Señor Director:
La condescendencia y simpatía que mostró el Ejecutivo para enfrentar el recientemente depuesto paro desarrollado por el gremio de los camioneros es peligroso. Independientemente de la legitimidad de la demanda que estuvo detrás de esta movilización, la rápida toma de posición del ministro Pérez – favorable, por cierto, a las exigencias de los manifestantes – contrastó con la reacción que tuvo el gobierno ante las masivas protestas iniciadas en octubre de 2019. La mano blanda de hoy – evidenciada en la presión del presidente al Parlamento y en el rechazo inicial a invocar la Ley de Seguridad del Estado, incluso ante la amenaza de cortar la cadena de abastecimiento en tiempos de crisis sanitaria y económica, además de la pasividad policial ante el desparpajo con el que se incumplieron medidas sanitarias básicas – está en las antípodas de la acción estatal que el pasado año culminó, en palabras de la Sociedad Chilena de Oftalmología, con una “emergencia sanitaria” producto de múltiples y gravísimas lesiones oculares en manifestantes – en sólo semanas, Chile superó a zonas de conflicto como la Franja de Gaza –, además de reiteradas denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.
Esta represión selectiva no sólo atenta en contra de la escasa legitimidad con la que cuenta el gobierno, sino que sienta un precedente con el potencial de generar una escalada de violencia que, ante una situación de ilegitimidad política, podría tornarse inmanejable. Es fundamental que el gobierno entienda la gravedad de esta ambigüedad, sobre todo considerando que nos encontramos en la antesala de un proceso constituyente que hoy se exhibe en toda su urgencia, pues su origen radica precisamente en un rechazo transversal a este tipo de abusos sistemáticos y arbitrarios.
Álvaro Muñoz Ferrer
Doctorando en Filosofía Universidad de Chile
