La propuesta del senador por Ñuble y presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Gustavo Sanhueza (UDI), de otorgar urgencia al proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), instaló un nuevo punto de tensión en el debate educativo: avanzar con rapidez en ajustes al modelo, o priorizar una discusión más amplia sobre sus efectos en equidad y convivencia escolar.
El parlamentario planteó que ya existe una iniciativa en tramitación en el Senado, lo que permitiría acelerar el proceso legislativo sin esperar hasta 90 días por un nuevo proyecto del Ejecutivo. En su planteamiento, la urgencia responde a un contexto marcado por episodios de violencia escolar y a la necesidad de fortalecer el vínculo entre familias y establecimientos.
Desde el mundo docente, sin embargo, la discusión se observa con cautela. El presidente regional del Colegio de Profesores, Manuel Chávez, advierte que cualquier modificación al SAE debe resguardar el principio de acceso equitativo.
A su juicio, volver a esquemas de selección -académica, económica o conductual- implicaría retroceder en inclusión y trasladar nuevamente a la educación pública la carga de atender a estudiantes con mayores dificultades.
El dirigente enfatiza que el problema de fondo no radica exclusivamente en el sistema de admisión, sino en la falta de recursos para implementar políticas de convivencia, inclusión y apoyo pedagógico. En esa línea, plantea que sin financiamiento adecuado, cualquier cambio corre el riesgo de ser insuficiente frente a las demandas reales de las comunidades educativas.
En contraste, desde la dirección de establecimientos particulares subvencionados surge una mirada más alineada con la propuesta del senador Sanhueza.
Para Cristián Flores, director del Instituto Santa María de Chillán, la actual lógica del SAE debilita la relación entre familia y colegio, al asignar cupos sin considerar la afinidad con los proyectos educativos.
A su juicio, “permitir una mayor capacidad de elección contribuiría a fortalecer el sentido de pertenencia, elemento clave para mejorar la convivencia escolar”.
Además, respalda la idea de acelerar la discusión legislativa, argumentando que las comunidades educativas requieren certezas en plazos acotados para planificar sus procesos formativos (en agosto comienzan las postulaciones para 2027).
Incluir a las familias
En el ámbito de los apoderados, las posturas reflejan una tensión similar.
Rosa Zapata, presidenta del Centro General de Padres (CGP) del Colegio Concepción Chillán, reconoce que el SAE ha significado avances importantes en términos de acceso y transparencia, eliminando prácticas discriminatorias históricas. No obstante, también identifica críticas en torno a la rigidez del sistema y su carácter percibido como “azaroso” por algunas familias.
En esa línea, plantea que el desafío no es eliminar el mecanismo, sino perfeccionarlo, incorporando criterios que permitan compatibilizar justicia social con mayor participación de las familias en la elección educativa.
Una visión más crítica emerge desde otras comunidades de apoderados.
Alex Ferrada, presidente del Centro de Padres del Colegio San Vicente, destaca la propuesta de avanzar hacia un sistema que otorgue mayor protagonismo a las familias, pero resalta que el cambio debe incluir también a los establecimientos.
A su juicio, permitir instancias de diálogo o entrevistas contribuiría a asegurar una mejor adecuación entre las expectativas familiares y los proyectos educativos.
El debate, así, no se limita a la urgencia legislativa, sino que expone diferencias estructurales sobre el rol del Estado, las familias y los colegios en el proceso de admisión. Mientras algunos sectores priorizan la libertad de elección y el fortalecimiento de comunidades educativas cohesionadas, otros advierten sobre el riesgo de profundizar desigualdades.
En este escenario, la decisión del Ejecutivo será clave. Optar por acelerar el proyecto en curso (que establece porcentajes de selección) o ingresar una nueva iniciativa (que termine definitivamente con el sistema) no solo definirá los tiempos del debate, sino también el marco desde el cual se discutirán los cambios a uno de los pilares del sistema educativo chileno.
