecto a la medida cautelar de Campos, insiste en que “para mí sí es prioridad sacarlo, pero no a costa de lo que sea. El señor Campos no va ir a mentir a la Fiscalía para que le cambien la cautelar, además que eso a la postre es dispararse en los pies”.
En cuanto a Ricardo Vallejos, el abogado defensor del exadministrador municipal, Juan Carlos Manríquez, dice que el viernes ya comenzó a revisar y a ordenar los tomos que le llegaron a través de su correo.
Manríquez, dispuso de un equipo para ordenar el material. Sobre sus primeras impresiones de lo ya leído, el jurista comentó a nuestro medio que “sin entrar en detalles, para tanto tiempo, es una investigación que arroja datos muy pobres y de baja calidad. Los hechos reales no pueden alterarse y la interpretación que se ha hecho de ellos ha logrado inducir en la judicatura -hasta ahora- una impresión errada y prejuiciosa”.
Manríquez, quien volvió a pedir -esta vez a la Corte de Apelaciones de Santiago- que se declare al Octavo Juzgado de Garantía de Providencia como competente, concluye que a Vallejos “debieran dejarlo en libertad, si fallan con apego a la ley y al mérito real de la causa. La situación de Ricardo Vallejos, que es inocente, es extremadamente grave, porque se le ha mantenido preso sin mérito concreto para eso. El debe ser absuelto”.
Que genere algún cambio
Por la parte querellante, el representante del concejo municipal, abogado Remberto Valdés dijo que “lo que sucede en Negrete refuerza la tesis del Ministerio Público de que esto se trata de un contubernio muy bien ideado y que ha corrompido instancias edilicias a nivel nacional”.
Finalmente, desde el Consejo de Defensa del Estado, el consejero Daniel Martorell explica que “si en algunos casos hubo concejales involucrados, en otros alcaldes o como en Ñuble, solo funcionarios, es porque la estrategia de Itelecom era contar con un agente que buscara a las personas claves que los ayudara a cometer este delito”.
Agente que, a su entender, también debe ser perseguido penalmente.
Por último, Martorell plantea que “a modo personal, espero que de esta investigación se desprendan situaciones que permitan generar cambios y mejoras sustanciales a los futuros procesos de licitaciones, evitando que se presten para nuevos actos de corrupción. Creo que bien vale sacar conclusiones y aprender las lecciones que nos ha dejado este caso”.
