A seis años de su implementación, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales ha concitado el interés mediático luego que el Consejo Constitucional aprobara la norma que protege la vida de quien está por nacer. La propuesta contó con el apoyo mayoritario de la derecha alineada, mientras que el oficialismo votó en contra ya que, desde su óptica, la iniciativa abriría la puerta para invalidar el aborto permitido en la legislación, es decir, en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Eso, en un escenario hipotético ya que el proceso constitucional debe pasar por varias instancias antes de someter a consulta el texto propuesto, a través de un plebiscito, ya sea para confirmar o rechazar este.
En concreto y al bajar el tema a la realidad regional, desde su puesta en marcha 133 mujeres se han acogido a la ley 21.030 en la red pública de salud, pero no todas ellas han terminado con la interrupción del embarazo en alguna de las tres causales. De ellas 52, invocó la causal por peligro para la vida de la mujer, 50 por inviabilidad del feto y 31 por violación.
“Actualmente en nuestro país, cerca del 84% de las interrupciones realizadas por alguna de las tres causales son desarrolladas en la red pública de salud. Durante este año, nuestros hospitales de mayor complejidad, que son Chillán y San Carlos, registran un total de 14 mujeres que se han acogido a esta Ley, de la cuales 11 han terminado en un aborto. Queremos subrayar que detrás de estas cifras hay historias de vida, decisiones difíciles y, sobre todo, la necesidad de brindar apoyo y comprensión a quienes enfrentan estas situaciones. En nuestro sistema de salud, estamos comprometidos no solo con la atención en salud, sino también con el apoyo emocional y el respeto a la dignidad de cada paciente”, subraya la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca.
Hospital de Chillán
El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, es el recinto que concentra una mayor cantidad de atenciones de esta índole.
En esa línea, la directora de este complejo asistencial, Luz María Morán, precisa que “esta Ley ha permitido que mujeres en riesgo vital, con embarazos inviables o provocados por una violación puedan acceder a la prestación de forma segura, resguardando sus derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo, el bienestar de niñas y adolescentes. En la tercera causal, por violación, vemos que prácticamente seis de cada 10 mujeres, son menores de 18 años, lo que evidencia la cruda realidad de la violencia sexual sobre niñas y jóvenes”.
En palabras de la doctora, de todas las personas que se han acogido a la ley desde su entrada en vigencia en el complejo asistencial chillanejo, 73% ha decidido interrumpir la gestación, considerando las tres causales. “La voluntad de la mujer está en el centro, pues esta ley no obliga, cada mujer es la que decide si se acoge a ella o no. Esta decisión es informada, libre, apoyada y sin poner en riesgo su salud”, añade.
Objetores de conciencia
En este contexto, tanto en el hospital de Chillán y San Carlos, existen objetores de conciencia, es decir, profesionales que se niegan a acatar órdenes, leyes o a realizar actos o servicios dentro del pabellón, por motivos éticos o religiosos.
Según precisan del SSÑ, “la actualización de objeción de conciencia se realiza dos veces al año en marzo y en septiembre, la que se adjuntan corresponde a marzo 2023 existiendo 26 médicos en la red asistencial”.
En el marco de la ley, toda mujer que opta por el aborto en sus tres causales tiene el derecho a un programa de acompañamiento.
“El objetivo del acompañamiento que considera la Ley 21.030 es asegurar el bienestar bio-psicosocial de la gestante que vive un embarazo en que concurra alguna de las tres causales, ofreciendo soporte emocional, acogiendo y brindando contención a la mujer en la toma de decisión, durante y posterior al proceso, independiente que este sea continuar o interrumpir su gestación, primando siempre la voluntad de la mujer y a la vez entregando certeza de que no está sola en esta crisis y que cuenta con un equipo para apoyarla”, explica la trabajadora social del Hospital de Chillán, Paula Aguilera Venegas.
El acompañamiento psicosocial se sustenta en las siguientes prestaciones: Consultas y control con psicólogo/a (hasta 10 sesiones), consulta y seguimiento trabajador/a social (hasta cuatro consultas), consulta y control Psiquiatra de acuerdo a la necesidad, dependiendo del caso se realiza derivación asistida a su centro de salud primaria y/o vinculación con otras organizaciones con el objeto de dar continuidad al cuidado de la mujer.
