No pasa día sin que la delincuencia se cobre, en alguna localidad de la región, una nueva víctima. Se trata, a veces, de un delito resonante; en otros casos, de algún asalto o arrebato ocasional, fruto de un encadenamiento de hechos más o menos casuales. Por supuesto, la delincuencia no es nunca hija del azar. Es siempre el producto de una correlación de omisiones, negligencias y fracasos extendidos en el cuerpo social y acumulado en el tiempo.
Es lo que plantean los expertos ante la creciente sensación de inseguridad que se ha apoderado de la ciudadanía, justificada en el incremento de algunos delitos, especialmente los más violentos. Los problemas de seguridad ciudadana son más políticos que técnicos, coinciden, lo mismo que en plantear que la solución pasa indefectiblemente por una perspectiva integral en el abordaje de un cúmulo de factores, casi todos ellos de extremada complejidad.
En el reciente debate sobre el incremento de la delincuencia en el país, a menudo se ha caído en la tentación de atribuir el auge de ciertas formas de delincuencia a una única razón desencadenante y se incurre en simplificaciones o reduccionismos analíticos, que no ayudan a examinar el tema con la seriedad necesaria. Se alude, por ejemplo, a la incidencia del tráfico de drogas, y a los desequilibrios sociales como causas generadoras de un aumento de la delincuencia, o se atribuye el crecimiento de la inseguridad a la completa ineficacia de las fuerzas policiales, a la excesiva levedad del Poder Judicial y errores en la legislación penal vigente. También se señalan como datos inquietantes ciertos componentes culturales, como el auge de la violencia en sectores juveniles.
Está claro que todos esos factores son reales y necesariamente deben ser considerados, pero ninguno de ellos podría ser señalado como único o excluyente a la hora de formular un diagnóstico creíble sobre la realidad social imperante en materia de delincuencia e inseguridad. Pero no es menos cierto que el grueso de la sociedad infiere –y con mucha razón- que la efectiva presencia policial, provista de recursos eficaces, es una de las barreras más apropiadas para contener la criminalidad. Por eso, el aumento de funcionarios policiales y la entrega de nuevas herramientas para la prevención y patrullaje, producto de la colaboración con el Gobierno Regional y con la Municipalidad de Chillán, son positivas señales que se han dado a nivel local para hacer frente a la delincuencia mediante una estrategia colaborativa y pragmática, pero que no por ello debería renunciar a los aportes de las ciencias sociales.
Sugerir que la reflexión sobre el problema de la seguridad ciudadana se realice desde una perspectiva integral puede no ser muy novedoso, difícil incluso de asimilar para quienes reclaman un mayor uso de coacción a fin de reprimir el crimen, pero la realidad social no será nunca modificada en función de un análisis simplificado y esquemático -o, peor aún, politizado e ideologizado- de la compleja interrelación de las conductas humanas.
Una política transformadora en materia de seguridad ciudadana solo será eficiente y duradera si ha sido instrumentada a partir de un análisis maduro y no unilateral ni tendencioso del fenómeno de la delincuencia y de sus múltiples causas culturales y sociales.
