Señor Director:
La reciente iniciativa del gobierno para legislar sobre la transferencia de tecnología y conocimiento parece, a primera vista, un avance positivo. No obstante, un análisis más profundo revela una serie de carencias que podrían obstaculizar su efectividad. La propuesta no aborda adecuadamente la complejidad del ecosistema de innovación, ni ofrece los incentivos necesarios para atraer a la empresa privada de manera significativa.
Chile invierte solo un 0,3% del PIB en I+D, muy por debajo del promedio OCDE del 2,7%. Esta realidad se agrava con la limitada participación del sector privado, que no alcanza ni al 40% de dicha inversión. La propuesta del Ejecutivo, aunque bien intencionada, parece subestimar la importancia de establecer un marco robusto de incentivos y protecciones que ayude a mejorar esos índices.
En la misma línea, los incentivos fiscales derivados de la ley de I+D vigentes hasta 2025 son positivos, pero deben ser fortalecidos y ampliados. Si no logramos entregar garantías de largo plazo, dicha incertidumbre puede disuadir a las empresas de invertir en I+D. El verdadero desafío es trabajar en una nueva ley de I+D que reforme integralmente los incentivos fiscales, el régimen de propiedad intelectual y la integración de las IES. Sólo así podremos impulsar a la innovación como motor de crecimiento económico y social de nuestro país.
Dr. Iván Suazo Galdames
Vicerrector de Investigación y Doctorados UA
