Insinuar que el caso Apocalípsis “destapó” una red de corrupción entre gendarmes y reos en la cárcel de San Joaquín, en la región Metropolitana; o plantear que “al parecer” este es un modelo quizás exagerado de un sistema que se arrastra por décadas en casi todos los penales de Chile, sería sencillamente una hipocresía. El problema se ha conocido desde siempre.
Tampoco se puede formular que la investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana es un rotundo espaldarazo al anuncio presidencial de impulsar una reforma constitucional para traspasar Gendarmería de Chile desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, ya que una de las entidades que se eliminarían de raíz serían los gremios y sindicatos de Gendarmería, y que son las asociaciones que llevan denunciando por años las falencias, carencias y las “embarradas” de la oficialidad.
Hasta el momento sólo ha quedado claro que la reforma no lo resuelve todo y las dudas surgidas no han sido aclaradas en muchos aspectos. Y ahí entramos como región.
Sobre los avances entre el Gobierno Regional y Justicia no hay claridad si vuelven o no a foja cero con el cambio de administración ministerial. Tampoco se sabe si las negociaciones de asociaciones como la Anfup para mejorar la carrera funcionaria y las condiciones laborales desde la infraestructura y asignaciones por escalas, siguen o no en carrera.
Lo que se juega Ñuble en este “experimento” es mucho. Cárceles hacinadas, infraestructura que en algunos casos se compone de una mezcla entre carpintería y albañilería (como en Quirihue) o tecnología de control de accesos propia de los años 90. Y sí, también entran drogas y celulares como si fuera la norma más que la excepción en el penal chillanejo.
Lo único que tenemos en la región para entender nuestro futuro carcelario son las declaraciones oficiales en etapa primaria del seremi de Justicia, Jorge Muñoz; y las visiones negativas y críticas del presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Peintenciarios (Anfup), suboficial Cristián Montecinos, el único en esa entidad (oficialismo incluido) que ha tenido la deferencia de dirigir palabras y aclarar posturas para los vecinos de Ñuble, por quienes -supuestamente- trabajan.
El seremi de Seguridad en Ñuble, dijo a LA DISCUSIÓN que con el cambio de cartera, en enero próximo, de todas formas se busca “ m antener la reinserción social en el Ministerio de Justicia. Esto implica una reforma estructural que fortalece el rol de Gendarmería como institución de Orden y Seguridad Pública” .
Y en cuanto a los efectos para Ñuble , “creo que los principales efectos esperados van en la línea de mejoras en la seguridad penitenciaria con mayor coordinación con las policías y el Ministerio Público, más recursos y capacidades operativas para enfrentar hechos de violencia, ingresos de elementos prohibidos y control interno de los recintos, separación clara entre seguridad y reinserción, permitiendo programas de rehabilitación más especializados para las personas privadas de libertad y también el resguardo de los derechos laborales de los funcionarios en general, sin pérdida de beneficios”, añadió.
El seremi busca destacar que el Ministerio de Seguridad busca avanzar hacia una institucionalidad moderna, fortalecida y con mecanismos adecuados de participación y resguardo laboral, en coherencia con el nuevo rol que asumirá Gendarmería en el sistema de seguridad pública del país.
“Para nuestra región,
ésta es una iniciativa necesaria que, si bien es cierto, estuvo postergada por años y hoy tiene un nuevo énfasis, el objetivo es claro : que la próxima administración reciba el proceso resuelto y en etapa de implementación, mejorando de esa manera tanto las condiciones de trabajo de las y los gendarmes como lo son la seguridad y convivencia en el interior. Es lo que queremos para cada uno de los recintos penitenciarios de Ñuble”.
“Buscan eliminar el contrapeso”
Cerca de las 09:30 de la mañana del pasado lunes 22 de diciembre, el suboficial Cristián Montecinos presidente regional de la Anfup, comparte por Whatsapp a varios de sus contactos un video que mostraba a un grupo de funcionarios en formación recogiendo sus uniformes e implementos desde bolsas de basura acopiadas en el suelo de un patio de cemento.
“Eso es para que t ú veas la indignidad con que se trata al personal. Este es el tipo de situaciones que la plana mayor quieren que se sigan tapando, esto es lo que no quieren que se siga denunciando”, acompañaba como mensaje al impactante video.
Los paros “éticos” encabezados por gremios como la Anfup, denunciando malas prácticas laborales, o antiguamente, la aplicación de turnos inverosímiles , como el famoso 4×4, es decir, cuatro horas de trabajo, cuatro horas libres y cuatro horas de trabajo, de nuevo en un mismo día, al que se sometía a los funcionarios, fueron hechos que denunciaron los gremios .
Antecesores de Montecinos, incluso acusaron que como equipamiento les llegaban chalecos antipuñales ya vencidos o incluso más denigrante, que les llegaban como calzado los bototos dados de baja en Carabineros.
