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De manera casi coloquial, y entremezclado con cambios producidos en otras regiones, el lunes 1º de julio se informó desde el Ministerio del Interior que el delegado Presidencial regional de Ñuble, Anwar Farrán Veloso (PL) había renunciado a su cargo.
El mundo político local de inmediato asestó el golpe. Se trataba de la tercera autoridad que dejaba el cargo en menos de tres años, no logrando de esta manera el nivel central tomar las riendas de la segunda región más pobre del país.
El propio Farrán adujo “presiones políticas” para su salida, pero en el fondo, siempre supo que el requisito que exige la ley para asumir como delegado Presidencial regional (contar con dos años de residencia en la región anteriores a la designación), no lo cumplía. Su respuesta siempre fue la misma: “Nací en Chillán y estudié en el liceo Narciso Tondreau”. Y no fue distinto tras dejar el cargo.
“Desde que asumí en este puesto, un grupo de parlamentarios y de operadores políticos de la zona, ha intentado con insistencia negar mi vínculo con la ciudad y con la región. Quienes me conocen saben que nací acá en el hospital Herminda Martín de Chillán, y que también estudié acá en el liceo de Hombres Narciso Tondreau. Pero efectivamente, hoy día quiero que la Delegación Presidencial Regional de Ñuble pueda continuar con la agenda del gobierno, y quiero alejarla de estas críticas, y es por eso que estoy tomando esta determinación, una determinación que por supuesto no es para nada fácil”, sostuvo por medio de sus redes sociales.
Agregó que “quiero decir algo: un minuto de silencio para los operadores políticos y para quienes en las sombras han tratado de perjudicarme desde un comienzo. Un minuto de silencio para esos que creen que efectivamente esto nos va a detener”, aseveró.
El nombramiento
Apenas se conoció el nombre del periodista Anwar Farrán como el nuevo delegado de Ñuble, el pasado 1º de diciembre, su ligazón con la zona fue cuestionada de manera transversal.
Tal fue el revuelo, que diputados de oposición como de centro izquierda, como Frank Sauerbaum y Felipe Camaño, solicitaron a Interior que se verificara si la nueva autoridad cumplía con el requisito de residencia. Es más, Sauerbaum, hizo la respectiva consulta a Contraloría regional, para conocer si habían llegado los antecedentes de Farrán para la toma de razón de su cargo, el cual debió comenzar a ejercer “por razones del buen servicio”. Según el diputado de RN, no hubo respuesta.
Por aquellos días, además, consultada la vocera regional de Gobierno, Valentina Pradenas, respecto si se había enviado la respectiva documentación del delegado a Contraloría, ésta respondió que sí, que “todos los antecedentes respecto de los nombramientos de autoridades pasan por Contraloría” y que “no había reparos al respecto”. Añadió que todo esto estaba siendo visto por Interior.
La consulta a Contraloría
Un mes antes de su salida del cargo, el exdelegado Farrán hizo una consulta al órgano contralor regional. El motivo: solicitar un pronunciamiento respecto de su autorización para ser girador de cuentas corrientes de la repartición.
El balde de agua fría llegó el 31 de mayo pasado, con la respuesta de Contraloría regional.
“No resulta posible acceder a lo requerido, por cuanto no consta en los registros que obran en poder de esta entidad fiscalizadora algún decreto o resolución de nombramiento, toma de razón, o bien, en trámite, que vincule al señor Farrán Veloso como funcionario de esta repartición pública, requisito esencial e indispensable para que pueda requerir, en representación del aludido servicio, la apertura y cierre de cuentas corrientes subsidiarias de la única fiscal, así como también la autorización y revocación de funcionarios públicos como giradores de estas, ello en conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley número 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, además de lo establecido en la jurisprudencia administrativa de este órgano de control”.
Es decir, Contraloría nunca tomó razón del nombramiento de Anwar Farrán, y durante los siete meses que ejerció el cargo, lo hizo, a ojos de algunos, “de manera irregular”.
Escenario legal
Según fuentes ligadas al derecho administrativo consultadas por LA DISCUSIÓN, la toma de razón es el acto administrativo o la tramitación administrativa que hay que hacer respecto de cierto asunto administrativo, como es en este caso, el nombramiento del delegado. Se trata de un mecanismo por medio del cual la Contraloría ve que el acto administrativo está ajustado a derecho y está ajustado a la Constitución. En el fondo, es un examen de legalidad.
