Desde este martes y hasta parte de la jornada del miércoles, en el juicio oral por fraude al Fisco en Chillán Viejo, con nueve funcionarios municipales de la comuna y una particular como acusados, se van a oír los alegatos de apertura.
Es decir, la interpretación que cada litigante realiza en forma y fondo de la desaparición contable de $82 millones de las arcas municipales entre 2012 y 2013.
Mientras que en la primera ponencia el fiscal Álvaro Serrano cuestionó el que todo sea solo un desorden administrativo, preguntando “¿por qué los mismos funcionarios municipales que hoy están acusados presentaron querellas?”; la procuradora del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Mariella Dentone, aseguró que este juicio “se trata de funcionarios que mintieron, que falsificaron documentos, de desfalco y se trata de corrupción”.
Es aquí donde ingresa por primera vez, en un relato oficial frente a un estrado, los conceptos de “asistencialismo desmedido” y “presiones hacia funcionarios”.
Y, además, se identifica como “víctimas” de esta serie de irregularidades “a una comuna pobre y llena de necesidades, como la de Chillán Viejo”, por citar al fiscal Serrano.
O al “patrimonio municipal, debido a una serie de engaños”, por citar a Mariella Dentone.
Viajes, tortas, gas y más
Dentro de la lista de testigos, documentos, fotocopias y otras evidencias, se espera que al estrado lleguen medios probatorios que demuestran que “hubo un asistencialismo desmedido en plena época electoral, lo que se demuestra si se compara lo que gasta la Municipalidad en ayuda social antes de esa fecha y la enorme cantidad de dinero que se ocupó en periodo de elecciones”, dijo Serrano.
Enumeró viajes en bus para clubes y comunidades, compra de tortas para celebraciones, balones de gas, canastas familiares que incluían alcohol, entre otros regalos.
Y es aquí, tal vez, el único punto en que persecutores y defensores coinciden.
“Evidente que acá hubo un asistencialismo para favorecer la campaña del señor Aylwin, que se incrementó y eso es algo que vamos a plantear en la audiencia”, adelanta el abogado Sergio Zúñiga, defensor de Gabriela Garrido, jefa de Control en ese entonces.
Advierte que “de todas formas, nadie incrementó su patrimonio con estos hechos, es decir no llegó un solo peso de ese dinero perdido al bolsillo de ninguno de los acusados”.
El abogado agrega que “fue en la oficina de Desarrollo Comunitario donde se realizaron todas estas irregularidades, una serie de funcionarios que realizaron todas estas maniobras para justificar los gastos”.
La pregunta obvia, entonces, era si tales funcionarios fueron presionados para obrar de esa manera. “Me imagino que sí, pero eso va quedar dilucidado en este juicio”, responde.
Más drástico fue Giovani Gotelli, representante de quien precisamente era el director de la Dideco en esa época, Andrés León.
“Creo que hubo un alto nivel de presión para que se generaran estos asistencialismos, sobre todo sobre quienes trabajaban en el Departamento de Participación Ciudadana”, plantea, para finalizar con un sarcasmo: “Acá había un jefe. Y al principal involucrado en todo esto ni siquiera fue acusado ni por la mitad de los delitos que hoy se le imputan a quienes trabajaban para él”.
