Esta semana, después de una espera de más de un año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, anunció el llamado a licitación para ejecutar la reposición del tramo 1 de la Ruta N-59-Q Chillán–Yungay.
La iniciativa considera una inversión de $22.271 millones y un plazo de ejecución de 900 días. Se extiende desde el límite urbano de Chillán Viejo hasta el sector sur del estero Quilmo (km 5,5) e incluye la construcción de los puentes Las Lajuelas y Quilmo, además de la rectificación geométrica de la vía, que permitirá eliminar la actual cuesta Quilmo, la incorporación de bermas, ciclovía y señalización de seguridad.
Lamentablemente, el tramo 2, que también debía licitarse este año -según había anunciado el seremi del MOP-, tendrá que esperar, probablemente, hasta el próximo año.
Por capacidad, diseño y un tráfico que la supera -circulan a diario 17 mil vehículos-, la Ruta Chillán-Yungay es escenario frecuente de graves accidentes. En su extensión de 63,2 kilómetros abundan las curvas peligrosas con radios de giro insuficiente, especialmente para los camiones y buses interurbanos de segunda mano que no siempre están en buenas condiciones mecánicas.
Está demostrado internacionalmente que siete de cada ocho muertes se evitan con rutas bien diseñadas y sometidas a una mantención permanente. Aquí, por el contrario, durante décadas se optó por parchar los baches y plagar el camino de carteles de peligro que no representaban otra cosa que la confesión explícita del Estado por no brindar un servicio seguro.
La gravedad del problema exige soluciones de fondo. Ese trabajo comenzó hace algunos años y ha marchado al compás de las complejidades técnicas y la siempre ajustada billetera del MOP, de hecho, esta licitación es el resultado de un proceso de reevaluación del proyecto, en abril de este año, debido a la actualización de los presupuestos asociados a obras, expropiaciones y asesorías técnicas; y posteriormente, la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social, en agosto pasado.
Es justo reconocer que ha habido avances, como el tramo 9 -cuya reposición ya finalizó- pero persisten otros, los de mayor extensión y siniestralidad, que siguen esperando la respectiva asignación presupuestaria de un proyecto que fue dividido en diferentes etapas, pese a las promesas que se fueron acumulando durante décadas de una reposición completa que incluía la habilitación de cuatro pistas en algunos sectores.
Pero la realidad política y económica dijo otra cosa. En un modelo donde la rentabilidad social de las inversiones fiscales suele ser la excusa para concentrar el gasto público en los territorios donde hay más votos, las expectativas de la comunidad local de la modernización total de una antigua ruta en la región más joven del país tendrán que fraccionarse, tal como se hizo con este proyecto que está llamado a terminar con el calificativo de “ruta de la muerte” que tanto indigna a los habitantes de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, y atemoriza a muchos otros que por ella circulan.
