En el agitado panorama preelectoral, que este año promete comenzar anticipadamente a causa del proceso de primarias con que la derecha y la izquierda definirá a sus candidatos presidenciales, hay una alta probabilidad que la campaña parlamentaria inevitablemente pase a segundo plano.
Por otra parte, los cambios de bandos, las asociaciones o rupturas desprovistas de cualquier horizonte conceptual, el enorme desprestigio de los partidos políticos, como el imperio del marketing y la manipulación informativa, podría acentuar la irrelevancia de los candidatos y candidatas que compiten para llegar al Congreso.
Es oportuno recordar que hace 20 años se modificó el período presidencial de 6 a 4 años, y se produjo el hecho de que siempre ambas elecciones van de la mano. Este hecho tiene algunas ventajas, como la economía en cuanto a procesos electorales, menos meses dedicados a campañas, por nombrar algunas, pero también tiene una importante debilidad al centrar la discusión principalmente en los temas presidenciales, lo que obliga a los candidatos y candidatas al Parlamento a sumarse a las propuestas de quien sea el candidato o candidata a presidente de sus filas o preferencia. Este hecho, además, perjudica a quienes se postulan como independientes, ya que no existe asimetría en la posibilidad de discutir sus proyectos con sus contrincantes, cuando éstos a su vez se cobijan bajo el paraguas de la candidatura presidencial.
Otro efecto que probablemente no se sopesó cuando se analizó la reforma que modificó el período de duración del cargo de la primera magistratura, fue el hecho de que esto tensionaría a los partidos y coaliciones al tener que condicionar sus candidatos al Congreso al apoyo que dan a su vez a la candidatura presidencial.
Eso es lo que estamos viendo hoy, con las llamadas fugas o renuncias que complican las negociaciones y la configuración de las plantillas de diputados y senadores.
Profundizando el punto de la competencia parlamentaria, también es discutible si es posible que ella se realice de manera tal que permita al elector conocer realmente cómo piensan los candidatos (as) y cuál sería la independencia con que actuarían al gobierno de turno.
La situación de tener campañas únicas al Parlamento y Presidente es un reflejo de nuestro sistema de gobierno excesivamente presidencialista, donde las mociones de ley que nacen de un parlamentario normalmente deben ser negociadas con el Ejecutivo para que puedan ser discutidas y puestas en tabla, ya que es éste quien tiene la atribución de poner o sacar las urgencias con que se discuten los proyectos. Esa es la realidad. Y por eso diputados (as) y senadores (as) suelen transformarse en lobbystas ante el Gobierno de turno para conseguir la realización o el financiamiento para obras o proyectos en sus distritos, o a la inversa, pasan a ser voceros de la gestión gubernamental frente a sus representados.
Sin duda que la historia de nuestro país ha marcado el sistema de gobierno que nos rige. Este hecho no debe olvidarse, pero el temor a cometer los mismos errores puede ser tremendamente paralizante e impedir avanzar en nuevas formas de mejoramiento de la democracia chilena, incluida una reformar al actual sistema político para al menos terminar con la enorme fragmentación de partidos y los parlamentarios (as) “piratas”.
