El solo anuncio por parte del gobierno de la construcción de una segunda cárcel de alta seguridad (CAS), provocó la reacción inmediata de los alcaldes de la Región Metropolitana, encabezados por la actual alcaldesa de la comuna de Santiago Irací Hassler (PC). “Me opongo rotundamente” fue la frase que divulgó la jefa comunal por las redes sociales, a la que siguieron los alcaldes de otras comunas.
Resulta evidente que están mirando a las próximas elecciones y todo el discurso requiriendo del gobierno una solución al flagelo de crimen organizado, no pasa de ser un slogan de campaña.
Qué habría ocurrido o cuál sería el impacto en la comunidad si en vez de decir “me opongo rotundamente”, Irací Hassler hubiese dicho “me pongo a disposición del combate del crimen organizado y estudiaré las posibilidades que da el plan regulador, para que la nueva cárcel esté en mi comuna, será un gesto patriótico de nuestro compromiso por la seguridad ciudadana”.
No ocurrió así, y todo hace prever que no ocurrirá, a lo menos por ahora.
Respecto a este problema, nuestra región tiene velas en el entierro. Desde antes del terremoto del 2010, se viene intentando construir una cárcel regional que reemplace al actual recinto ubicado a escasas cuadras del centro de Chillán, lo mismo que a las ya vetustas construcciones de San Carlos, Quirihue y Yungay.
Todas esas instalaciones son de un alto costo operativo y no cumplen con estándares mínimos de seguridad.
Sin embargo, la construcción de un nuevo complejo penal no ha sido posible por la oposición sucesiva de los alcaldes de San Nicolás y San Carlos, la que contó con el entusiasta apoyo de parlamentarios de todos los colores.
Hoy Chile se encuentra en una situación crítica en materia de seguridad y para ello se requiere extraer el tema de la política contingente y cortoplacista para ubicarlo en una política de Estado.
De lo contrario estamos condenados por la pequeñez de autoridades comunales de turno, a transformar este problema -como ha sucedido- en una enfermedad crónica. Hoy existe tecnología, soluciones arquitectónicas y experiencia que desmienten la razón de la sinrazón, a las que suelen recurrir en sus argumentos los ediles.
Por otro lado, el Estado debe asumir responsablemente los costos que significa una sociedad más segura.
La ubicación y construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la región metropolitana, así como una cárcel regional para Ñuble, están dentro de ese contexto.
También le corresponde al Estado, a través del gobierno, estar a la altura de las circunstancias.
Se debe discutir y consensuar que otros derechos perderán los líderes del crimen organizado, que van allá de la pérdida de la libertad. Por eso preocupan las afirmaciones que señalan como una virtud de la nueva cárcel, la instalación de inhibidores de señal. Se está aceptando desde su origen que esos presos que no tendrán contacto físico alguno con sus visitas, podrían tener celulares en sus celdas.
Aquí aparece otro aspecto que tiene que ser parte del plan, el control estricto de los funcionarios y su acceso a conductas corruptas. Todos estos aspectos son parte de una compleja política de Estado para combatir el crimen organizado que no deje espacio a fines electorales ni a intereses corporativos.
