Tras la audiencia realizada del 24 de septiembre en la Corte de Apelaciones de Chillán, donde la Fiscalía Local entregó sus argumentos para solicitar el desafuero del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, por la investigación de eventuales hechos ocurridos cuando la actual autoridad trabajaba de forma privada asesorando a comités de vivienda; su defensa criticó el actuar del Ministerio Público por intentar conseguir un desafuero sin elementos probatorios. La espera del fallo, que se entregará el próximo 15 de octubre, ha generado variadas reacciones, incluyendo la negación de intervencionismo electoral por parte del Ministerio Público en hechos que se desarrollan justo en momentos en que la actual autoridad busca la reelección de su cargo.
En una entrevista con La Discusión, el abogado Enrique Aldunate, defensor de Crisóstomo, expresó su confianza en la inocencia de su representado, “respecto a las imputaciones que de manera poco sustentada y sin prueba alguna, ha efectuado el Ministerio Público”.
La semana pasada, el caso se discutió ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán, donde Aldunate señaló que “quedó de manifiesto que, habiendo sido expuesto el caso, las debilidades fueron notorias”. El abogado resaltó que el sustento de la acusación se basa en “declaraciones de tres personas que en ningún caso hablan o le dan sustento a la imputación del Ministerio Público. Muy por el contrario, la contradicen”.
En su presentación ante la Corte, la Fiscalía sostuvo que Crisóstomo habría solicitado pagos ilegales para facilitar contratos, a lo que Aldunate argumenta que “todas las actuaciones que realizó Óscar Crisóstomo en representación de la empresa de la cual era propietario en aquella época, fueron en el contexto de actividades lícitas”. Subrayó además lo inusual del momento en que se presentó el requerimiento de desafuero, a un poco más de un mes previo a las elecciones. “Nos parece a lo menos curioso el afán persecutor del Ministerio Público, sobre un hecho que no tiene respaldo probatorio, el cual incluso podría estar prescrito”.
En la misma línea, Aldunate, quien comparte la defensa de Crisóstomo junto al abogado chillanejo Gumercindo Quezada, sostiene que el Ministerio Público “insiste en hacer una imputación que adicionalmente tiene un grave problema, porque lo que le reprochamos no sólo es lo tardía, sino que también la curiosa presentación de un requerimiento a poco más de un mes de una elección de gobernador, en circunstancias que la última diligencia que practicaron fue a principios del 2022, y donde todos los hechos que imputó la querella inicialmente presentada, fueron desacreditados por la propia Fiscalía, quien no tiene ninguna prueba que pueda sustentarla. Es por eso que finalmente requirió el desafuero basado solo en el delito de cohecho entre privados, postura en la queda de manifiesto el sesgo del Ministerio Público, que malentiende las exigencias legales de un privado en la materia”.
Finalmente, Aldunate defendió las acciones de su cliente, destacando que “el señor Crisóstomo actuó dentro del marco de la legalidad y todas las actuaciones que éste desarrolló consistieron esencialmente en asesorar técnicamente a estas empresas para que familias pudieran concretar una vivienda propia”. Añadió que la falta de concreción de un único caso —debido a un conflicto familiar y no atribuible a Crisóstomo— fue aclarada por una investigación administrativa del Serviu, que excluyó tanto al Gobernador como a la Inmobiliaria Pullay de responsabilidades. Esto, según Aldunate, “ratifica nuestra convicción de su total y absoluta inocencia”.
