El Gobierno puso suspenso el proyecto de ley, despachado ayer por el Congreso, que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- durante la duración del estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, y advirtió de una posible inconstitucionalidad.
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Presidencia planteó que la iniciativa “podría constituir infracciones a las normas constitucionales”.
Por ello, “el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción”.
En su último trámite, el proyecto fue visado ayer en el Senado por 28 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones, estas últimas principalmente de parlamentarios oficialistas de la UDI que cuestionan la constitucionalidad del texto ya que, apuntan, puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas, según informó radio Cooperativa.
Incluso en su momento, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo una reserva de constitucionalidad de la iniciativa aprobada en la Cámara Baja y advirtió que posiblemente lo podían mandar al Tribunal Constitucional, sin embargo, posteriormente el Gobierno participó activamente de otro proyecto paralelo en el Senado, el que terminó fusionándose en la comisión mixta con el salido de la Cámara.
El proyecto en sí, tal como salió aprobado del Congreso, no requiere control por parte del TC.
Proyecto en el Senado
La ley aprobada en el Senado, permite posponer el pago de estas cuentas hasta superada la emergencia y con la posibilidad de hacerlo hasta en 12 cuotas sin intereses, como prefiera el cliente; además comenzará a regir para cuentas cuyo vencimiento fue el 18 de marzo en adelante, hasta 90 días después de publicada la ley.
El beneficio debe ser solicitado por las personas a las compañías para que sea activado, mientras que personas que eventualmente tengan los suministros cortados por no pago, los usuarios tendrán el derecho a la reposición sin costo.
Varios parlamentarios consideran que este proyecto va a servir como precedente de que el Estado puede tomar este tipo de medidas para proteger a los consumidores en situaciones especiales como esta.
