Más de cuatro meses tardó Hernán Segura en obtener la patente de restaurante para Vita Wine, en la Municipalidad de Chillán, periodo en el que debió pagar costos fijos del negocio, como el arriendo y los servicios básicos, pero no podía operar ni generar ingresos.
Un periodo similar lleva esperando el supermercado Trébol la respectiva patente de expendio de alcoholes. La tienda, ubicada en el Vivo Outlet, si bien está atendiendo público, no puede vender alcohol, lo que reduce su competitividad, observó Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán.
Casos como estos, se repiten día a día en distintas reparticiones públicas de la región, como la oficina de Rentas y Patentes y la Dirección de Obras del municipio chillanejo, donde los emprendedores deben peregrinar con carpetas de ventanilla en ventanilla, a lo que se debe añadir la resolución sanitaria en el caso de expendios de alimentos, un permiso que entrega la autoridad sanitaria y que requiere de una cuota de paciencia adicional, algo que sabe muy bien el empresario Sergio Medel, de Servipan, comentó el dirigente gremial.
Desde los gremios productivos de la región advierten que la “permisología” se ha convertido en una de las principales barreras al emprendimiento, retrasando inversiones que son vitales para una región con las tasas de desempleo y pobreza más altas del país.
Por ello también las críticas apuntan a la burocracia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde el sector privado subraya que los tiempos se han extendido más allá de lo que demoraba hace cinco años, lo que está asociado a mayores exigencias en el proceso de evaluación.
Desincentivo a la inversión
Según expuso Alejandro Lama, este problema “frena el desarrollo, porque si una empresa quiere abrir una unidad de negocio se demora. Desde nuestra mirada gremial, hay situaciones muy complejas, por ejemplo, para sacar una patente comercial, está supeditado a la presentación de documentos que acrediten que el inmueble tiene habilitado el uso en la Dirección de Obras. Entonces, le traspasa esta obligación al arrendatario de algo que no debiera ser. Y eso demora, porque hay que sacar una serie de papeles, y esto no es culpa de la mala voluntad del funcionario, sino que la ley es la que impone estas exigencias, que, desde nuestra mirada, son exageradas y retrasan la apertura de la unidad de negocio, y por cierto, la generación de empleo; y uno ve con desesperanza que los días van pasando, no puede abrir el negocio y afuera, en la vereda, hay gente que vende y nadie los controla; eso es algo que hay que solucionar. Lo hemos transmitido al nivel nacional también y creemos que hay que hacer un trabajo ahí para que la ley sea más flexible”.
“Pero también tiene que ver con la municipalidad -apuntó Lama-. Algunas municipalidades son más proactivas en el sentido de hacerle seguimiento a las solicitudes de los emprendedores. De hecho, el alcalde de Chillán Viejo dispuso que un equipo del municipio se preocupara de acompañar en este proceso, de modo tal que el contribuyente salga mucho más rápido con su trámite. Por eso creo que falta un acompañamiento y darle prioridad a este tipo de trámites en los municipios”.
En ese sentido, el dirigente del comercio planteó que el uso del papel en la burocracia municipal constituye un factor de la falta de agilidad de los procesos, a diferencia de lo que ocurre en otros servicios, como el Registro Civil o el Servicio de Impuestos Internos, donde la información está disponible en forma digital en línea.
En el rubro de los alimentos, Lama advirtió que “ahí tenemos otro problema, porque interviene otro actor, que es la Seremi de Salud, y cuando pide que vayan a inspeccionar el local, no pueden, porque están con falta de funcionarios, entonces, hay que agendar para diez días más, o quince días más. Y entonces hay que esperar que vaya ese funcionario a validar las instalaciones. Y todo ese tiempo el local debe permanecer cerrado, o sea, la municipalidad no otorga un permiso provisorio, por tres o cuatro meses para regularizar todo, y que pueda trabajar y generar ingresos y empleos, hoy día sucede lo contrario”.
Larga espera
Hernán Segura obtuvo un “doctorado en paciencia” en el proceso de instalación del restaurante Vita Wines, ubicado en avenida O’Higgins.
