Share This Article
Si se comparan los alegatos de apertura con los de clausura realizados por el Ministerio Público respecto al juicio por fraude al Fisco en la Municipalidad de Chillán Viejo, se advierten diferencias sustanciales.
Con claridad y sin la necesidad de forzar interpretaciones.
No se podría, de cualquier modo, traducir estos cambios como una retractación de lo planteado en la acusación original, y que apunta a desfalcos, colusiones, falsificaciones de firmas y otra serie de delitos funcionarios, puesto que la Fiscalía insiste en que sí se cometieron esos ilícitos.
Es más bien un replanteamiento de algunas acusaciones que asoman claves, pero que a juicio de las defensas de los diez imputados, “están totalmente fuera de lugar, resultan extemporáneas y solo demuestran que el Ministerio Público no estaba seguro qué era lo que estaba persiguiendo”, apunta el abogado Julio Espinoza, defensor de Lya González, acusada en el grupo 1 (simulación de contrato).
Específicamente, el fiscal Álvaro Serrano, en su disertación final alegó la existencia -además- de ilícitos como falsificación de certificados, malversación de caudales públicos para aplicación pública diferente y el uso de instrumento falso.
Si lo hizo es porque no habiendo artículo que le impida esta suerte de recalificación de los hechos (cambia el Derecho y no los hechos) en un alegato de clausura, asomaba como una estrategia que en efecto podría rendirle frutos.
Al hablar de “falsificación de certificados” (que no requieren la calidad de instrumentos de uso público) apunta a la enorme cantidad de actas de entrega y de compra que en efecto fueron visados con firmas falsas al interior de la Dideco, durante el periodo de preelecciones en 2012. Declaraciones y documentación entregada en el mismo juicio así lo demuestran.
En cambio, la acusación de “falsificación de instrumento público” en relación a esas actas, requiere de una interpretación jurídica que encuentra discordia hasta en la misma jurisprudencia nacional.
En segundo orden, la acusación de “malversación de caudales públicos para aplicación pública diferente”, apunta a ilícitos funcionarios que también quedaron en evidencia en las tandas testimoniales y de declaraciones, como el autorizar actas de compras para ciertos productos o servicios específicos para un evento en particular, (por ejemplo, el aniversario de un club deportivo chillanvejano) y, con ese dinero, auspiciar otros eventos.
Obviamente, los alegatos de las defensas, que arrancaron el miércoles, han hecho ver esta situación y se han defendido de estas otras aristas.
“Estos alegatos son los momentos que tenemos los abogados para explicarle al tribunal las apreciaciones que se tiene de las pruebas rendidas por Fiscalía y éste es el momento en que se debe darles el valor que realmente tienen, porque, como hemos visto acá, a veces los fiscales las exacerban. De una cosa pequeña han pretendido hacer algo grande y las cosas tienen su peso”, defiende Espinoza.
Suspensión, pero no cárcel
Recién la próxima semana se sabrá el único parecer válido en materia de resultados: el de los jueces.
Se espera que entre martes y miércoles, el tribunal de la sala 2, compuesta por la magistrado Claudia Montero (presidente), Raúl Romero y la juez suplente Claudia González, entreguen el veredicto, en el entendido que los alegatos de cierre, de los defensores que restan, se realicen entre hoy y el lunes siguiente.
Pero sin lugar a dudas que esta mirada extra que entregó el fiscal Serrano en sus alegatos abren una nueva posibilidad de sentencia que hasta entonces no estaba prevista.
Si se condena por estos tres delitos los acusados, en ningún caso, arriesgan penas privativas de libertad, pero sí la de suspensión de cargo u oficio público, con lo que prácticamente todos quedarían sin trabajo.
“Pero hay un aspecto que me parece fundamental en este escenario”, dice el defensor Rodrigo Vera Lama, representante de la empresaria Silvana Ríos (de Buses Ríos). “Sucede que si desde un comienzo el fiscal hubiese acusado por esos delitos, y no por los cargos formulados originalmente, que como se ha visto durante todo este juicio, no tienen asidero alguno, los acusados no hubiesen perdido su derecho a sufragio puesto que las penas asignadas no eran privativas de libertad”, completa.
Por lo tanto, hoy Felipe Aylwin no estaría suspendido de sus funciones como alcalde.
Cabe señalar que los otros funcionarios públicos acusados en este juicio, esto es Ulises Aedo, María Gabriela Garrido, Paola Araya, Jorge León e Ignacio Moreno, a diferencia del alcalde, no han sido suspendidos puesto que sus respectivos cargos no les exige votación en los concejos municipales.
El alcalde, por haber perdido su derecho a sufragio, en cambio, no puede ni votar ni presidir el concejo.
Finalmente, el abogado Giovanni Gotelli, representante del ex Dideco Jorge León, plantea que “este nuevo escenario tampoco me parece posible. Las actas de compras y las actas de entrega, son solo eso: actas. No son certificados, así que tampoco se estaría frente al delito de falsificación de certificados”.
Resaltar incongruencias
Hoy, los alegatos arrancan con la presentación del defensor de Ulises Aedo, el abogado Ricardo Robles.
Se espera un alegato cercano a una hora de tiempo, “y no voy a dejar pasar un análisis a lo muy mal investigado que estuvo todo. Los montos, ni ninguna cifra cuadraba, la calificación de los delitos no se correspondían con los hechos y más encima, ahora salen con esta recalificación de última hora”, dice.
Si bien anticipa un discurso analítico, propone también que “acá hubo una investigación basada en el informe de Contraloría y eso no es serio. Si las piezas de una investigación no calzan, sencillamente no calzan, no puede ser forzado”.
Si los tiempos se cumplen, podrían alegar a lo menos cuatro abogados más, ya que en su mayoría anunciaron exposiciones de entre 20 y 25 minutos.
Marcela Larraín, quien representa a Paola Araya, directora de Finanzas, dice que “hay muchos correos y otras pruebas que demuestran que mi representada no participó en ninguna de las acusaciones que le imputa la Fiscalía, pero además, quiero hacer presente que esta es una investigación llena de incongruencias”.
Más drástico se mostraría Rodrigo Vera Lama, cuyos alegatos apuntarán directamente a conseguir una condena en pago de costas de la causa al Ministerio Público.
“Aquí hubo desconocimiento de Derecho, la Fiscalía fue a mentir a la Corte de Apelaciones, diciendo por ejemplo, que Silvana Ríos se concertó con personal municipal para defraudar, cuando realmente ni la conocían. Yo pedí cambio de fiscal, pedí sobreseimiento y toda pérdida de tiempo, de pérdidas económicas para los acusados y de recursos del Estado deben ser pagados”.
