Bastante preocupación ha generado entre los vecinos de Parque Lantaño el proyecto inmobiliario que pretende construir 950 departamentos en 18 torres de cinco pisos cada una. Según los vecinos, no se trata de un rechazo caprichoso, sino que de un problema de conectividad que hoy se hace patente en las horas punta y que con la llegada de casi mil nuevas familias se agudizará, puesto que los flujos de tránsito alimentarán las pocas vías estructurantes ya colapsadas.
Y es que, efectivamente, recargar la única vía de acceso que tiene Parque Lantaño, así como también las arterias que lo rodean, con un número no menor de vehículos, parece un contrasentido cuando las autoridades buscan afanosamente implementar medidas para descongestionar la ciudad.
Sin embargo, como ha quedado de manifiesto en varios sectores de la ciudad, los tiempos de las inversiones privadas son muy distintos a los del aparato público, puesto que si una empresa requiere cinco años para concretar un conjunto habitacional desde su diseño hasta la entrega de las viviendas, el Estado puede tardar fácilmente veinte años o más en construir o ensanchar una avenida.
Desde el punto de vista legal, un municipio no puede negar el permiso de edificación a una constructora si esta cuenta con todos los requisitos legales, aunque el sentido común dicte que determinado proyecto empeorará la congestión.
El problema del impacto vial de los proyectos de infraestructura no es un tema nuevo en el país, y si bien hace más de una década existe una metodología definida por la legislación para medir los impactos y establecer las mitigaciones, en la práctica, algunas empresas –esperamos que este no sea el caso- logran burlar la legislación y sacar provecho de los vacíos legales de manera de evitar realizar los estudios respectivos, y en consecuencia, no invertir en las obras que contribuirían a mitigar los impactos.
Es sabido que al dividir el proyecto en etapas se puede construir un sinnúmero de viviendas sin preocuparse del impacto que generarán. De ahí la importancia de la responsabilidad y la ética de las empresas constructoras al asumir este tipo de iniciativas, pues la buena relación con el entorno es clave para la sustentabilidad del negocio y de sus marcas, y eso representa una inversión adicional, es decir, mayores costos.
Y aunque nadie desconoce que la inversión en vialidad es una responsabilidad del Estado, la que no ha sido asumida con eficiencia en Chillán, eso no se puede traducir en un virtual desentendimiento por parte de las constructoras a la hora de mitigar sus impactos, pues se trata también de asegurar un estándar de calidad de vida a sus clientes.
Se podrá argumentar que en la queja de quienes viven en el sector poniente hay también una cuota de temor a los nuevos vecinos provenientes de sectores socioeconómicos vulnerables, pues se trata de viviendas de programas de integración social, planteamiento que no tendría cabida en una discusión con altura de miras en un contexto que promueve precisamente la integración urbana y rechaza la abrumadora segregación de otros sectores de la ciudad; pero el discurso público de los residentes de Parque Lantaño, fundado en la necesidad de mejorar la vialidad antes de seguir densificando es, igualmente, irrebatible.
