Señor Director:
El pasado 15 de septiembre se comenzó a implementar la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la Educación Superior, permitiendo que el país diera un paso decisivo en contra de un fallo sistemático, que es la prevención de una problemática que permea varios espacios de la sociedad, donde las universidades no están exentas.
Esta ley, por lo tanto, debe tener una correcta y comprometida implementación por todas las casas de estudio, pues es una normativa que busca evitar las graves consecuencias que generan estas malas prácticas, que van desde afectaciones en la salud física y psicológica, así como impactos negativos –a veces irreversibles– en los proyectos educacionales, profesionales y personales de la comunidad universitaria.
En esa línea, en Universidad del Alba se ha implementado una nueva Política de Equidad de Género, la cual fue elaborada de manera participativa y paritaria, con el objetivo de tener lineamientos claros y protocolos de acción para la prevención y abordaje de estos casos.
El desafío es enorme, especialmente si consideramos que la nueva ley no viene aparejada de una inyección de recursos, para dar cumplimiento a un mandato que obliga a crear unidades responsables; mecanismos de apoyo; diagnóstico y campañas; procedimientos investigativos y sancionatorios, entre otros, que requieren personal especializado.
Sin embargo, el llamado es a buscar todas las fórmulas, porque más allá de cualquier sanción que pueda existir por eventuales incumplimientos, lo que está en juego es la dignidad de las personas y la igualdad de derechos, así como la integridad física, sexual y emocional de toda la comunidad universitaria.
Francisca Guajardo
Jefa de la Oficina de DD. HH y Equidad de Género, Universidad del Alba