Las dificultades de su puesta en marcha
A lo largo del tiempo, la implementación de la ley del aborto por tres causales, no ha sido fácil en los hospitales tanto nacionales como locales. Así lo admiten desde el Colegio de Matronas, donde el personal de salud se ha enfrentado a situaciones complejas para resolver los casos, lo que revela la necesidad de una capacitación más profunda en el ámbito administrativo y técnico.
“La ley tiene una parte administrativa, documentos que hay que hacer y no están las capacitaciones adecuadas. Por otra parte, hay una lista de diagnósticos, a veces existe la confusión si es criterio o no para una interrupción, por lo que debe haber una buena capacitación (…) Hasta dónde llega la causal o qué incorpora, en casos que se aplica, porque los diagnósticos son hartos, entonces, ahí falta más profundizar en la ley y no es por poco interés, sino por la carga laboral que existe en los profesionales de salud y la brecha que es amplia”, reconoce Eileen Estrada, dirigente Colegio Nacional de Matronas y funcionaria chillaneja.
Una de las dificultades que se reconocen a lo largo del país en los recintos hospitalarios, son los objetores de conciencia tanto por alguna o por todas causales. En el caso de Chillán, desde el gremio dicen que existen varios, sin embargo, no es impedimento para dar cumplimiento internamente, ya que se coordina el proceso con otro profesional que no se niegue a efectuar la interrupción.
“En la realidad local, si bien hay hartos objetores de conciencia, al ser un procedimiento que no es de urgencia se programa la interrupción. En ese sentido, el hospital de Chillán ha podido coordinar para tener que entregar atención de manera adecuada y no tener que exponer a esa usuaria a tener que trasladarse, cuenta con la capacidad de poder resolver, pero sí hay otros lugares del país donde no hay capacidad y es un tema que tienen que ser abordado”, expone la profesional, enfatizando que los casos por la tercera causal (violación), no han aumentado como lo había planteado los sectores más conservadores tanto nacional como local.
Según el expresidente del Colegio Médico Chillán y obstetra, Carlos Rojas, la gran mayoría de sus colegas son objetores de conciencia, mayoritariamente por la causal de inviabilidad del feto y violación, debido al dilema ético que enfrentan los profesionales, principalmente en esta última. Sin embargo, a nivel local, aclara que esta inclinación no ha derivado en trasladar a usuarias a establecimientos de otras regiones.
“Diría que la gran mayoría son objetores, pero hay que precisar que la causal uno, cuando hay riesgo de la madre, nos provocó inquietud porque para cualquier patología hay que actuar según la Lex Artis. Incluso, si no se procede con lo que corresponde, se va caer en infracciones civiles o penales. La causal uno, la verdad no conlleva un problema ético ni para la gente ni para los médicos, porque hay que proceder de acuerdo a la información técnica y médica, en el fondo lo que es la Lex Artis. El tema se produce, en la mayoría, yo soy objetor, con la causal de malformación incompatible con la vida y violación”, explica.
¿Aborto por tres causales en riesgo?
En las últimas semanas, la contingencia política dada por la aprobación de la norma de la protección de quién está por nacer en el Consejo Constitucional, ha encendido el debate entre sectores conservadores y más progresistas.
Desde el movimiento “Reivindica Mujeres”, defensoras de los derechos madres y sus hijos desde la gestación, creen que la aprobación de esta normativa no complicaría la interrupción bajo las tres causales.
“No debería poner en riesgo aborto por tres causales, porque fue fallado por el Tribunal Constitucional y el razonamiento general fue que hay excepciones al derecho a la vida. Eso también está plasmado en la Convención Americana, cuando dice que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Además, es un fallo que también tiene este imperativo constitucional que considera que la ley tiene que proteger la vida que está por nacer. Por lo tanto, siempre para el ordenamiento jurídico el niño por nacer ha sido persona, lo que pasa que hay doctrina minoritaria que dice que no es así, pero es más bien una discusión. En los fallos del TC siempre se ha considerado persona para la ley chilena y para los tratados internacionales, por lo tanto, el fallo del tribunal, que permitió el aborto tres causales, lo considera como una excepción a esta regla general que es el derecho a la vida de quien está por nacer, porque considera que no es arbitrario en esas circunstancias, que considera extremas, permitir el aborto”, sostiene la dirigenta Rosario Vidal.
Si bien hay sectores de la sociedad que han promovido la idea apuntar al aborto libre para avanzar en derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, desde la vereda opuesta, “Reivindica Mujeres”, considera que con ello no se consigue una reivindicación de derechos.
