Juan Carlos Jiménez llegó a Chile en 2021. “Y sí reconozco que entré de forma irregular al país, porque estaba el lío de la pandemia, entonces, estaban las fronteras cerradas. Pero entré como asilado político, porque en Venezuela la crisis es incluso peor de lo que muchos creen o difunden en las noticias”, relata.
Sabe que ser venezolano en tierras chilenas -y en varias otras- hoy en día no es una muy buena carta de presentación. “Y entiendo que no nos quieran, no los culpo. Venezuela ha exportado a su peor gente a todo el mundo y la rabia e impotencia que siento cuando veo a venezolanos cometiendo delitos, créame, es mayor en mí que en ustedes”.
Por lo mismo, desde que pisó suelo chillanejo ha buscado regularizarse, y en dos ocasiones le han dado un Rut provisorio, lo que no puede ser usado como Visa.
“Este miércoles 2 nos citaron a una reunión en Extranjería. Ahí nos van a decir qué va a pasar con nuestras solicitudes y pueden que nos digan que seguiremos en el país o que nos tenemos que ir…si me dicen que nos tenemos que ir, voy a apelar. Somos muchos los que por haber salido del país de manera irregular, al volver nos pueden detener y enjuiciar por Traición a la Patria. Eso puede llegar a significar 25 años de cárcel”, comenta.
Trabaja y ha emprendido como mecánico, sueña con establecer un taller de manera regularizada. Sus hijos estudian en la Educación Municipal y uno de ellos es chileno. No tiene anotaciones penales de ningún tipo ni problemas que alguien pudiera sacarle en cara. Pero para la Justicia es un ciudadano irregular.
Casi el 45% de los extranjeros en Ñuble lo son, conforme a las cifras que se manejan en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Chillán , unidad en la que Jiménez ha estado en muchas oportunidades, y que tuvo que aumentar en casi un 40% su dotación debido a la sobrecarga laboral que les exige la crisis migratoria que, hasta el momento, ha sido un problema grave, irresoluto y común en casi toda América y Europa.
En 2024, la PDI realizó 1.600 fiscalizaciones a extranjeros en las 21 comunas de Ñuble. De ellos, sobre 700 fueron denunciados por permanecer o por haber ingresado de manera irregular. Esto representa un 400% más, respecto al año 2023.
“Pero no es cierto que haya un porcentaje muy alto de inmigrantes dedicados a la delincuencia. Es más, es un porcentaje muy bajo, si dijera que son el tres por ciento, tal vez, estaría exagerando” advierte el subprefecto Víctor Morales, jefe de Migraciones de la PDI.
Ñuble sin bandas extranjeras
Dentro de la planificación por la que se rige Migraciones, se incluye una fiscalización masiva mensual, con despliegue por las 21 comunas de Ñuble, más otras aleatorias con rangos semanales o quincenales.
La tarea provee a la PDI de insumos informativos que se van a la Oficina de Análisis, la que a su vez la utiliza para planificar en materia de fechas, horas, lugares y actividades a fiscalizar en las siguientes rondas.
“Es así como se determina dónde hay, llamémoslo un punto rojo, dónde hay más extranjeros o dónde podemos encontrar extranjeros infractores a la ley 2825, o la búsqueda también de extranjeros que registren, que tengan vigentes expulsiones, que es otro proceso que corre paralelo dentro de las fiscalizaciones que hacemos nosotros”, detalla el subprefecto.
Este trabajo es el que les ha permitido detectar a esos cerca de 700 inmigrantes irregulares, pero también a quienes están en condición de ilegal, diferenciación (conforme a la ley actual) que hoy hace referencia a quienes ingresaron al país pese a la restricción por contar con antecedentes penales, o aquellos que cuentan con órdenes de expulsión del país, por la misma razón.
En esta condición de “ilegal” la PDI de Chillán detectó a 14 personas en 2024 y “este año ya van 10”, aclara.
