Las multas cursadas por la Municipalidad de La Reina, en 2023, a las empresas que no respondieron al mandato de retirar sus cables en desuso del tendido público, superaron los $300 millones, por lo que la experiencia se conoció en todo el país, a través de los medios de comunicación, que destacaron las sanciones que significaba la entrada en vigencia de la Ley 18.618, promulgada en 2019.
Tras cuatro años de publicada la ley, la Municipalidad de Chillán se espera poner al día lo antes posible y tras meses de discusión, la nueva ordenanza municipal del retiro del escombro aéreo ingresa a su etapa final, con la votación por parte del Concejo Municipal, programada para este miércoles, 17 de julio.
A diferencia de las ordenanzas de otras comunas, la de Chillán no incluye multas para las empresas que no acojan los mandatos municipales (a través de notificaciones), para reemplazarlas por el cobro de las costas de los servicios de retiro ejecutado por el consistorio.
“Lo que buscamos es hacer una ordenanza práctica. Lo que nos interesa es que se elimine la basura aérea, por sobre andar cursando multas, entonces, si una vez que se notifique a una empresa para que haga el retiro de su cableado, ellos no responden, será un equipo nuestro quién los saque y el costo de ese operativo le será endosado a la empresa. En adelante, se puede eventualmente, judicializar el cobro, pero insisto, lo que buscamos es eliminar la contaminación visual, no andar multando empresas”, explicó el alcalde, Camilo Benavente.
El documento, que consta de 13 artículos, ya fue discutido por los concejales, quienes incluso suspendieron en abril esta misma votación, a objeto de otorgarle a las empresas de telefonía y prestadoras de servicios de televisión por cable e Internet, el tiempo suficiente para preparar las acciones de retiro.
Por lo tanto, “de no mediar nada extraño, creo que se votará a favor esta ordenanza”, anticipó el concejal Rodrigo Ramírez, quien añadió que “de hecho, se pudo haber votado la semana pasada, para la última reunión de concejales, pero se hizo una observación de última hora, más que nada una precisión, por parte de la Dirección de Inspección y Seguridad, así que no debería haber mayores contratiempos”.
Respecto a la ordenanza
Dentro de los principales puntos que contiene el cuerpo normativo, se destaca que las empresas que posean postes de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos, emplazados en bienes nacionales de uso público de la comuna, deberán identificarlos con el nombre de la empresa propietaria y RUT comercial, mientras que los postes que no tengan identificación, se entenderán de propiedad municipal.
También se exigirá, en adelante, que cada cable instalado tenga una identificación especial para poder reconocer a sus dueños.
En cuanto al retiro, las empresas concesionarias deben retirar la totalidad de cables que se encuentren en malas condiciones, cortados y sin uso, el cableado en desuso, colgados sin conectividad o uso y/o a menor altura que la permitida u otros que se encuentren en situaciones similares.
La ordenanza establece que el municipio establecerá un plazo que no podrá exceder de 24 horas y los particulares deberán costear la totalidad del proceso de retiro de cables en desuso y además, dicha labor deberá ser ejecutada por personal idóneo y capacitado, dejándose expresa mención que cualquier perjuicio o daño al trabajador o a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la empresa.
En los casos en que la municipalidad considere contaminación visual aérea, notificará a las concesionarias proceder al retiro de dichos cables, en un plazo máximo de 120 días.
Finalmente, se establece que la fiscalización del cumplimiento de la ordenanza será de la Inspección Municipal.
