Un hito fundamental para el embalse Zapallar se registró la semana pasada, con el llamado a precalificación internacional de las empresas interesadas en construir esta obra, mediante la publicación de las bases del Registro especial de contratistas por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La apertura de este registro es un paso necesario de cara a la licitación del embalse, que debiera concretarse este año, pero también es una señal política, dado que la actual administración se ha puesto entre sus metas dejar adjudicada la construcción del Zapallar, un legado que pocos gobiernos han podido dejar, que adquiere mayor valor en el escenario actual de cambio climático y menor disponibilidad de agua, y una demanda que crece año tras año.
Se trata de un viejo anhelo de los agricultores de la cuenca del Diguillín, pues constituye una obra pendiente del Canal Laja-Diguillín, cuya construcción concluyó en 2008.
El proyecto considera la construcción de una presa de 100 metros de altura en la zona alta del río Diguillín, 12 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, en el límite de las comunas de Pinto y El Carmen.
El embalse tendrá una capacidad de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos (2,5 veces el embalse Coihueco) y regará 10 mil nuevas hectáreas que hoy son de secano, beneficiando a 2.335 predios de El Carmen y San Ignacio pertenecientes a 1.250 propietarios, principalmente pequeños, quienes, gracias al agua, podrán incorporar cultivos más rentables que los cereales, como frutales y hortalizas, lo que, sin duda, mejorará sus ingresos y su calidad de vida, creará empleos y oportunidades en el campo y contribuirá a la seguridad alimentaria del país. Además, tendrá un impacto general en la cuenca, al dar mayor seguridad de riego a otras 44 mil hectáreas, lo que rentabilizará el suelo agrícola en un escenario marcado por la competencia de rubros no agrícolas, la falta de apoyo al agro y la migración rural.
El presupuesto estimado de la DOH asciende a US$ 170 millones, que corresponde a la construcción del embalse y al canal matriz, que fueron las obras que incluyó el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado en 2024. Es decir, en ese valor no están consideradas las expropiaciones, así como tampoco la red de canales secundarios y ramales, que serán objeto de otro EIA. De esta forma, se estima que la inversión total en el proyecto, que será financiado directamente por el MOP, bordeará los US$350 millones.
Si bien el proyecto se mantuvo por largo tiempo en segundo plano y registraba escaso avance en sus estudios y permisos, de hecho, a fines del gobierno pasado se discutía si sería una obra concesionada o fiscal; la voluntad de la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, de impulsar la iniciativa; y la decisión del Comité de Ministros de la CNR, en enero de 2023, de priorizarla y ejecutarla directamente con recursos del estado, a través de la DOH; permitió agilizar los estudios, superar las barreras administrativas y destrabar su tramitación ambiental para, finalmente, obtener su aprobación en enero de 2024 luego de más de tres años de evaluación.
El ejemplo del Zapallar sobre lo fundamental que resulta la voluntad política en la concreción de un proyecto, aplica también para otras obras que siguen pendientes en la región, como el embalse La Punilla, la línea de transmisión Charrúa-Chillán, la ruta costera Cobquecura-Dichato o el ensanche de la avenida Alonso de Ercilla, en la capital regional.
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