La reinstalación del voto obligatorio y la implementación de la ley de acercamiento de locales a los electores, han impulsado la participación electoral en el país, pasando de 6.468.909 personas que ejercieron su sufragio en la elección de mayo de 2021, equivalentes a un 43,41% del padrón entonces vigente, a 12.991.322 personas en el Plebiscito Constitucional de diciembre de 2023, equivalentes a un 85,03% del total de electores habilitados para dicha instancia.
Esto último, implica una media de votación por mesa de 340 electores, un 85% sobre los 400 que tiene cada mesa receptora y un tiempo de funcionamiento para cada mesa de 850 minutos, lo que equivale a poco más de 14 horas, terminando de recibir votos a las 23 horas, y no a las 18. En resumen, se requieren cinco horas más, solo para votar, a lo que habría que sumar 3 horas para el recuento e ingreso de datos al sistema.
Además, son cuatro cédulas de votación: gobernador, alcalde, consejeros regionales y concejales. Dos de ellas, las de consejeros regionales y concejales, serán de medidas muy grandes (alcanzarán un tamaño cercano a 46×70 centímetros.
Considerando las fuerzas políticas existentes en el país, las papeletas pueden tener más de 100 candidatos y más de 15 listas, es decir, habrá una gran dificultad para identificar el candidato de la preferencia del elector, y más aún tomar una decisión en la cámara secreta a aquellos electores que no concurran decididos al acto electoral. Por otro lado, el elector estará obligado, para cerrar correctamente el voto, a efectuar ocho dobleces.
Completando todo el cuadro, se estima que un elector en las circunstancias señaladas, y sobre la base de experiencias anteriores, debería demorarse cerca de cinco minutos en la cámara secreta.
Por esta y otras razones el Servicio Electoral (Servel) elaboró un informe y una propuesta para realizar los comicios del 27 de octubre en dos días, la que fue acogida por el Ejecutivo y presentada como un proyecto de ley a fines de marzo.
La iniciativa tiene detractores, ya sea porque dudan de la seguridad en la custodia de los votos, o también porque demanda un mayor contingente policial y de Fuerzas Armadas, lo que debilitaría funciones de protección de la ciudadanía. A su vez, desde la oposición han criticado la propuesta, argumentando que el Servel debería adecuarse a las circunstancias y características propias de esta elección, en este caso ampliando el número de horas de votación, lo mismo que el aumento de locales y mesas de votación, a fin de mantener el proceso en un solo día.
No dejan de tener razón quienes plantean que la propuesta de dos días es probablemente el camino más fácil y seguro. Pero si realmente se quiere fomentar la participación electoral y empatizar con la ciudadanía, esta iniciativa debería ser respaldada transversalmente.
Esta semana, durante la última sesión de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, se aprobó en general, y por la unanimidad de los presentes, el mensaje del proyecto de ley. Sin embargo, algunos parlamentarios advirtieron una serie de cuestionamientos referidos a otros aspectos del sistema electoral, legítimos todos, pero que no debería ser excusa para controversias artificiales o condición para sacar adelante esta propuesta que apunta correctamente a una mejor representatividad y legitimidad de la voz ciudadana el 27 de octubre próximo.
