Siempre han existido.Personas con trastornos severos de salud mental que deambulan por las calles, que gritan, que alteran la rutina de un barrio y que terminan formando parte del paisaje urbano, como una anomalía normalizada.
El historiador chillanejo, Marco Aurelio Reyes, recuerda que en décadas pasadas hubo casos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Algunos generaban temor, otros incomodidad, varios simple desconcierto. “Siempre los hubo”, dice. Personas con conductas erráticas, con episodios de furia, con crisis públicas que el vecindario aprendía a tolerar o a esquivar.
Y aunque quizás el caso más emblemático de todos, el del “Pescado Loco”, quien sentara un precedente único de necrofilia en Ñuble, es de la década de 1970, “siempre los hubo. En los 80 hubo dos mujeres terribles, a una que era ciega le decían la Huachanga y que cuando se enojaba se quedaba gritando garabatos como una hora: la otra, una mujer que la gente le llamaba La Pancora, porque se ponía roja cuando se enojaba. Ella sufría de ataques de furia y empezaba a gritar groserías y se desnudaba”, recuerda el historiador chillanejo Marco Aurelio Reyes.
Otros casos que no pocos recuerdan era el de un hombre, también en la década de 1980, que por su sobrepeso y pelo corto lo bautizaron como el humorista Pepe Tapia. Su problema era que solía salir a caminar desnudo por el centro de la ciudad.
Pero, según Ricardo Asfura, exprefecto de Carabineros de Ñuble, el fenómeno mutó y tiene un factor de lata complejidad que lo empeora todo: “Esa gente, quizás con problemas de alcohol o con cuadros psiquiátricos no tratados, no andaba asaltando ni robando ni agrediendo sistemáticamente a otras personas. Lo que cambió, para mí es claro: el consumo de drogas que hoy hace nata en la región”.
Esa diferencia —entre el desorden y la violencia— es la que vuelve el tema a la agenda pública.
Hoy, por ejemplo, en el sector Iansa de avenida Argentina, en Chillán, un hombre de nacionalidad colombiana mantiene atemorizado a vecinos y comerciantes. Acumula denuncias por agresiones, amenazas y daños. Según testimonios del barrio, consume drogas a diario. Ha sido formalizado, pero sigue en libertad.
El caso reinstala una pregunta que se repite cada vez que un episodio similar estalla en la ciudad: ¿qué herramientas tiene el Estado para enfrentar estas situaciones?, ¿Se trata de un problema penal, de salud mental, de consumo problemático o de todos a la vez?
La ecuación es compleja. En Ñuble circula hoy mayor cantidad y variedad de drogas que hace dos o tres décadas. Y, de acuerdo con cifras del Servicio de Salud Ñuble, hacia 2023 cerca de 25 mil personas en la región presentaban algún tipo de diagnóstico en salud mental, un aumento cercano al 48% respecto de 2018.
La inmensa mayoría de esos casos no está asociada a conductas violentas. Sin embargo, cuando trastornos psiquiátricos no tratados se cruzan con consumo problemático y con escaso seguimiento institucional, el resultado puede transformarse en un conflicto permanente para comunidades completas.
En el plano penal, la discusión suele girar en torno a la inimputabilidad. Pero en este caso —según el abogado Bernardo Barrios, quien presentó una querella— el sujeto ha sido formalizado, lo que descarta esa figura. “El problema no es la inimputabilidad, es que lo dejan libre”, afirma.
Y sigue libre.
Vecinos relatan fracturas, amenazas, escupos, daños a propiedad privada, fogatas encendidas en antejardines y episodios reiterados de violencia. Más que un hecho aislado, describen una convivencia forzada con la incertidumbre.
Otros casos, también conocidos por Carabineros, son el de un hombre con diagnósticos médicos severos quien sufre de ataques de ira, agrediendo al personal de su edificio, a los trabajadores de un restorán cercano a su residencia e incluso al mismo personal policial que ya muestran estar hartos de detenerlo una y otra vez para verlo salir libre del tribunal al día siguiente por falta de leyes que prioricen la seguridad de la comunidad por sobre la de este tipo de agresores.
Y no menos molesto para la gente del sector suroriente de Chillán, es el caso de un hombre quien en ocasiones se baña desnudo en una pileta a la hora que los escolares de un establecimiento cercano salen de clases.
Estos hechos obligan entonces a ampliar el foco.
No se trata solo de un grupo de individuos. La pregunta es si la infraestructura pública, los protocolos de salud mental, los criterios judiciales y la coordinación interinstitucional están preparados para enfrentar situaciones de este tipo.
O es que tal vez, como ha ocurrido por décadas, estas personas seguirán oscilando entre la calle, el tribunal y el abandono, mientras los barrios aprenden —una vez más— a adaptarse a esa realidad.
Se avanza…pero de a poco.
Datos del Servicio de Salud Ñuble advierten que el escenario de la salud mental ha presentado variaciones considerables tras los años que sucedieron a episodios como las manifestaciones del 1-O y la pandemia del Coronavirus.
La doctora Claudia Quezada Nitor, psiquiatra y jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), admite que “estos son casos que requieren nuestra atención porque, efectivamente, aunque pese a que son aislados, tienen la suficiente connotación para que causan riesgo para la comunidad y también para sí mismos”.
