Si vivimos en una época en la que los negocios llegaron a confundirse con la política es porque la moral, en simultáneo, ha dejado de tener peso. La ausencia de un comportamiento ético es un tópico considerado por mucho tiempo secundario por nuestra sociedad, pero hoy constatamos que es el mayor obstáculo de fondo que impide el desarrollo de las instituciones políticas del país. En la ausencia de un patrón moral de conducta está el núcleo de todos los deterioros posteriores.
Al carecer de esta clara línea de demarcación, también nuestra sociedad se acostumbró durante mucho tiempo a ver como naturales los problemas más graves y a acostumbrarse a convivir con ellos, en lugar de declararlos inaceptables y exigir su inmediata corrección. Además, a esta falta de una infraestructura ética esencial para la sociedad, se ha sumado la debilidad de los controles públicos, así como de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El tema de la ética en la función pública cobra especial vigencia por estos días, después de conocerse la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), bajo el nombre de “Pandora Papers”, que está salpicando al Presidente Sebastián Piñera por la compraventa, en 2010, de la Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, condenado en 2018 por delito tributario y financiamiento ilegal de dirigentes y organizaciones políticas. La operación, dice la investigación, se llevó a cabo en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y considera una polémica cláusula para el pago de una tercera cuota que está asociada a no dictar ningún tipo de protección sobre una zona de alto valor ecológico, que es donde se emplaza el proyecto minero.
Desde el ámbito de la Justicia, el Fiscal Nacional Jorge Abbott decidió abrir de oficio una investigación penal por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno, que han movilizado a La Moneda y al propio Presidente, que han insistido en todos los tonos que no hay antecedentes nuevos en la investigación periodística. No obstante, el análisis de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía concluyó que hay motivos para investigar, pues hechos como el contrato suscrito en las Islas Vírgenes no estaba expresamente incluido en la decisión de sobreseimiento del caso denominado Exalmar, en 2017.
Por otra parte, tal como se había anunciado, ayer un grupo de diputadas y diputados presentó oficialmente la acusación constitucional en contra del Presidente. El libelo, que fue firmado por dieciséis parlamentarios de todas las bancadas opositoras, necesita 78 votos para ser aprobado, los cuales estarían, no así en el Senado, donde la oposición no alcanza los dos tercios necesarios.
Habrá que esperar el resultado de ambos procesos, en la Justicia y el Congreso, y las convicciones que de ellos deriven, para fijar con nombre y apellido las eventuales responsabilidades de un caso que es jurídico, pero ante todo político, y que vuelve a situar al Mandatario al borde de la delgada línea entre la legalidad y los conflictos de interés a la hora de ejercer el máximo poder de la nación.
