“Reestructuración de empresa portuaria genera decenas de despidos” (2019). “Empresa de calzado cierra fábrica y dejan centenas de cesantes” (2019). “Cerca de 4 mil trabajadores afectados por cierre de planta azucarera” (2018). “Crisis maderera en Bío-Bío y Ñuble lleva 300 despidos, un millar está en inminente riesgo de perder su empleo” (2019). “Pesquera inicia despido de 357 trabajadores por cierre de planta” (2019).
Titulares de la prensa local que da cuenta de la difícil situación que enfrenta la actividad económica de las regiones del país. Las regiones de B
iobío y Ñuble se han constituido en una de las zonas del territorio nacional, con mayor incidencia de cierre de plantas productivas, afectando negativamente el nivel de ingresos de varios miles de hogares.
La actividad de los pequeños industriales de la madera y contratistas forestales, otrora una de las de mayor incidencia en la actividad económica local, están enfrentando épocas muy complejas por la escasez de materia prima y la violencia rural. La crisis por falta de abastecimiento de materia prima no es un fenómeno nuevo para los industriales de la región; sin embargo, los incendios forestales que afectaron a más de 20 mil hectáreas de plantaciones de pino radiata en Biobío y Ñuble, han escalado la crisis a niveles insospechados. La violencia rural, por su parte, ha destruido impunemente el patrimonio de pequeños empresarios contratistas y dañado la cosecha de pequeños agricultores, generando incertidumbre en los hogares de vastos sectores del territorio.
Frente a esta calamidad, resulta difícil entender la lógica utilizada por las autoridades económicas, en cuanto a querer hacernos creer que el país esté preparado para enfrentar las adversas condiciones del mercado mundial. Del mismo modo, poco se entiende que se mantenga el optimismo frente a las cifras de empleo, considerando que la metodología que se utiliza no da cuenta de la pérdida de poder adquisitivo y vulnerabilidad de los hogares a los cuales pertenecen los miles de personas desvinculadas.
“La palabra ignorancia no es no saber cosas, significa no ver” (Claudio Naranjo, 1932–2019).
La ignorancia de la autoridad económica sobre lo que ocurre en el sistema productivo de las regiones del país, ha consolidado un modelo de desarrollo profundamente inequitativo. La creciente precariedad del mercado laboral, ha sido el efecto que mayor daño ha causado a los hogares, cuyo principal ingreso proviene de dicho mercado. El sobreendeudamiento que subyace sobre la caída de los ingresos corrientes, sigue generando un enorme costo social y ganancias sin límites para el sistema financiero y los prestamistas.
La ignorancia es la única explicación racional para entender la falta de sensibilidad de las autoridades del país respecto de la difícil coyuntura que enfrenta la pequeña y mediana empresa regional. Frente a esta realidad, resulta una paradoja el optimismo que busca transmitir la máxima autoridad del país cuando afirma que: “el segundo semestre va a ser mucho mejor, cóbrenme la palabra”.
¿Mejor para quién? ¿Qué palabra van a cobrar los hogares de los trabajadores finiquitados, si en menos de dos años se ha perdido todo valor y credibilidad en la palabra empeñada?
