Esta semana, la Comisión de Evaluación Ambiental Regional aprobó tres proyectos de parques fotovoltaicos que se levantarán en Ñuble, que sumarán una potencia de generación de 36,8 MW y representarán una inversión de US$42 millones.
Si bien se trata de centrales de tamaño pequeño, se vienen a sumar a una larga lista de parques solares que se han construido en la zona en los últimos años, bajo la figura de los Pequeños Medios de Generación Distribuido, los que actualmente totalizan 30 en operación y cuatro en construcción.
De hecho, esta sumatoria de pequeñas centrales ha permitido que, desde hace muy poco, más de la mitad de la potencia instalada de generación eléctrica en la región corresponde a energía solar. Es decir, de los 254 MW de potencia total, 132 MW (52,0%) provienen de los 30 parques fotovoltaicos, a los que se suman 30 MW (11,8%) de dos minicentrales hidroeléctricas, 69,8 MW (27,1%) de tres centrales de biomasa y 20,5 MW (7,2%) que corresponden a cuatro centrales de respaldo a diésel.
Pero esta proporción cambiará drásticamente en los próximos años, cuando se concreten los proyectos eólicos aprobados y en evaluación, así como los parques fotovoltaicos de mayor envergadura, que además de cuadruplicar la potencia instalada total, contribuirán de manera sustantiva a acercar a la región y a Chile al objetivo de la descarbonización de su matriz energética, con metas exigentes, como alcanzar al menos el 80% de la matriz eléctrica con energías renovables al 2030.
Lo anterior es muy pertinente a pocos días de haber concluido la COP28, en la que se acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, un hito histórico destacado por la diplomacia mundial, aunque insuficiente para muchos.
Sin embargo, para que Ñuble sea un actor relevante en el mercado energético nacional -su potencia instalada representa el 0,76% del total nacional- y pueda captar inversiones en este sector en franco crecimiento, debe abordar dos desafíos ineludibles: generar mecanismos que faciliten la tramitación de proyectos enfrentados actualmente a la permisología del sector público; y por otro lado, agilizar la ejecución de las obras de infraestructura de transmisión que están paralizadas y que constituyen una limitante muy relevante para el desarrollo de centrales eléctricas.
Afortunadamente, en los últimos meses se han dado pasos concretos que apuntan a destrabar las obras de transmisión pendientes y generar las holguras suficientes para dar espacio a nuevas inversiones, como la rápida discusión del proyecto de Ley de Transición Energética, el llamado a licitación para retomar iniciativas emblemáticas -como la ampliación de la línea de 66 kV Charrúa-Chillán- y el lanzamiento del estudio de demanda energética en Ñuble por parte del Ministerio de Energía; medidas que responden, en parte, a la presión ejercida por los gremios productivos de Ñuble.
Por ello, así como lo han planteado los gremios, es fundamental que todos los actores políticos entiendan que la disponibilidad de energía es una condición habilitante para el desarrollo de la región, porque permite la concreción de proyectos de inversión en distintos rubros, que son tan necesarios para dinamizar la economía y el empleo de la región. Sin energía, no es posible el crecimiento.
