El gran objetivo de la creación de la región de Ñuble fue reducir las grandes brechas que en diferentes materias tenía la antigua provincia y afectaban negativamente a sus habitantes. Para avanzar en ello se han incrementado en más de 100% los recursos de decisión regional, también ha aumentado la inversión pública sectorial y se han instalado cerca de 90 servicios públicos, muchos inexistentes en la zona antes de 2019.
Sin embargo, una arista que es parte del mismo problema de rezago económico y social, pero que no se ha entendido de la misma forma, dice relación con la crisis de infraestructura de transmisión eléctrica que ha sufrido Ñuble en los últimos años, debido a la postergación de inversiones clave para asegurar la continuidad del suministro frente a una demanda creciente. De hecho, la empresa distribuidora Copelec reveló a La Discusión Domingo que ya suman 393 los proyectos de inversión a los que han debido negar la factibilidad de conexión a la red, por falta de potencia; mientras que el pasado verano, el sistema estuvo al borde del apagón, debido al incremento del consumo y las altas temperaturas.
El escenario es muy complejo y las soluciones más todavía. Es mejor que en marzo pasado cuando publicamos el “Informe Técnico Preliminar Plan de Expansión Anual de Transmisión Año 2022”, elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), y constatamos que el documento elaborado por el Coordinador Eléctrico Nacional no consideraba obras para la región de Ñuble. Eso cambió la semana pasada, tras conocerse el complemento de la propuesta anual que hizo el mismo Coordinador Eléctrico Nacional y que ahora sí incluye obras para asegurar un suministro confiable de energía para Ñuble. En concreto, se trata de la construcción de una nueva subestación en el sector sur de Chillán y su conexión a la subestación Entre Ríos, mediante una nueva línea de transmisión que se extendería a lo largo de 50 kilómetros. Sin embargo, ambos proyectos -que representan una inversión de US$46,2 millones- deben pasar el filtro político de la Comisión Nacional de Energía, ser priorizados entre otros 30 proyectos y en un contexto de ajuste fiscal. Aquello puede tomar un año y se requieren otros 4 a 5 años para la ejecución de las obras, de modo que en el corto plazo, el problema del déficit eléctrico que sufre la región está lejos de resolverse.
Por eso resulta clave una alta cuota de voluntad política y sentido de urgencia por parte del Ejecutivo, lo mismo que un adecuado lobby de nuestros parlamentarios y parlamentarias para destrabar la ampliación de la línea Charrúa-Chillán de la cual dependen la capital regional y varias comunas del sur de la región, al igual que otras obras de transmisión que se encuentran paralizadas y requieren de una modificación legal para ser reactivadas. Si aquello ocurre, se podrían reiniciar los trabajos a principios de 2024, pero en caso contrario, podrían pasar fácilmente otros 3 años.
Aquello sería muy lamentable, toda vez que Ñuble requiere con urgencia avanzar en la solución del problema energético a través de una hoja de ruta clara que dé certezas a los inversionistas y contemple un marco legal sobre compensaciones y mitigaciones, de manera que los proyectos que se definan en el futuro se puedan desarrollar en un entorno social favorable, con transparencia, reglas claras y sin sorpresas. De esa forma, el desarrollo energético regional podrá pavimentar el crecimiento económico que hoy parece tan esquivo.