El “caso jubilazo Gendarmería” se refiere al escándalo de 2016 por pensiones millonarias de exfuncionarios de Gendarmería, destacando el caso de la exdirectora, Myriam Olate (esposa del diputado Osvaldo Andrade) con una pensión superior a $5 millones, gracias a un sistema previsional especial (Dipreca) que permitía tomar los últimos sueldos, sin tope, lo que llevó a una investigación por fraude al fisco, pese a que la Contraloría inicialmente aprobó su jubilación, y el caso reveló un patrón de más de 600 jubilaciones desproporcionadas antes de que se aplicara un límite de 60 UF a estas pensiones en 2015.
La teoría de Aguirre Hrepic es que, a partir de ese abuso, más otras irregularidades como el que directores civiles de la institución fueran inveucieran en sus prendas los distintivos que representan esos grados, generaron una suerte de “idea que si los jefes podían hacer cosas irregulares, nosotros también podemos”.
Es por eso que, para Montecinos, este cambio de ministerio es un retroceso en la transparencia.
“Parece que nadie ha reparado en que este cambio es un traje a la medida para beneficiar a un puñado de personas al interior de la institución, ya que la cúpula de Gendarmería se concertó para obtener pensiones millonarias, lo que se conoce como el “Jubilazo”, en 2016 y generó un patrón de conducta que se potenció con la llegada de grandes traficantes a las cárceles y muchos de ellos se terminaron de convertir en delincuentes”, sostuvo.
Entonces, en la Anfup, dicen que “si para las autoridades, el problema son las asociaciones, que somos los que denunciamos los hechos graves, no es necesario un cambio de ministerio, sino que modificar con un par de comas, en el artículo primero de la Ley 19.296 para dejarlo en que “todos los trabajadores del Estado, no adscritos a la Caja de Reparto Solidario, podrán formar asociaciones y sindicatos” y con eso lo arreglan todo, pero claramente lo que se busca es que la oficialidad no tenga contrapeso”.
Pero no hay vuelta atrás. Casi como si se tratara de un panegírico, el seremi Muñoz, comentó que “ queremos valorar también profundamente el rol que ha cumplido para Gendarmería, particularmente la Anfup, que por más de 65 años ha representado a todos los funcionarios contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones laborales y también al fortalecimiento de la institución. Su aporte histórico es indiscutible”.
Sin embargo, aclara que el proceso de transformación de Gendarmería en una institución de orden y seguridad pública implica un marco jurídico distinto.
Por tanto, añade que la legislación vigente no permite la existencia de asociaciones gremiales en instituciones armadas o de seguridad, por lo que se subentiende que esa modalidad no podrá mantenerse en el futuro.
“Pero creo que lo importante es de igual forma transmitir tranquilidad dentro de este proceso que está todavía obviamente avanzando. Este cambio no significa pérdida de derechos ni beneficios para los funcionarios”, concluyó.
Mejoras indirectas en Ñuble
Si bien el anuncio ha estado enfocado en cambios institucionales y de mando, en regiones como Ñuble las dudas permanecen.Por ahora, no existe vinculación directa entre la reforma anunciada y proyectos de infraestructura penitenciaria en regiones. Las obras —nuevas cárceles, ampliaciones o traslados— se definen en presupuestos y leyes específicas, no en la ley que cambia el ministerio al que se reporta Gendarmería.
Esto significa que, en lo inmediato, la reforma no garantiza nuevas inversiones para los penales de Ñuble.
No obstante, sí podría influir de forma indirecta, porque si el Ministerio de Seguridad Pública busca reforzar el control penitenciario como política de seguridad, podría priorizar recursos en regiones donde hay sobrepoblación penal, falta personal capacitado, y donde existen riesgos de infiltración criminal, como los detectados en la Operación Apocalipsis.
Por otro lado, un mando unificado de seguridad podría facilitar más presencia operativa en cárceles rurales o medias, mayor coordinación con policías y delegaciones presidenciales y la presión desde regiones para acelerar proyectos.
Oportunidad política
[El cambio ministerial no soluciona por sí mismo la falta de infraestructura moderna. Pero puede significar una oportunidad política para que Ñuble vuelva a la agenda nacional penitenciaria.
Y ese tiempo puede ser mayor o acortarse dependiendo del manejo político y liderazgo de actores como los parlamentarios o el mismo gobernador regional, quien al menos ya consiguió que se anunciara por parte de Justicia, la puesta en marcha de un estudio de factibilidad para sacar la cárcel del centro de Chillán.
Hay tres indicadores que podrían mostrar si esta reforma tendrá impacto real, como el financiamiento en el corto plazo para infraestructura y dotación; el anuncio de la profesionalización penitenciaria, con nuevos protocolos y formación; y la coordinación operativa, que apunta a la reducción del crimen y desintegración del crimen organizado en las cárceles.
Por lo tanto, las próximas leyes de presupuesto y seguridad serán clave para ver si el gobierno y el Congreso están dispuestos a invertir en las cárceles, y no solo a reorganizar el organigrama.
