El fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Álvaro Serrano Romo, obtuvo prisión preventiva para Brandon Díaz Nicolich, quien fue formalizado por cinco delitos de robo con violencia y cuatro de robo con intimidación, cometidos en Chillán, Bulnes, Pemuco, San Carlos, Ñiquén y Victoria (Región de la Araucanía), entre el 9 y 10 de noviembre pasado.
Todo comenzó a las 19.30 horas del primer día, cuando el imputado y una mujer, quien está con orden de detención y es intensamente buscada por la PDI, asaltaron y golpearon con un arma de fuego a una víctima, quien estaba sentada en su silla de ruedas afuera de su casa en Chillán. Le sustrajeron dos anillos de oro, un monedero y el teléfono celular.
A las 21:30 horas del mismo día, ambos imputados abordaron a una mujer que esperaba locomoción pública en el Cruce Cocharcas, en San Carlos. La tomaron por la espalda, la golpearon en las costillas con un arma de fuego y le robaron su billetera.
El 10 de noviembre, entre las 10:30 horas y 21:00 horas cometieron otros siete robos, todos con arma de fuego como los anteriores.
En el sector Casería Buli de Niquén, asaltaron a una mujer que esperaba colectivo. En el Cruce Cocharcas, le robaron la mochila a un estudiante. Camino a Pinto asaltaron a un ciclista, a quien incluso le dispararon sin herirlo. En Santa Clara, Bulnes, sustrajeron la billetera y un teléfono a un hombre que esperaba micro en la Ruta 5 Sur. Y a unos metros de distancia, cometieron otros dos robos contra dos hombres que también aguardaban transporte público en la carretera.
El último robo lo cometieron en la Ruta 5 Sur, a la altura de Victoria, donde le ofrecieron a un hombre a llevarlo en el automóvil en que se desplazaban y una vez en el interior le quitaron su billetera y un celular. Pero no sólo eso, pues obligaron a la víctima a llevarlos a su casa, donde robaron dinero y otros teléfonos del grupo familiar que allí estaba.
El fiscal Álvaro Serrano expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue recogido por el tribunal al momento de decretar la prisión preventiva.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI.
