Con certeza los abogados y periodistas que suelen cubrir los tribunales de justicia afirman que en una investigación por corrupción solo se conoce su inicio, pero lo que ocurra en su desarrollo y término es totalmente incierto. En algunos casos, no pasa del alarde de la denuncia o de ilícitos de baja monta, pero en otros, como el hilo de una madeja, comienza a desenredarse y a mostrar insospechados alcances y protagonistas.
Detrás de la corrupción en la administración pública siempre hay una apariencia de legalidad en la operación, sobre todo en las licitaciones millonarias. Ello se consigue con la ayuda de normas y procedimientos que dan la apariencia de que todo está en regla, pero que tienen disposiciones internas que facilitan la trampa o la discrecionalidad para favorecer a un proveedor específico, cobrar sobreprecios o aceptar sobornos.
El mecanismo es simple. El punto de partida es la necesidad de adquirir un producto o servicio, para lo cual se resuelve llamar a una licitación. Acto seguido se nombra una comisión para que haga las bases de dicha licitación. En esta fase suele comenzar la trampa. Mediante especificaciones de requerimientos técnicos, económicos y de plazos se favorece a un proveedor sobre otros a la hora de recibir las calificaciones.
La respuesta de si esto es lo que ocurrió en la Municipalidad de Chillán, en particular con la licitación de 12.454 luminarias LED que fue adjudicada a la empresa Itelecom por 3.200 millones de pesos (casi mil millones de pesos más que lo ofertado por empresas de mayor trayectoria), la tiene la Justicia. Hasta ahora hay dos altos funcionarios municipales formalizados por los delitos de cohecho y violación de secreto. También se sabe que no es un caso aislado, sino que sería una red de corrupción con operaciones en 22 ciudades del país, que desde 2017 a la fecha suma $44 mil millones.
Ante posibles actos de corrupción, especialmente cuando hay miles de millones de pesos que provienen de nuestros impuestos, el rol de la prensa independiente es fundamental. El periodismo se convierte en la tribuna en la que se exhiben los hechos, se contrastan versiones y se alimenta el debate. El rol de investigar, determinar responsables y castigar a los culpables, sin embargo, es de la Fiscalía y la Justicia.
En ese sentido, es muy importante evitar caer en una “caza de brujas” que en el caso de la municipalidad de Chillán puede estar fácilmente motivada por la contienda electoral que está prevista para la primera mitad del próximo año.
En denuncias de corrupción, mal uso de fondos públicos, tráfico de influencias y robo de las arcas estatales, recordemos que siempre hay varios responsables: no sólo el que paga, sino el que vende, el que supervisa, el que facilita y, en muchos casos, el que mira para el otro lado. La Justicia debe cumplir con su deber de sancionar a todos los implicados, pero también determinar quienes no lo son.