Luego, pide tener siempre en claro que no toda conducta agresiva en la vía pública responde necesariamente a un trastorno psiquiátrico severo, y que en la mayoría de los casos confluyen múltiples factores, como consumo problemático de sustancias, vulnerabilidad social y ausencia de redes familiares.
Y si hablamos de redes, es entonces que vale mirar el cuadro comunal completo. De acuerdo con cifras oficiales, hacia 2023 cerca de 25.500 personas en la región registraban algún diagnóstico vinculado a salud mental, lo que representa un aumento cercano al 48% en comparación con 2018.
Sin embargo, desde la red asistencial subrayan que estos diagnósticos abarcan un espectro amplio que incluye cuadros de ansiedad, depresión, trastornos adaptativos y otras patologías que, en su gran mayoría, no están asociadas a conductas violentas.
Lo complejo del punto es el agregado del consumo de drogas.
Sólo las estadísticas de Carabineros muestran que el 2025 cerró con un alza del 50,4% (respecto a 2024) de procedimientos relacionados con drogas en Chillán, mientras que desde el Senda Previene, se expuso el año pasado que “en lo que respecta al consumo de marihuana se estima que la prevalencia de consumo de marihuana alguna vez en la vida de los estudiantes de la comuna es de 13,2 %, mientras que en la región esta prevalencia llegaría a 13,4%”.
Además, se detectó que “la prevalencia de consumo de tranquilizantes alguna vez en la vida” de los estudiantes de la comuna es de 21,3%, mientras que en la región esta prevalencia es de 18,9%.
En cuanto al llamado Pilar Familia, una de las conclusiones reportadas por los estudiantes indica que, a pesar de la importancia de ella, los estudiantes de la comuna de Chillán indican que es “es difícil” o “muy difícil” obtener una conversación sobre temas personales con sus padres.
En términos de infraestructura, la atención de salud mental en Ñuble se articula principalmente a través de la red de Atención Primaria y de los Centros Comunitarios de Salud Mental (Cosam), además de las unidades de psiquiatría hospitalaria.
El modelo vigente privilegia el tratamiento ambulatorio y la integración comunitaria por sobre la institucionalización prolongada.
Según explicó la doctora Quezada, los casos de descompensación severa pueden requerir hospitalización, pero esta se rige por criterios clínicos específicos y, en situaciones de riesgo para terceros, puede incluir internación involuntaria conforme a la normativa sanitaria vigente.
No obstante, estas medidas son excepcionales y deben estar debidamente fundamentadas.
La autoridad precisó que la red cuenta con protocolos para abordar crisis psiquiátricas, pero que el sistema de salud no tiene atribuciones para actuar por sí solo frente a conductas delictuales, las que corresponden al ámbito judicial. En ese cruce —entre salud, seguridad pública y justicia— es donde suelen generarse las mayores tensiones.
“Esos casos de personas agresivas, generalmente pueden acceder al sistema de salud por dos días o tres, siempre que la persona voluntariamente quisiera hacer un tratamiento, pero sabemos que si está muy descompensado no va a aceptar”, explica.
Por lo demás en ese marco que suele confundir a la policía respecto a si se trata o no personas inimputables, es que los procedimientos suelen quedar en nada.
La doctora, en este punto específico aclara que “hemos tenido reuniones con carabineros y hemos explicado que no todo usuario grave de salud mental es inimputable, eso tiene que ser determinado por cada causa un peritaje”.
Apenas cuatro centros en Ñuble
En la región apenas hay cuatro centros de salud mental y ninguno de larga estadía. En el resto del país, la situación tampoco es mejor.
Para la doctora Quezada, “tenemos una brecha histórica importante en recursos, en infraestructura, pero que se ha ido acortando en los últimos años, se ha dedicado a más presupuestos de salud mental, se han hecho nuevos dispositivos, por ejemplo tenemos ahora un hospital infanto-adolescente, que antes no teníamos, se inauguró hace poco y estamos creando un nuevo complejo para poder contar con más camas para los casos más graves”.
Y si se trata de casos graves con afectación a terceros “la gente no puede olvidarse que debe hacer la denuncia. No debe pensar que si la persona tiene problemas es inimputable. Esta persona (el colombiano) me dejó un moretón en las costillas cuando fui al hospital por un problema de salud de mi hija. Ya presenté una querella, y sé que hay muchas personas con problemas, pero en el tribunal ya lo conocen y saben que es perfectamente imputable, entonces las personas deben seguir denunciando”, comenta el abogado Bernardo Barrios.
Cierto, también los vecinos del sector Iansa tienen malas experiencias con eso de llamar a la policía y denunciar.
“Una vez vinieron cuando los llamé, sólo le dijeron que no siguiera molestando. Y después se fueron”, cuenta una de las víctimas recurrentes del denunciado.
Otros aseguran que apenas ve las balizas policiales se esconde y las policías se retiran minutos después.
“Lo que pasa”, dice el exprefecto Asfura, “es que para un policía esta es una situación muy compleja, porque no saben si la persona es o no paciente psiquiátrico y cualquier golpe o lesión que sufra, se les vienen las penas del infierno. Eso sin contar que también se pierde sentido el detener y detener a una persona que al otro día va a andar suelta, de nuevo. Algo está fallando, cierto, pero no es la policía”, cerró.
