Hay errores que afectan los números y otros que afectan la confianza. El descubierto en la Comisión Nacional de Energía pertenece a la segunda categoría. Durante ocho años se aplicó dos veces el IPC en el cálculo de las tarifas eléctricas. No fue un detalle técnico. Fue una falla persistente que encareció la vida de millones de personas, distorsionó beneficios sociales y alteró la entrega de subsidios diseñados para proteger a los hogares más vulnerables.
El daño fue doble. Por una parte, se incrementaron los cobros a las familias, y por otra, se diseñaron políticas compensatorias sobre una base equivocada. Es decir, el Estado calculó ayudas sociales sobre el mismo error que las hacía necesarias. La consecuencia inmediata fue política. El Gobierno solicitó la renuncia del ministro Diego Pardow y del director de la Comisión Nacional de Energía. Son decisiones que buscan dar una señal de responsabilidad frente a un error que escaló hasta convertirse en una crisis de confianza. No es solo un ajuste de nombres, es una respuesta institucional a un hecho que puso en duda la probidad y el control interno del Estado.
El problema, sin embargo, no se resuelve solo con cambios de gabinete. Las renuncias abren espacio para una nueva etapa, pero lo importante es el aprendizaje. Este caso obliga a revisar cómo se diseñan, corrigen y auditan los mecanismos que determinan precios y subsidios. La transmisión de precios eléctricos afecta directamente la inflación, la inversión y la competitividad, por lo tanto, no puede depender únicamente de verificaciones tardías ni de controles administrativos que se activan cuando el daño ya está hecho. El Estado necesita fortalecer su capacidad técnica y la rendición de cuentas entre organismos. Las instituciones deben estar obligadas a revisar periódicamente las metodologías de cálculo y someterlas a auditorías independientes. También es indispensable una coordinación real entre el Ministerio de Energía, la CNE y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para evitar que un error sostenido durante años vuelva a pasar inadvertido.
La fe pública se sostiene en la certeza de que los errores tienen consecuencias y que los responsables políticos actúan con decisión. Gobernar no es solo administrar, también es asumir y corregir. Por eso, aunque las renuncias sean un paso necesario, el verdadero desafío está en restablecer la confianza mediante reformas concretas que aseguren que la transparencia no dependa de un hallazgo fortuito.
Tal como ha recordado la Contralora Dorothy Pérez, sin consecuencias no hay corrección posible. La negligencia se instala cuando no hay sanción ni aprendizaje. Y lo más grave, cuando la ciudadanía percibe que los errores se explican, pero no se reparan. El país necesita señales claras. Una comisión técnica independiente podría revisar la totalidad de los mecanismos tarifarios y los procesos de validación de datos en el sector energético. Esa revisión debe complementarse con un plan de modernización de la gestión pública que refuerce la trazabilidad, la evaluación de impacto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones críticas. Se gobierna hasta el último día. Y en ese tiempo, cada decisión define el estándar ético y político con el que se recordará a un gobierno. Restablecer la fe pública no depende solo de corregir un cálculo, sino de demostrar que Chile aprendió la lección y está dispuesto a evitar que la historia se repita.
Gabriel Pradenas Sandoval
Ingeniero Comercial, Magíster en Políticas Públicas