Sobre este punto pide destacar que “generalmente se trata de personas que están de paso, o bien han sido detenidos por otras unidades, como Antinarcóticos, cuando trasladan droga hacia el sur. Sin embargo, hay que aclarar que no hemos conocido de bandas delictuales extranjeras con domicilio en la región de Ñuble”.
De todas formas, Morales aclara que “no sabemos si hay más extranjeros que antes. Si se sacara un estimado nacional y empezamos a comparar los datos de la PDI con los del Servicio de Migraciones, se podría dar un rango y decir que en el 2023 ingresaron quizás el doble de personas. Pero por lo que nosotros hemos advertido acá, considero -en lo personal- que ha ido en aumento el ingreso clandestino de extranjeros”.
Acusan aprovechamiento
Las fiscalizaciones, les ha permitido a los funcionarios policiales caracterizar las labores y los lugares escogidos por los extranjeros, según su nacionalidad.
“Los venezolanos y los colombianos, son tal vez más urbanos. Les gusta trabajar en el tema del delivery, como Uber, en locales comerciales, y en cierta medida -al igual que los ecuatorianos- en el comercio ambulante. También se encuentran en los servicentros, en los food track, barberías, talleres mecánicos, y también hay muchos en los casinos. Ahí, en su mayoría son mujeres, y están todos fiscalizados”, explica.
Por otro lado, haitianos y peruanos son ubicables en actividades urbanas, como en el mundo rural. “Pero los que son casi exclusivamente de trabajar en el mundo rural, como temporeros, son los bolivianos. Ellos siempre están de paso, recorren todo el país en busca de faenas”, describe el subprefecto, quien añade que “nunca hemos detectado un boliviano cometiendo delitos, no al menos, acá en Chillán, por lo general, son los más tranquilos”.
Nunca, “salvo un caso que tuvimos este mes, cuando un ciudadano de ese país, que trabajaba como contratista, me ofreció 2 millones de pesos, como soborno para que no realizáramos el procedimiento correspondiente a haber encontrado a 40 personas de este país, de ellos, 31 estaban trabajando con visas falsificada y viviendo en condiciones de hacinamiento”, aclara.
Los 40 estaban en un galpón de no más de 40 metros cuadrados, durmiendo en literas, separadas por frazadas. Compartían un solo baño con tres duchas y tres tazas.
“Sabemos que esas visas fueron falsificadas en Chile, por lo que ya abrimos una investigación en esa línea. Y también se está investigando al dueño de la empresa, porque ya hemos constatado en otras oportunidades que en estas empresas se aprovechan de la situación de los migrantes, les pagan menos y los ponen a vivir en condiciones como las descritas”.
Este año, un caso similar se detectó en Chillán, cuando se fiscalizó a un empresario chino quien tenía a una veintena de personas de ese país, viviendo en el segundo piso de su local, viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
“Hay un aprovechamiento, lamentablemente, de empresarios chilenos, por lo que también contamos con algunas aristas investigativas que van en esa dirección”, confirma.
Morales especifica que “lo que hacen, para evitar sanciones, es que los contratan mediante un subcontratista, generalmente extranjero, el que a su vez, le paga a otra persona para que los reclute”.
Las esperas por una visa definitiva, dada las exigencias de la nueva ley de migración, pueden tomar décadas.
El ciudadano peruano Julio Valdivia, la obtuvo recién este mes, después de pelear por ella desde el 20o5, cuando llegó por primera vez a Chillán.
“El jefe de la PDI de ese tiempo me rechazó la visa porque yo trabajaba desde otra ciudad y tenía contrato en Chillán. Pero lo que no entendía es que como soy programador de páginas web, trabajo de manera telemática y no solo para Chile, sino para empresas de otros países”, relata.
En estos 16 años ha pasado “por todas”, dice. Relata malos tratos desde la oficina gubernamental de Migraciones, hasta el haber apelado en varias oportunidades por anuncios de expulsión del país.
“Si uno se queda, es porque quiere mucho al país, a la gente que he conocido y a la ciudad. Pero no es fácil, menos ahora que la discriminación es compleja, por el tema de la delincuencia. Lo único que pido es que no metan a todos al mismo saco”.
