El anuncio de $1.140 millones para un nuevo estudio de prefactibilidad reactivó el debate sobre la anhelada cárcel regional de Ñuble. El gobernador Óscar Crisóstomo lo presentó como el primer paso concreto en años para trasladar el penal de Chillán, tras décadas de intentos fallidos y con lápida incluida, luego de que la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, descartara la iniciativa en 2022.
Sin embargo, la iniciativa no parte, en estricto rigor, desde cero. Documentos técnicos, mesas ministeriales y un prediseño elaborado años atrás dan cuenta de un proyecto que ya había avanzado, pero que terminó estancado en medio de críticas públicas, oposición territorial y —según exautoridades— presiones políticas que frenaron su ejecución, “a tomatazos e insultos”.
Para quienes no manejan los aspectos técnicos del sistema de inversión pública, puede resultar complejo entender por qué se decide realizar un nuevo estudio —lo que para autoridades anteriores constituye una pérdida de tiempo y recursos—. Desde el Gobierno Regional, que hoy asume un rol más protagónico que en procesos anteriores, se argumenta que esta etapa será desarrollada por una empresa externa de ingeniería y cuenta con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, a través del ya obtenido RS.
En medio de esta tensión político-técnica surge un elemento que antes no estaba: el gobernador, en diálogo con La Discusión, dejó claro que está dispuesto a asumir la responsabilidad de respaldar el emplazamiento que defina el equipo técnico, independiente de las presiones que puedan surgir. Y, en efecto, esa definición política no había estado presente en intentos anteriores.
La política es sin llorar
Fue en septiembre de 2019 cuando la entonces seremi de Justicia, Jacquelinne Guíñez, acompañada por el director regional de Gendarmería de la época, coronel Gonzalo Hermosilla, y la encargada de proyectos de la institución, Daniela Moraga, ingresó a la sala del Concejo Municipal de San Carlos para presentar el proyecto de cárcel regional que pretendía emplazarse en el sector rural de San Miguel de Ablemo.
El entusiasmo inicial —marcar un precedente en arquitectura carcelaria nacional, con un modelo centrado en la reinserción, la educación y, sobre todo, en la seguridad del entorno— se desmoronó antes de que pudieran desplegar el primer plano.
Una multitud de vecinos los esperaba en las afueras del municipio con pancartas y lienzos. Apenas los vieron llegar comenzaron los gritos y los insultos.
El ingreso al salón tampoco ofreció alivio. Concejales y otros personeros comunales impidieron siquiera la introducción formal del proyecto y, entre intervenciones dirigidas más a la galería que al debate técnico, el entonces alcalde Hugo Gebrie decidió cerrar la sesión.
¿Los tomates? Sí, los hubo. Volaron cuando la comitiva abandonaba el edificio consistorial.
“Se supone que nadie sabía que veníamos, salvo el alcalde. Tampoco conocían el contenido de la presentación porque queríamos que la escucharan sin prejuicios. Alguien filtró esto y corrieron el rumor entre la gente”, recordó la exseremi
En privado, añadiría que “imagino quién pudo haber sido”, en alusión a un parlamentario de la zona, en alusión al llamado “fuego amigo”.
Pero la seremi sabía que la política es sin llorar y no hizo mucho al respecto. No al menos de manera pública.
Pero cuesta aceptar que el Estado esté dispuesto a comprometer miles de millones de pesos en un proyecto para determinado sector. La animadversión vecinal, sin embargo, no habría sido el único factor.
“Teníamos la esperanza de que este proyecto pudiera avanzar, pero tuvimos a los diputados y a los consejeros regionales de ese momento en contra, y eso que no tenían la información completa ni se preocuparon de tenerla. Se opusieron solo para no poner en riesgo su popularidad”, afirma Guíñez.
En la misma línea, el coronel (r) Hermosilla añade: “Lamentablemente, nadie quiere una cárcel cerca de su casa. Pero esto también movía, desafortunadamente, hilos políticos, y eso lo vimos cuando fuimos a San Carlos. Fue un claro ejemplo del riesgo que se corre cuando se propone un emplazamiento en zonas pobladas”.
Sería ingenuo pensar que este tipo de reacciones no había sido anticipado. Ya en 2008, el entonces ministro de Justicia, Felipe Harboe, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, anunció que su administración dejaba recursos comprometidos para una nueva cárcel y sostuvo que, frente a eventuales oposiciones, “el Gobierno debe gobernar”.
La frase, sin embargo, quedó suspendida en el cambio de administración que dio paso al primer mandato de Sebastián Piñera. Nadie recogió el guante entonces.
No hasta ahora: “Yo he asumido el liderazgo en esta materia, sabiendo que es un tema complejo, que implica conversaciones, pero que es altamente necesario. Lo que queda por delante es una decisión del nuevo gobierno para seguir avanzando al ritmo que llevábamos en los últimos meses”, sostuvo Crisóstomo.
