Señor Director:
Han pasado 36 años desde que el mundo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, reconociendo a la infancia como sujeto.
Actualmente, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes se encuentra en pobreza multidimensional, el 15,5% realiza trabajo infantil y el 73,6% ha sufrido algún tipo de maltrato. La violencia sexual persiste con cifras alarmantes, ya que el 26% de NNA declara haberla vivido, y en 2024 se registraron 57 suicidios adolescentes, una señal dolorosa del impacto de estas vulneraciones.
A esta realidad se suman nuevos riesgos. Según CIPER, los delitos vinculados a la producción de material de explotación sexual infantil aumentaron un 81% en seis años. En lo que va de 2025 ya se contabilizan 438 ingresos, en un contexto donde la PDI recibe más de 100 alertas internacionales al día. La violencia digital avanza más rápido que nuestra capacidad institucional de prevenirla, y obliga a reforzar la protección desde todos los espacios: hogares, escuelas, comunidades y Estado.
Chile cuenta con marcos claros para cambiar el rumbo. La Ley 21.430 y el Sistema de Garantías necesitan financiamiento y gobernanza efectiva para funcionar; la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032 debe transformarse en acciones concretas, especialmente en salud mental, prevención de violencias y participación infantil. Escuchar a la niñez no es una opción, es un derecho fundamental para su protección.
En temporada de elecciones presidenciales, el llamado es urgente: la infancia debe ser prioridad real para quienes buscan gobernar el país. No hay seguridad, cohesión social ni desarrollo sostenible posible si seguimos postergando a quienes representan casi el 25% de la población.
Invertir en la niñez no es un gasto, es la base de cualquier futuro que valga la pena construir. Cumplamos la promesa hecha en 1989.
Martha Yaneth Rodríguez Merchan
Directora Ejecutiva World Vision Chile