“Es bastante desconcertante los tiempos que se demora en tramitar los permisos de un restaurante. En el caso nuestro, con la resolución sanitaria nos demoramos un mes, porque era un traspaso. Después, con la patente municipal fue un proceso más engorroso, porque asumiendo que el local ya tiene todas las condiciones, aun así tiene que ir la Dirección de Obras a ver, con todos los temas que tiene que ver Obras, y los emprendedores estamos esperando el turno. Y luego, en Rentas y Patentes el proceso es terrible, donde hay un tema legal detrás, y entonces, todos esos papeles y todo ese proceso para el emprendedor significa tiempo, de ir allá no solo una vez, sino que, hasta diez veces, porque la cantidad de papeles son muchos y estamos hablando de papeles todavía; no hay mucha automatización, por ejemplo, para iniciar el el trámite de patente piden unos certificados de Obras, que son municipales, por lo que deberían validarse internamente en vez de andar uno pidiendo los documentos. Y esos son cuatro meses, por lo menos, porque hay emprendedores que se han demorado años en tramitar una patente”, relató el emprendedor.
Segura agregó que “eso es inconcebible de cara a las oportunidades de negocio. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga el tiempo perdido esperando? Porque uno hace la inversión desde que arrienda el lugar o desde que acondiciona el lugar y después, cuando esté todo funcionando puede tramitar los permisos. Entonces, uno hizo la inversión y tiene que esperar a que lleguen los permisos y el tiempo está corriendo y el costo de oportunidad se va al tacho, porque uno tiene una inversión que no está teniendo retorno, ya que uno no puede trabajar, pero tiene que pagar los costos fijos”.
Hasta 439 trámites
Ricardo Salman, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Chillán, sentenció que, “hoy día, respecto de los permisos que debemos tramitar en las direcciones de obras, existe un proceso duplicado entre lo digital, que se hace en la primera parte de los trámites y luego, una vez aprobado, un proceso presencial con carpetas físicas. Por ello, creemos que sería útil avanzar en un proceso de digitalización total para ganar en eficiencia y costos con un sistema que, además, controle los tiempos de revisión, los cuales generalmente son sobrepasados a los reglamentarios; esto lo ha señalado el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad publicado en agosto, referido al análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”.
Según dicho informe, un permiso de edificación toma, en promedio, 7 meses y una recepción definitiva, en promedio, dos meses. La extensión de estos plazos se traduce en un aumento de costos muy relevante, apuntó el timonel de la CChC Chillán.
Salman añadió que, “en cuanto a la permisología sectorial en general involucrada, los tiempos actuales que toma cumplir con los permisos varían dependiendo de la complejidad: cuando es menor, toman, en promedio, dos meses con una tasa de rechazo de un 15% y los de mayor complejidad llegan en promedio a 17 meses con una tasa de rechazo cercana al 40%”.
En ese contexto, aseveró que “la falta de equipos de trabajo para las revisiones de proyectos”, es el factor principal.
Como consecuencia de esto, “tenemos mayores tiempos de tramitación, y con ello, mayores costos, alta complejidad de los procesos que hace que muchos no lleguen a término y se descarten, entonces, las obras no se realizan y se pierde todo el beneficio para la comunidad”, se lamentó.
Dado lo anterior, planteó que, “una propuesta para mejorar los tiempos es externalizar las revisiones de los expedientes bajo condiciones controladas y exigentes aliviando la carga de los respectivos servicios públicos, propuesta que también hace la Comisión de Evaluación y Productividad en su informe”.
“Otra medida -continuó-, corresponde a incrementar los recursos temporalmente de aquellos servicios que hoy tienen mayores niveles de atraso de manera de que puedan ponerse al día; otra propuesta para disminuir la tasa de rechazo corresponde a alinear en forma previa los contenidos de las solicitudes de permisos con las condiciones técnicas que son requeridas durante el proceso de revisión para su aprobación del proyecto; se propone también reducir la cantidad de permisos que deben ser tramitados concentrando las autorizaciones solo en aquellos permisos o actividades que generan un mayor riesgo potenciando a su vez los mecanismos de fiscalización”.