A días de la instalación de la nueva administración presidencial, plantea que el Ejecutivo tiene la oportunidad de ser quien, finalmente, impulse el diseño e incluso deje iniciada la obra, ya sea mediante inversión directa o concesión.
“Espero que el nuevo gobierno entienda la necesidad de trasladar la cárcel. La decisión final quedará en sus manos, y yo voy a seguir exigiendo e insistiendo en que esto se concrete”, concluye.
Un nuevo estudio
La semana pasada cerró en lo noticioso con el anuncio del gobernador de Ñuble respecto a la aprobación de $1.140 millones para realizar un nuevo estudio de prefactibilidad.
Y aunque los documentos llevan las firmas del Ministerio de Justicia, en el Gobierno Regional lo interpretan como el resultado directo de su insistencia.
“Lo que hemos hecho hasta el día de hoy es accionar distintos mecanismos de gestión para solicitarle y exigirle al gobierno que avanzara en este proceso”, dijo Óscar Crisóstomo, quien califica el paso como el más concreto de los últimos años.
Sin embargo, Jacquelinne Guíñez relativiza el logro.
“No veo el punto de hacerlo de nuevo. El equipo técnico de Gendarmería y la Mesa de Cárceles ya hicieron ese estudio, y además existe el de factibilidad. Lo que falta es el diseño”, sostiene.
La exseremi insiste en que en la región no se ha revisado en profundidad el trabajo ya desarrollado. “Espero que las autoridades que se incorporen conozcan los proyectos a fondo. Hay mucha información, se han hecho varios análisis y, si se realiza uno nuevo, probablemente se llegará a conclusiones muy similares. Más que un avance, lo veo como un retroceso y un gasto de recursos que el Estado podría destinar a otras prioridades”.
En la misma línea se manifiesta la ingeniera comercial, magíster en Administración y diplomada en preparación y evaluación de proyectos, Daniela Moraga, quien estuvo a cargo de la iniciativa en 2019.
“Gendarmería tiene un departamento de proyectos. Entonces, no tiene sentidogastar tanta plata en prefactibilidad ni en factibilidad, si tienes ingenieros y una mesa de cárceles que ha trabajado en eso, ya con tres ministerios”.
La ingeniera advierte incluso que “nosotros, el diseño lo teníamos listo.”
Para el Gobierno Regional, sin embargo, ambos estudios no son equivalentes.
“Lo efectuado en 2019 correspondió más bien a una fase de prospección y preselección de terrenos. Se realizaron consultas al mercado y se identificaron posibles alternativas, pero no se trató de un estudio técnico integral ni fue desarrollado mediante un proceso formal de licitación, como exige el ciclo de inversión pública. Por eso no prosperó”, señalaron desde la entidad.
Agregan que el estudio de prefactibilidad que obtuvo el RS del Ministerio de Desarrollo Social contempla una evaluación más amplia y estructurada. “Incluye análisis integral de terrenos públicos y privados, estudios de riesgo, revisión de la normativa, desarrollo de estudios base, elaboración de un anteproyecto y una evaluación económica y financiera. Implica un nivel de profundidad técnica y formalidad administrativa significativamente mayor”, explicaron.
Determinar cuál de las miradas se impondrá en la práctica es algo que tomará tiempo. Estos estudios pueden extenderse por cerca de dos años y, si el objetivo final es la colocación de la primera piedra, el horizonte podría ser aún más largo. “En mi experiencia, eso podría ocurrir incluso en 20 años”, advierte Moraga.
De mil a 2 mil 500 reos
Cuando en 2019 se intentó presentar el proyecto de cárcel regional para San Miguel de Ablemo, se hablaba de un recinto con capacidad para mil internos, cifra que entonces parecía casi futurista, considerando que la población penal total de Ñuble no superaba los 450 reclusos y que el penal de Chillán apenas bordeaba los 280.
Seis años después, el escenario cambió de manera drástica. En 2025, solo en Chillán la cifra llegó a 880 internos.
Hoy, con un país que registra una sobrepoblación penitenciaria cercana al 160%, el debate ya no se limita al traslado físico de un recinto. También se cuestiona la obsolescencia de un modelo que concibe la cárcel únicamente como encierro físico, en un contexto donde la telefonía celular y las redes de corrupción han permitido que delitos continúen coordinándose desde el interior de los penales.
La cárcel, hoy, es también tecnología. Implica radios de seguridad extendidos por kilómetros, segmentación diferenciada para internos de alta peligrosidad, primerizos y condenados por delitos económicos, además de sistemas que impidan la permeabilidad institucional.
En ese escenario, ya se habla de proyectar un complejo con capacidad para 2.500 internos.
