Si bien era previsible, a muchos sorprendió la argumentación que entregó el Presidente Sebastián Piñera cuando anunció que solicitará al Congreso extender el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, que vence el próximo 13 de marzo.
Este lunes, el Mandatario anunció que, debido a la situación actual de la pandemia del Covid-19 en el país y para enfrentar los hechos de violencia que se han registrado en la Región de La Araucanía, el Gobierno enviará un proyecto de ley en los próximos días.
En una entrevista, Piñera abordó la problemática en La Araucanía y descartó declarar Estado de Sitio, argumentando que solo dura 15 días, razón por la que se optó por extender el Estado de Excepción.
Si bien la renovación del Estado de Excepción instaurado en el país el 18 de marzo de 2020 se ejecuta con un decreto presidencial, al extenderse por más de un año requiere la aprobación del Legislativo.
Efectivamente existen argumentos técnicos que respaldan la conveniencia de mantener el Estado de Excepción, pues ese decreto permite la implementación del plan Paso a Paso así como la limitación de las reuniones, de manera que la expectativa del Gobierno es mantener las restricciones hasta que termine el proceso de vacunación; sin embargo, lo que genera inquietud es que el Ejecutivo pretenda usar esta herramienta con el objetivo primario de enfrentar un problema de seguridad pública en un territorio determinado. A partir de esa sospecha, la medida pierde legitimidad, particularmente en un escenario donde las instituciones políticas, entre ellas, la Presidencia, han perdido credibilidad.
A eso se añade que la prolongación del Estado de Excepción le permite al Gobierno también tener un mayor control social para evitar la reanudación de las protestas que se debilitaron con la pandemia. No hay que olvidar que parte del malestar que se hizo patente en el estallido social sigue vigente, independiente del proceso constitucional.
Fue por ello que varios parlamentarios de oposición cuestionaron la decisión del Presidente, y advirtieron que tiene que haber una fundamentación exclusivamente de salud pública para respaldarla. De hecho, apuntan a lo contradictorio que resulta forzar el inicio de clases presenciales, donde el Gobierno apuesta por la normalización, mientras que por otro lado pretende extender una excepción que ya dejó de ser excepcional.
En la discusión a nivel político, parte de la oposición estaría dispuesta a dar los votos para extender el Estado de Excepción, pero con ciertas condiciones, como la eliminación del toque de queda y una evaluación de las cuarentenas.
En ese sentido, es clave que los parlamentarios puedan escuchar los argumentos de los especialistas, como el Consejo Asesor y el Colegio Médico, quienes respaldaron la propuesta del Mandatario ante la evidencia de que las restricciones al desplazamiento siguen siendo necesarias para limitar los contagios en esta etapa de la pandemia, en que los indicadores no bajan. Está claro que el Estado de Excepción también ayuda al Gobierno a mantener cierto control en materia de seguridad, pero lo fundamental es que contribuye a enfrentar la pandemia.
