El caso Convenios, con el traspaso de cuantiosos recursos fiscales desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones ligadas a Revolución Democrática, sin duda ha removido al Frente Amplio y al gobierno, y ha generado una ola de denuncias que han salpicado también a los gobiernos regionales, y que tiene al Ministerio Público investigando en varias regiones del país.
Si bien Ñuble no ha aparecido ligada a esta polémica, lo cierto es que el efecto negativo también ha repercutido a nivel local.
LA DISCUSIÓN conversó con dirigentes regionales de Revolución Democrática y Convergencia Social, los principales partidos del Frente Amplio, para conocer el análisis y la bajada que la militancia hace de la situación, la cual ha dado en el centro del ‘lei motiv’ con el cual la coalición oficialista llegó a la Moneda: la probidad.
Preocupación por el pacto fiscal
Según Rodrigo Polanco, presidente regional de RD, “a pesar de los malos momentos que hemos vivido en relación a los actos de corrupción pública que cometieron algunos militantes de nuestro partido y que guardan relación con Democracia Viva; a nivel local tenemos la certeza de que ninguno de los militantes de Revolución Democrática se ha involucrado en casos o situaciones reñidas con la ética o la probidad pública”, afirmó.
Esto, dijo, “nos da algo de tranquilidad al respecto. Nosotros somos los primeros en pedir y esperar que la justicia pueda aclarar la legalidad de estos actos y sancionar a todos los involucrados en esos casos que tienen relación con malas prácticas, ya que entendemos que los recursos públicos son, por esencia, escasos, y que estos deben invertirse en las personas más necesitadas de nuestro país, y no en el aprovechamiento malicioso que hacen algunos del Estado para beneficiarse y enriquecerse de mala manera”, expresó.
Polanco planteó que han usado esto “como una instancia para reflexionar y consolidar nuestros principios, tanto políticos como personales, y reforzar el porqué estamos aquí, esforzándonos en contribuir en el debate público sobre el país que queremos y sobre los esfuerzos que debe dar cada uno de nosotros para que esto ocurra”.
Al mismo tiempo, dijo sentir preocupación por el hecho que “la oposición al gobierno ha usado toda esta crisis suscitada por los problemas detectados con los aportes y convenios a algunas fundaciones, como una excusa para negarse a conversar sobre el pacto fiscal, el cual pretende recaudar en régimen 8 mil millones de dólares, lo que nos permitiría responder de manera inmediata a las urgentes necesidades de la gente, como son la reforma a las pensiones, las listas de espera y la deuda histórica que el Estado tiene con sus profesores, todas demandas muy sentidas por la comunidad”, mencionó.
No proteger a los responsables
En Convergencia Social, en tanto, el caso Convenios lo ven como una expresión de la crisis que hace más de una década atraviesa el sistema político, la que a su juicio “ha pasado diferentes fases que han contribuido a la desconfianza de las personas hacia las instituciones democráticas. En particular, a pesar que en Ñuble no hay autoridades involucradas en casos de convenios con fundaciones, es evidente que los efectos llegan al conjunto de las instituciones públicas y partidos, pues aumenta la sensación de desconfianza y de ineficiencia de la función pública”, sostuvo Francisco Yeber, integrante de la directiva regional de la colectividad.
Carla Retamal-Cofré, también miembro de CS Ñuble, agregó que “nos preocupa que por la responsabilidad de algunos, sea la democracia la que pague los costos. Por esa razón, los partidos de nuestra coalición, y en especial el gobierno, hemos sido enfáticos y contundentes en disponer todas las medidas disciplinarias a autoridades y militantes que están envueltos en estos casos. Es importante que la gente lo sepa y recuerde que, cuando eran SQM o Corpesca, o incluso la colusión de empresas que nos indignó como sociedad, los partidos de la derecha no dudaron en proteger a los responsables y usar sus influencias para que no hubiera sanciones. Asimismo, el silencio de estos es sepulcral respecto de sus exalcaldesas y exalcaldes hoy investigados por malversación de fondos”, sostuvo.
Yeber añadió que “para no ir más lejos, sólo hace unos días la UDI y Republicanos votaban en contra el proyecto de resolución que buscaba que se presentara una iniciativa de ley para levantar el secreto bancario de diferentes autoridades, o como en el caso de la diputada Marta Bravo, se abstenían. Entonces uno puede preguntarse ¿Están realmente comprometidos con la transparencia y la probidad de las instituciones públicas? Parece que no. Sólo levantan fuegos artificiales para cubrir con sus destellos sus verdaderos compromisos: usar este conflicto para bloquear la reforma que busca mejores pensiones para las chilenas y chilenos y evitar dar espacio al nuevo pacto fiscal, que, entre otras cosas, traería recursos para aumentar la PGU y reducir las listas de espera en salud”, manifestó.
Carla Retamal-Cofré recordó además que “es necesario también ser justos. Más de la mitad de los dineros establecidos por Contraloría en los convenios que frenó, correspondía a gobiernos regionales, y no al gobierno central, así como también es necesario hacer ver que entre las miles de fundaciones que existen en Chile, sólo son algunas las que se aprovechan de la externalización que hace el Estado subsidiario para poder llevar a cabo la política pública y, en particular en Ñuble, son varias, como por ejemplo, la Fundación Teletón, las que realizan un trabajo responsable con los recursos. Los partidos de gobierno y, en particular desde Convergencia, continuaremos en la dirección de ser severos con quienes abusan de los recursos del sector público y avanzar con diálogo y propuestas que mejoren la vida de las familias trabajadoras de Chile y la región”, aseveró.
