Señor Director:
El litio en su marco jurídico es de todos los chilenos. De acuerdo al Código de Minería (art. 7) y a la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (art. 3), es un mineral no concesionable. Es decir, hoy en Chile solo puede ser explotado por el Estado, aunque en la práctica sea trabajado por privados mediante contratos especiales de operación, manteniendo bajo este sistema un tipo de adjudicaciones que son finitas y flexibles y que, por tanto, pueden ser modificadas de acuerdo a los intereses del país.
En este contexto, el gobierno ha presentado su Estrategia Nacional del Litio, que define la oportunidad para fortalecer el interés público mediante la firma del contrato de explotación del Salar de Atacama, hoy en manos de Corfo y Codelco. De concretarse este acuerdo, nuestros dos principales bienes naturales estratégicos serían explotados por el Estado, creando un círculo productivo virtuoso y, por tanto, todos los ingresos que se obtengan de esa explotación irían directamente al financiamiento de los programas públicos, en vez de que estos ingresos en su mayoría sean apropiados por la empresa privada.
Chile ya ha padecido casos en los cuales determinadas empresas han pagado los servicios de parlamentarios para orientar la formulación de leyes en favor de sus intereses particulares, como fue el caso de Corpesca, y también ha padecido los financiamientos ilegales de campañas políticas por parte de SQM. En este escenario, ¿hasta dónde llegarán las redes de corrupción en la nueva discusión estratégica de uno de los bienes definidos por la Unión Europea como una materia prima crítica para los procesos globales de transformación tecnológica?
Marcela Vera / Economista y académica Universidad de Santiago
