El fiscal (s) de Chillán, Andrés Salgado Valdebenito, informó que en prisión preventiva quedó Nibaldo Hernández Muñoz, quien fue formalizado por estafas, usurpación de nombre y usar placas patentes distintas a las originales en vehículos destinados a taxis, todos delitos reiterados.
El fiscal (s) Andrés Salgado precisó que la investigación de la fiscal Nadia Espinoza Caro, quien trabajó con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, estableció tres hechos y nueve delitos por los que Nibaldo Hernández fue formalizado esta mañana.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]El primero de estos hechos ocurrió a inicios de marzo de 2020, cuando el imputado se hizo pasar por otra persona supuestamente dueña de un taxi y ofreció a la venta un vehículo. A la víctima le dijo que el automóvil se encontraba inscrito en una línea de colectivos de San Carlos y que él había dejado de vivir en esa ciudad para trasladarse a Linares.
Incluso al comprador estafado le mostró documentación falsa y le cobró 12 millones de pesos en efectivo, porque desconfiaba de transferencias y cheques.
Al hacer el trámite notarial, incluso exhibió una cédula de identidad con el nombre de otra persona. Días más tarde, la víctima descubrió el engaño y supo que se trataba de un vehículo clonado que había sido dado de baja como colectivo.
En el mismo mes de marzo de 2020, en tanto, el imputado repitió el engaño con otras dos víctimas y logró vender otros dos vehículos, en 12 millones de pesos y 11,5 millones de pesos. También los automóviles estaban clonados y eran taxis que supuestamente tenían un cupo para trabajar en San Carlos.
El oficial investigador de la Bridec, subcomisario Gabriel Valdés, precisó que el imputado fue detenido por detectives de su unidad en la Región de Coquimbo y que registra ocho condenas por delitos de estafas y similares. Acotó que al momento de su aprehensión se le encontraron 11 cédulas de identidad de distintas personas que pudieron estar destinadas para cometer otros de delitos, lo que es materia de investigación.
El Juzgado de Garantía de Chillán acogió el argumento del fiscal (s) Andrés Salgado, quien al solicitar la prisión preventiva planteó que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la medida cautelar es la necesaria para asegurar los fines del procedimiento. El tribunal decretó tres meses de plazo para la investigación.
[/bg_collapse]
