Es un hecho patente la precaria infraestructura vial de Ñuble tiene un efecto nocivo en la economía de la nueva región, puesto que reduce la competitividad de los productores agropecuarios y forestales, que deben pagar altos costos por transporte, debido al mal estado de los caminos y a los mayores tiempos de viaje.
La competitividad hoy se ha transformado en un aspecto esencial para conquistar mercados nacionales e internacionales y las diferencias marginales en los costos puede definir la rentabilidad de un negocio. De hecho, el transporte usa el 65% de los costos logísticos de un negocio, por lo que el mejoramiento de la infraestructura constituye una decisión fundamental y necesaria para avanzar en la superación de los obstáculos que enfrentan pequeños y medianos productores con miras a mejorar su competitividad.
En síntesis, mejorar la conectividad permitiría dar un paso importante hacia el objetivo de convertir a Ñuble en una región competitiva en la agroalimentación, así como también favorecería el turismo, la industria forestal y la agregación de valor en diversos rubros con potencial exportador.
Lo anterior es ampliamente conocido y compartido, y de hecho, ha orientado positivamente la priorización de los recursos regionales, con inversiones muy robustas como la aprobada la semana pasada en materia de puentes. Fueron 4.700 millones de pesos para 18 nuevos viaductos, una cifra inédita para la vialidad secundaria de las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, a la que se suman las estructuras mecano gestionadas en el gobierno de Bachelet y que benefician a ocho comunas.
Además, el Ministerio de Obras Públicas considera la construcción de un puente de hormigón entre Pinto y Coihueco que ya está en fase de ejecución y que demandará una inversión de $3.600 millones y a futuro un viaducto de 2 kilómetros sobre el río Itata, que es parte de la futura carretera que unirá Cobquecura con Dichato.
Se comienza a configurar así una estrategia de desarrollo vial respecto de las obras y vías estructurantes que requieren mayor atención y que están destinadas a mejorar la competitividad de sectores clave de nuestra economía y emparejar la cancha entre quienes viven en los grandes centro poblados y las comunidades rurales más pequeñas.
La priorización de inversiones en materia de conectividad intrarregional es una cuestión de justicia para brindar las condiciones mínimas para que los habitantes de comunas agrícolas se puedan desarrollar con las mismas oportunidades que un chillanejo o un santiaguino y el solo hecho de ir a estudiar, a comprar, a trabajar o hacer trámites, deje de transformarse en una odisea y un factor clave de la fuerte migración campo-ciudad, que debe ser considerado un fenómeno demográfico preocupante en la nueva Región.
Trabajar para superar esta desigualdad debe ser una tarea prioritaria para las futuras autoridades, que deben esforzarse por facilitar la vida de quienes allí viven, postulando proyectos de inversión pública y generando incentivos para la inversión privada. Hacer lo contrario representaría una fuerte señal de despreocupación que perpetuará la condición de ciudadanos de segunda clase de los habitantes de las zonas rurales, todo lo contrario a la equidad territorial y al bien común que inspiraron la creación de la nueva región.