De acuerdo al dirigente, “la experiencia internacional para acortar los tiempos de aprobación de proyectos ha considerado mecanismos de “fast track” para ciertos permisos o determinada clase de proyectos, la instauración de agencias que ofrecen un acompañamiento en la tramitación encargada de coordinar las autorizaciones, creación de plataformas digitales que facilitan la tramitación de permisos y ventanillas únicas que procesan distintos permisos sectoriales”.
“Estas recomendaciones surgen debido a que el número de trámites involucrados en un proceso de inversión puede ir desde los 4 a los 439, dentro de los cuales 309 corresponden a actos administrativos de aprobación por una autoridad competente- entre ellos, 63 permisos sectoriales que son críticos-, y el resto corresponde a trámites de baja intensidad, como avisos, declaraciones, registros y visaciones”.
La Discusión intentó, sin éxito, obtener una postura del municipio de Chillán.
Más exigencias ambientales
Los proyectos de mayor envergadura están obligados a someterse a evaluación ambiental. Sin considerar los desestimientos, las no calificaciones y los rechazos, que representan una proporción importante del total de iniciativas que ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental de Ñuble, se observa que la tramitación de una declaración de impacto ambiental (DIA), que hace cinco años tardaba, en promedio, 9 meses, actualmente bordea los 11 meses. De hecho, las últimas diez DIA evaluadas en el SEA de Ñuble tardaron, en promedio, 11 meses.
Sin embargo, desde el SEA declararon que a nivel nacional el 93% de los proyectos en calificación ambiental son aprobados y solo el 7% son rechazados. “Por otra parte, el SEA cumple siempre los plazos legales de evaluación. A su vez, los titulares de proyectos solicitan suspensiones de plazos para completar la información que los servicios con competencias ambientales requieren para asegurar el cumplimiento normativo”, indicaron.
Frente a la consulta por las mayores exigencias, el organismo señaló que, “los estándares y exigencias ambientales, tanto en Chile y el mundo van aumentando, como resultado de la crisis climática que estamos viviendo. Es por ello que, entendiendo esta realidad, en el SEA venimos trabajando de manera proactiva para enfrentar los desafíos que implica evaluar proyectos de inversión, tanto públicos como privados, de distinta complejidad técnica, social y territorial. En ese contexto, la evaluación ambiental debe ser de excelencia y nuestra tarea es dar certezas técnicas y jurídicas sobre cuáles son los criterios de evaluación a través de las guías y documentos que publicamos. Las empresas y las comunidades así lo exigen. Deben tener reglas claras y certezas. Debemos ser ágiles y eficientes, sin que ello signifique sacrificar el necesario cuidado del medioambiente, que es nuestro primer deber”.
Además, desde el SEA destacaron la importancia de abrir un periodo de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. “Eso implicó un cambio importante. Hoy tenemos en el país muchos más procesos de participación, lo que termina por fortalecer los proyectos para que se instale, además, el fiel cumplimiento de la normativa ambiental y el buen devenir en los tribunales ambientales”.
Como resultado de lo anterior, en 2022 hubo participación ciudadana (PAC) en el 11% de los proyectos ingresados al SEIA, cifra mayor a la observada entre 2014 y 2021, de 8% de los proyectos. “Todo lo anterior, en plena sintonía con la implementación gradual del Acuerdo de Escazú”, acotaron.
También reconocieron el efecto que ha tenido la implementación de nuevas normativas. “En el caso de la Ley de Humedales, ha tenido efectos en la evaluación, como también lo tendrá la actualización del PPDA que considera también a la zona del valle central de Ñuble. A partir de la Ley de Humedales, se incorpora la evaluación del posible impacto en estos ecosistemas de relevancia y en la región de Ñuble ha implicado la coordinación con la Seremi de Medio Ambiente. Las iniciativas ingresadas al SEIA, donde ha correspondido incorporar la evaluación de posibles impactos significativos corresponden a proyectos inmobiliarios y proyectos energéticos que han aumentado en cantidad y envergadura”, puntualizaron.