“No estamos de acuerdo con el avance del aborto libre, porque además de deshumanizar a nuestros hijos, también invisibiliza las causas que llevan a las ocurrencias de esos abortos, que es lo que realmente hay que combatir. Además, se ha instalado mucho el aborto como un derecho de la mujer, pero eso no es más que nada un discurso de propaganda que no refleja la realidad y eso también lo podemos ver en países latinoamericanos donde el mayor rechazo al aborto libre viene de las mismas mujeres y quienes más apoyan son hombres. Y eso explica muchas de las dinámicas que hay detrás de la ocurrencia de aborto”, expresa.
En la misma línea la diputada UDI por Ñuble, Marta Bravo, no comparte la idea de una interrupción del embarazo sin causales.
“Como médico debo proteger la vida. No soy partidaria de avanzar en un aborto libre porque como sociedad debemos trabajar en la prevención y ser capaces también de brindar un apoyo digno a todas las mujeres que lo requieran”, opina.
Para la legisladora, la norma aprobada en el pleno de consejo no complicaría el aborto en tres casuales. “Distintos expertos y abogados constitucionalistas han planteado que la ley de aborto en tres causales no se ve amenazada por haber cambiado el qué por el quién. Entiendo que se hizo para reafirmar lo que muchos creemos que la vida parte desde la concepción y que por lo tanto no es la vida de algo lo que se busca proteger, sino que de alguien. En nuestro sector vamos a respetar la actual legislación”.
En la vereda opuesta, el diputado IND-DC por Ñuble, Felipe Camaño, expresa que “las opiniones que he podido escuchar dicen que esta nueva redacción podría poner en riesgo las 3 cáusales y si es así siento que sería un error retroceder en derechos en nuestro país, sobre todo en temas como este, porque en casos delicados la legislación y los legisladores no tenemos que mirar por la ventana como si nada pasara, tenemos que legislar, tenemos que escuchar en este caso a las mujeres”.
Por otro lado, se declara contrario al aborto libre. “reabrir esta discusión es peligroso y también la abre hacia el lugar de quienes quieren prohibirlo como lo que hemos visto en la convención durante estos días, lo cual considero que es un error, pues uno de los principales argumentos de quienes no querían legislar sobre esta materia fue que se abría la puerta al aborto libre y las 3 cáusales se aprobaron precisamente porque a diferencia del aborto libre, se hacían cargo de situaciones en las cuales el Estado debía tener una respuesta por su nivel de complejidad”, manifiesta.
A contrapunto, la Coordinadora Feminista Ñuble ve con preocupación lo que se gesta en el Consejo Constitucional, ya que creen podría significar un retroceso en un derecho adquirido para las mujeres.
“Pone en peligro lo poco que se ha avanzado en esta materia. De aprobarse el proyecto constitucional, en el que se integre en su texto que protege la vida de “quien” está por nacer, en vez de “el que está por nacer”, genera por consecuencia que la Ley de aborto en tres causales sea inconstitucional y por ende significando un retroceso en los derechos adquiridos en esta materia, debido a que reconoce como persona el cigoto o embrión en formación, convirtiendo su discusión y legalidad en una cuestión moral y no en una necesidad y condición de salud pública, que es donde se debiese situar la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, fuera de los estándares religiosos e ideológicos del Estado y sus representaciones”, declaran.
A seis años de la promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la organización local destaca el avance, sin embargo, desde su mirada, la objeción de conciencia a la que puede recurrir profesiones que practican el procedimiento, constituye un “vacío” en la normativa que genera preocupación entre las pacientes.
“Si consideramos que un gran porcentaje de mujeres que han acudido a esta ley para abortar en casos de violación son menores, concluimos que existe una necesidad real en legislar en torno a la protección de niñas y mujeres, constituyendo un avance en nuestros derechos reproductivos y sexuales. Lamentablemente en esta área contamos con dificultades que aún no han sido abordadas, como lo son la objeción de conciencia de profesionales de la salud para realizar abortos, en los cuales la Región de Ñuble mantiene un porcentaje altísimo de quienes se niegan a realizarlos por motivos personales, morales, entre otros , lo que no permite mantener la seguridad de acceder a nuestro derecho, siendo una condición en la que no se ha avanzado, constituyendo un vacío importante para el real acceso al aborto en tres causales”, criticaron desde la Coordinadora Feminista.
