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Reuniones “peligrosas”, ampliamente cuestionadas por quienes hoy son gobierno en el pasado, salieron a la luz hace unos días entre personeros de la administración Boric, miembros de la oposición y empresarios. Todo esto, gestionado por el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.
Es más, Contraloría ofició a seis ministerios por las reuniones que sostuvieron con empresarios en la casa del militante de la UDI, y que no fueron registradas bajo la Ley de Lobby.
A nivel local, en el oficialismo resaltaron que el diálogo se debe dar, pero con transparencia.
Brígida Hormazábal, presidenta regional del PS, manifestó que “como partido, creemos que lo importante es mantener buenas relaciones dentro de la convivencia democrática. El dialogar e intercambiar opiniones o puntos de vista siempre enriquece los grandes acuerdos. Estamos seguros de que a la mayoría de los chilenos les interesa un país donde exista más justicia en la distribución de la riqueza, de mayores oportunidades, de justicia social”.
Agregó que “en relación a la famosa ‘cocina’, señalamos como PS Ñuble que respecto de las reuniones sostenidas por diversos políticos desde la derecha a la izquierda en la casa de un reconocido lobista; siempre estaremos por el actuar transparente, de cara a la ciudadanía, respetando las leyes. Por ello se publicó la ley lobby, proyecto de ley emanado en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, justamente para regular los conflictos de intereses que se pueden dar, y que hoy aparecen públicamente”.
Desde Convergencia Social, su presidenta regional, Francisca Leyton, expresó que “el compromiso con la democracia no es transable. El presidente Boric ha sido enfático, y gran parte de los ministros que estuvieron en estos encuentros han señalado que estas reuniones no fueron ni para transar puntos de la reforma de pensiones o de la nueva ley de pesca, ni para escuchar solicitudes del mundo privado. Las autoridades del gobierno han recibido siempre el mandato a dialogar y conversar, sobre todo escuchar a la gente”.
Añadió que “el tono de los jefes de cartera ha sido explicativo, asumiendo que podría haberse hecho diferente. Desde Convergencia estamos de acuerdo con eso, y tenemos confianza en que las aclaraciones oficiales que irán a Contraloría dentro de algunos días podrán contribuir a esclarecer estos acontecimientos”. Destacó que “lo importante para nosotros es que las reformas sigan su curso y que la oposición entienda que su apoyo es importante para mejorar la calidad de vida de los(as) chilenos. Esos acuerdos deben ser de cara a la ciudadanía y con honestidad política”.
Ser y parecer
Para el periodista, magister en Comunicación y candidato a master en Comunicación Política en Valencia, España, Ricardo Andrade, “es innegable que la práctica del lobby, aunque legal, genera interrogantes sobre la transparencia en la toma de decisiones. Resulta irónico observar cómo lo que inicialmente se presentó como un evento puntual se convierte en una práctica recurrente que involucra a gran parte del gabinete presidencial. Más allá de la insistencia en la naturaleza informal y altruista de estos encuentros, la ausencia de registros formales y la evasión de la Ley del Lobby plantean interrogantes legítimas sobre su verdadera finalidad”.
“En el contexto de la rigidez impuesta por la Ley del Lobby para restaurar la confianza ciudadana en la política, es crucial reflexionar sobre la importancia del diálogo y el intercambio de ideas. No obstante, surge la pregunta sobre la línea que separa el conocimiento de la posición de un sector de la negociación de intereses particulares. La imprudencia de algunos ministros y parlamentarios al participar en estas cenas pone en entredicho la transparencia y rendición de cuentas del gobierno”, agregó.
Según Andrade, “la situación plantea una paradoja para el actual gobierno, especialmente para el Frente Amplio, al encontrarse en una posición similar a aquella que criticaban en gobiernos anteriores. La madurez y la realidad política se revelan como síntomas evidentes en estas situaciones, evidenciando la complejidad de la gestión gubernamental”
En tanto, para el experto electoral, Rodrigo Landa, “todos estos casos, que han ocasionado conjeturas por un supuesto lobby de agentes privados con autoridades, hay que analizarlos desde distintas perspectivas. La primera dimensión es el respeto de la ley como mandato insoslayable de cualquier autoridad política en el ejercicio de su cargo. En ese sentido, la ministra del Interior ha esgrimido que el lobby se presenta en la medida que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar, solicita una reunión con autoridades. Quienes defienden una postura contraria, se preguntan entonces, ¿Cuál sería el interés de un gremio o de un grupo de privados, de reunirse en la casa de un intermediario, con importantes autoridades de Gobierno? La discusión legal sería, en este caso, si esas reuniones constituyeron legalmente un lobby, y consecuentemente, debieron quedar registradas; o como refuta la ministra, se trataría simplemente de un espacio de información sobre el quehacer del gobierno”.
El principal problema, a su juicio, “no es legal, y se presenta desde una perspectiva moral y simbólica, entendiendo que el estándar de comportamiento de quien ejerce un cargo público, debe ser de un rigor mucho mayor a un asunto meramente legal, especialmente en un contexto de desconfianza ciudadana y de un aumento objetivo de los casos de corrupción. Si el Frente Amplio reconoce como un medio válido reunirse con privados de esa forma, no estaría cometiendo ningún pecado, en la medida que dichas instancias se realizaran en el marco de la ley y que su discurso fuera una expresión genuina de consecuencia entre el ser y el parecer”