“Y eso es muy costoso, demasiado”, advierte el suboficial de Gendarmería Cristian Montecinos, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
No obstante, valora el paso dado por el Gobierno Regional. “Creo que es un avance real. Si se destinaron más de mil millones de pesos, debiera ser para desarrollar un trabajo con verdadera proyección”, señala.
Desde su experiencia operativa, agrega que una nueva infraestructura exige inversión estructural: “Hay que invertir en serio, o no servirá de nada”, dice.
Para el gremialista, si estos recintos incorporan barreras disuasivas efectivas, mallado aéreo que impida el lanzamiento de droga desde el exterior, sistemas de inhibición de señal, “como los que se han implementado en cárceles de El Salvador, que cortan las comunicaciones, además de escáneres de ondas milimétricas en los accesos, entonces realmente se podría reducir la corrupción y la operación criminal desde el interior”.
Sin embargo, introduce una cuota de realismo presupuestario. “Pensar en destinar tantos recursos puede sonar utópico, considerando el escenario fiscal que enfrentará el próximo gobierno. Las prioridades nacionales son múltiples”, reconoce.
Se reabre así una pregunta que ha acompañado a la Región desde su creación: ¿es Ñuble una prioridad real dentro de la planificación estatal en materia de infraestructura penitenciaria?
El coronel (r) Gonzalo Hermosilla sostiene que, al menos desde la perspectiva institucional, el interés existía. “Mientras fui autoridad, vi que para Gendarmería había un compromiso real con este proyecto. Por eso se avanzó en estudios de factibilidad y en etapas de diseño”, afirma.
Para quienes conocen de cerca la realidad carcelaria local, el diagnóstico es coincidente: la infraestructura actual resulta insuficiente. Sostienen, incluso, que mantener el esquema vigente es insostenible en el mediano plazo.
Volviendo a la prefactibilidad, la ingeniera Daniela Moraga estima que esta etapa debería confirmar variables que, a su juicio, ya están claras: la necesidad y la demanda efectiva.
“La cárcel actual, emplazada en plena zona urbana, tiene capacidad para 300 internos y hoy bordea los 800. Eso genera riesgos tanto para quienes están privados de libertad como para el personal. La necesidad no es algo que pueda seguir postergándose”, afirma.
Añade que también se cumplen las condiciones demográficas exigidas para justificar un proyecto de esta magnitud. “La población objetivo existe y la demanda está acreditada. Desde el punto de vista técnico, la necesidad está fundada”.
Tres tierras a la vista
Para avanzar hacia una etapa de diseño es indispensable definir el terreno. En 2019 se analizaron 13 predios, todos particulares, luego de que la alternativa de Quilmo fuera descartada: Gendarmería la objetó técnicamente y el Ejército —que utiliza el sector para entrenamientos— advirtió que su emplazamiento allí resultaba inconveniente.
Con el tiempo, las opciones se redujeron a cuatro y hoy se habla de tres alternativas: dos fiscales y una privada.
La experiencia indica que cuando el Estado se convierte en comprador, el valor de los terrenos particulares suele elevarse de manera considerable, lo que termina por descartarlos del proceso.
En ese escenario, Quilmo —que durante años fue cuestionado— vuelve a sonar como una de las alternativas más viables, incluso la “ideal”, según la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
“No es que sea el mejor terreno posible, pero cumple dos requisitos fundamentales: pertenece a Bienes Nacionales, por lo que no implica un alto costo de adquisición para el Estado, y aunque no es cien por ciento óptimo, sí permite técnicamente la instalación del recinto”, explica la ingeniera Daniela Moraga.
Respecto de la previsible oposición vecinal, Moraga introduce un contrapunto comparativo con Valdivia. “Crecí con la cárcel ubicada en Isla Teja, un sector turístico y de alta plusvalía. Una cárcel en sí misma no es el problema. Lo peligroso es una cárcel mal gestionada, donde el riesgo delictual se expande hacia el entorno”, sostiene.
En la misma línea, Jacquelinne Guíñez afirma que “si se observa la experiencia nacional, los índices delictivos en los alrededores de las cárceles suelen ser bajos, incluso en Chillán”. Menciona como excepción el caso del penal de Colina, donde —según explica— la conflictividad se vinculó más bien al contexto urbano preexistente que al recinto penitenciario en sí.
La receta que plantean quienes han trabajado en el proyecto es clara: infraestructura segura, tecnología de punta, adecuada segmentación de internos y obras de mitigación que integren el recinto al territorio.
Pero, más allá de los estudios y de los planos, hay un elemento que se repite a lo largo de casi dos décadas de intentos fallidos: la decisión política.
Definir el terreno, asumir el costo de la impopularidad y sostener el proyecto en el tiempo.
Esta vez, al menos, hay ya un voluntario para esa espinosa labor.
