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El impacto sufrido por la agricultura regional después de los dos sistemas frontales registrados días atrás, es evidentemente inferior en magnitud y alcance a lo ocurrido el año pasado. Sin embargo, lo mismo aplica para regiones vecinas como las de Maule, Biobío y Araucanía, donde el Gobierno decretó Emergencia Agrícola, no así en Ñuble, donde los daños en diferentes procesos productivos, en bocatomas e invernaderos, parecieran no calificar para tal medida.
Fueron el gobernador regional Óscar Crisóstomo (PS) y la diputada Marta Bravo (UDI) los primeros en el ámbito político en alertar sobre esta marginación, mientras que desde el gremio agrícola fue su presidente, Carlos González, quien reclamó por medidas rápidas, concretas y efectivas.
Los principales daños que se han catastrado responden a afectación de infraestructura como galpones e invernaderos, pérdida de forraje para el ganado, además del evidente retraso en diferentes labores agrícolas, particularmente la siembra de trigo de invierno, y el bajo desarrollo de las praderas, producto de inundaciones o del exceso de agua.
Según el catastro preliminar serían más de 650 las personas afectadas en nuestra región que no cuentan con ningún tipo de asistencia, una cifra que puede sonar relativamente menor, pero que representa cientos de hectáreas de cultivos que no se recuperan en un mes. Más que un negocio, más que el rendimiento por hectáreas, es el trabajo de todo un año, o incluso infraestructura que costó más tiempo y dinero habilitar, lo que dañaron o destruyeron el agua y el viento. Y lamentablemente, la mayoría de los damnificados son pequeños campesinos que no cuentan con un colchón financiero que les permita afrontar de buena forma siniestros como éste. Muchos de ellos, incluso, no tenían contratado seguros agrícolas.
Ciertamente, ante un golpe como éste, no cabe sino enfrentarlo con medidas certeras, como precisamente es declarar la emergencia agrícola en las localidades afectadas, tal como se hizo en la región el año pasado, y se está haciendo ahora con regiones que tienen una base productiva agrícola incluso más robusta que la nuestra.
Una medida como ésta permitiría disponer de recursos extraordinarios del presupuesto, que se destinarían a subsidios, principalmente, para la compra de materiales de construcción, insumos agrícolas, plantaciones e infraestructura productiva, los que debieran canalizarse a través de Indap y otros organismos públicos, como Corfo, Sercotec y los propios municipios.
No es la primera vez que el agro de Ñuble sufre la mora del Gobierno de turno ante una catástrofe natural o una crisis económica, y por lo mismo sabemos qué ocurre con la lentitud en la entrega de soluciones, así como en la falta de prolijidad de los entes públicos que deben administrar la ayuda.
Más allá de la solidaridad que debe existir hacia estas familias que perdieron su trabajo y buena parte del sustento de un año, debe primar la cooperación con un sentido de justicia social de parte del Gobierno, que es el llamado a prestar la ayuda necesaria para que este grupo de chilenos y chilenas vuelva a trabajar la tierra.
