Por años, en Ñuble, se planificó la agricultura, sobre la base de la premisa de que el agua abundaba. Y esa idea no era tan errada, pues la demanda tampoco era grande. Con el paso de los años, sin embargo, se ha observado un incremento de la demanda, pero principalmente, una reducción de la oferta, es decir, la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, que ha reducido la disponibilidad de agua y ha generado conflictos que hace unas décadas eran inimaginables.
Para esta temporada se vislumbra un escenario crítico, dado el déficit de precipitaciones que bordea el 50%, y más relevante aún, el déficit de la cobertura nivel, lo que ha llevado a expertos a hablar de una hipersequía. De hecho, en la Región el déficit de cobertura de nieve en la cordillera se ubica entre 45% y 55% respecto al promedio histórico de los últimos 30 años, números que tienen muy preocupados a los agricultores.
Esta acuciante situación de escasez hídrica, independiente de sus causas, exige la adopción de medidas que permitan mitigar sus efectos en la agricultura. Algunas de éstas ya se están tomando, pero aún hay un largo camino por recorrer, no solo en cuanto a inversiones, sino que en ámbitos como la cultura de uso y la legislación.
En primer lugar, las obras de acumulación de agua, en general, surgen como la respuesta más obvia, sin embargo, sus impactos ambientales y sociales, son temas que hoy se discuten y que tienen al embalse Punilla como un caso paradigmático de este emergente debate. Lo que no está en duda es que hay más de 200 mil hectáreas que podrían ser regadas y producir alimentos para el mercado local y global.
Pero eso no es todo. Otra opción, muy factible en esta zona, es la infiltración de acuíferos subterráneos, que son embalses naturales que existen en el subsuelo. Sin embargo, existen complejidades técnicas y normativas que aún no han sido superadas.
Por otra parte, es imperativo avanzar para aumentar la eficiencia de riego mediante la adopción de métodos tecnológicos que permitan regar más con menos agua. Si bien cada vez hay más regantes que han implementado estos sistemas, cuyo financiamiento es subsidiado por el Estado, aún hay una gran mayoría que exhibe niveles de eficiencia bajos.
Pese a lo anterior, en términos globales, el aumento neto de la superficie real regada siempre será bienvenido, claro que debe considerarse un aspecto clave de este asunto: una legislación que ha amparado situaciones de inequidad y problemas de aprovechamiento eficiente debido, en buena medida, a las rigideces que impone la propia ley, específicamente el modelo de otorgamiento de derechos de agua. Es por ello que este sistema requiere incorporar el concepto de factor de uso, de manera que la diferencia entre el derecho a uso y el uso efectivo sea el mínimo, evitando la especulación. Por otra parte, un mejoramiento del modelo -que es lo que se busca con la Reforma al Código de Aguas recientemente aprobada por el Senado y actualmente en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados- permitiría beneficiar a un mayor número de usuarios, con una perspectiva de equidad.
Se trata, en suma, de una serie de desafíos que deben asumir el Estado, los regantes y la sociedad en general, con el fin de dar respuestas efectivas al problema de escasez hídrica, que amenaza con profundizarse en el corto plazo y que no se resuelve solo con una reforma legal.
