Señor Director:
En Chile, hablar de derechos de agua suele ser hablar de trámites, papeles y más papeles. Pero, al final, pocos saben realmente quién tiene el derecho de usar el agua. La confusión tiene una causa muy concreta: se mezclan dos cosas que son distintas. Una es el derecho de aprovechar el agua, y otra muy diferente es el derecho de pertenecer a una comunidad que la conduce.
El Código de Aguas distingue claramente ambos conceptos. Sin embargo, durante años la práctica y los errores en los registros conservatorios los mezclaron, creando lo que hoy se conoce como el doble registro. Así, muchas veces se inscribió la participación en una comunidad como si fuera el derecho de agua mismo. El resultado: un documento que parece válido, pero que en realidad no entrega la seguridad jurídica que el usuario necesita.
Esto ha llevado a que un mismo derecho pueda parecer inscrito dos veces, con distintos nombres o dueños. Es una ilusión que genera confusión, frena la gestión del recurso y debilita el trabajo de las organizaciones de usuarios. Por eso, es fundamental usar correctamente los registros y el lenguaje. Una cosa es el agua y su derecho; otra, la obra que la transporta. Solo entendiendo esa diferencia podremos ordenar el sistema y recuperar la confianza en nuestras instituciones hídricas.
Desde la Junta de Vigilancia del Río Maule hacemos un llamado urgente: la mayoría de los agricultores del país aún no ha regularizado su derecho de aprovechamiento. Muchos tienen inscrita la obra común, pero no el acto que reconoce legalmente su derecho. El plazo vence en abril de 2027, y quien no lo haga a tiempo perderá no solo certeza jurídica, sino también su posición dentro del sistema de gestión del agua. En resumen, no es el agua la que se nos escapa: es la claridad jurídica la que estamos dejando evaporar.
Dagoberto Bettancourt M.
Gerente de la Junta de Vigilancia del Río Maule
