La contralora general de la República, Dorothy Pérez, marcó un hito en ENADE al convertirse en la primera autoridad de Contraloría que expone como keynote ante el mundo empresarial. Desde el arranque, cosechó aplausos al aludir a hallazgos recientes: el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. En su repaso del rol institucional, destacó los Consolidados de Información Circularizada (CIC) —“informes con enfoque ciudadano para dar cuenta de resultados de fiscalizaciones con información relevante”— y la función contable y jurisdiccional del organismo.
Según dio a conocer radio ADN, Pérez anunció un cambio operativo clave junto al Poder Judicial: interoperabilidad para bloquear ingresos al Estado de personas condenadas. “Desde la semana pasada, y en conjunto con el Poder Judicial, estamos intraoperando para la recepción de las condenas; de esa manera, automáticamente vamos a saber qué personas están condenadas para que no ingresen al aparato público”, afirmó.
La contralora volvió a pedir músculo presupuestario para fiscalizar mejor, con una cuota de realismo político: “Es difícil que cualquier Gobierno le dé más presupuesto a la institución que lo va a controlar”, y emplazó a acelerar la Ley de Transformación Digital del Estado —postergada hasta diciembre de 2027—: “Tenemos buenas noticias, pero a veces el empuje se nos acaba en la mitad del camino; tenemos que avanzar en esta materia”.
“Permisología”
Otro foco fue la “permisología” que frena proyectos. Con cifras en mano, apuntó al Consejo de Monumentos Nacionales: “704 permisos no fueron contestados” y hay hasta 878 días de retraso en aprobaciones. Su mensaje fue doble: “Llamo a que, cuando estamos revisando un trámite, pensemos que detrás de eso hay personas, familias, empleo y desarrollo económico”. Y también a los privados: “Así como es importante que los funcionarios públicos hagamos bien nuestro trabajo, también es importante que quienes solicitan permisos presenten bien los expedientes y cumplan, en buena lid, con las licitaciones”.
El cierre fue un llamado a corresponsabilidad público-privada para destrabar inversiones sin sacrificar estándares: digitalizar el Estado, mejorar la calidad de los expedientes, y sostener la capacidad de control. El mensaje, entre líneas, fue claro: agilidad con probidad.
