Señor Director:
Tal y como sostuvimos en abril y octubre del año pasado, es deber del Estado asegurar las condiciones sanitarias para que los comicios de
este 10 y 11 de abril puedan llevarse a cabo de manera que la población pueda concurrir a ejercer su derecho a voto en forma segura, tranquila e informada. Sin embargo, sabemos también que la situación de la pandemia se ha agravado preocupantemente durante las primeras semanas de vuelta de vacaciones y que es posible que no quede otra opción que posponer, una vez más, un acto eleccionario en nuestro país. Si aquello llegase a ocurrir, exigimos desde ya que el Congreso adopte las medidas necesarias para que la prórroga no suponga un acto atentatorio contra nuestros derechos políticos.
Lo relevante aquí es asegurar que una decisión fundada en razones sanitarias no genere como resultado colateral aumentar la asfixia
financiera que las candidaturas con menos recursos han debido sobrellevar durante estos extenuantes meses de campaña, en provecho de
quienes nunca han visto de cerca una olla común y conciben la política como un espacio donde defender sus privilegios.
Para que ello no ocurra, las fórmulas que se pueden adoptar son múltiples: desde apostar por una campaña que se realice exclusivamente en redes sociales –limitando el gasto en publicidad y prohibiendo la campaña presencial–, pasando por aumentar los espacios de franja electoral –focalizando su transmisión a los territorios–, hasta realizar aportes directos por parte del Servel a las candidaturas que
no cuentan con abultadas cifras en su chequera electrónica electoral.
El derecho a postularse a cargos de elección popular en términos igualitarios y el derecho a elegir a nuestros representantes –al igual que
el derecho a la salud y la vida– son derechos humanos, y es deber del Estado garantizar que el día de la elección de Constituyentes,
Gobernadores, Alcaldes y Concejales no se discrimine económicamente a ningún candidato, al menos no más de lo que nuestro sistema de por sí discrimina.
Haydee Oberreuter