En el caso de algunos de los nombramientos que hace el Presidente de la República -como éste-, el control de legalidad es posterior, por razones de buen servicio. No así, por ejemplo, con cargos como los notarios, que deben esperar a que se tramite su nombramiento para ejercer.
Para las fuentes del derecho administrativo consultadas, evidentemente hay una irregularidad, porque ese acto administrativo, que debió ir a toma de razón, aparentemente no se concretó.
¿Qué ocurre entonces con las decisiones y los actos ejercidos por Anwar Farrán durante su gestión? ¿Pueden ser cuestionados? ¿Tienen validez?
En la Administración Pública, existe el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, que evidentemente es una presunción. O sea, todo lo que él ejecutó podría estar bien, porque existe un principio de legalidad de los actos administrativos. Pero ¿Hasta dónde llega este principio? Hasta que se detecta la ilegalidad.
Conforme al principio de legalidad, no se puede ejercer una función si no se está debidamente investido. Por lo tanto, eso lleva a dos cosas: a que se pudiera estar frente a un delito, es decir, cuando un funcionario se arroga un cargo que no tiene. Eso pudiese ser objeto de una acción criminal por usurpación de función pública, algo que alguien tiene que declarar. Y para que alguien lo declare, hay dos vías, la vía de la Contraloría, para ver si los actos que Farrán ejecutó durante el período en que se desempeñó son válidos o no.
Por otro lado, podría ejercerse una acción civil, para recuperar los sueldos percibidos por la exautoridad, o bien, una acción criminal, porque él se habría arrogado facultades que no tenía.
En definitiva, esta omisión, esta irregularidad, es evidente que debe ser analizada por los órganos competentes, que en este caso, debería ser la Contraloría.
Solicitud de pronunciamiento
Conocida la salida de Anwar Farrán de su cargo, los diputados de la UDI por Ñuble Marta Bravo y Cristóbal Martínez, oficiaron a la Contraloría para que emita un pronunciamiento respecto de “la legalidad del decreto de nombramiento y la renuncia del delegado Presidencial Regional de Ñuble, Anwar Farrán Veloso, indicando la validez de los actos suscritos por dicha autoridad durante el período en que desempeñó sus funciones y la existencia de eventuales infracciones a la normativa vigente, en los términos que requieren”.
Según los legisladores, “el pasado lunes 1º de julio, el señor Delegado Presidencial Regional de Ñuble renunció a su cargo luego de siete meses de gestión. Desde que asumió en ese rol -el 1º de diciembre de 2023-, su designación generó ciertas dudas respecto de si cumplía o no con el requisito de haber residido a lo menos dos años en la región, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Política. Por lo mismo, la Cámara de Diputados, mediante oficios, solicitó a Contraloría un pronunciamiento sobre la legalidad del respectivo decreto de nombramiento para que determinara si se ajustaba o no a derecho, en razón que existían antecedentes de que la autoridad residiría fuera de la mencionada región”.
Luego, añadieron en el escrito enviado al órgano contralor, “Contraloría remitió su respuesta el 15 de marzo de 2024, a través de un oficio, el cual señala que “el acto administrativo en cuestión aún no ha sido ingresado a esta institución fiscalizadora, para su pertinente control preventivo de legalidad. En tales condiciones, esta Contraloría debe abstenerse, por ahora, de emitir el pronunciamiento requerido, sin perjuicio de lo cual, las observaciones formuladas por los indicados parlamentarios serán ponderadas al momento de efectuarse el mencionado control de legalidad del referido acto, el que deberá ser remitido a esta sede a la brevedad”.
De ‘víctima’ a ‘victimario’
En tanto, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que la última vez que consultó a Contraloría por el tema en cuestión, “me dijeron que a ellos nunca les llegó el documento de nombramiento. O sea, éste es un error del Ministerio del Interior, de la subsecretaría. El error no viene ni siquiera del propio delegado, sino de quien lo nombró, porque nunca les mandaron finalmente su nombramiento, y por eso no tenían toma de razón, porque ellos sabían que no cumplió los requisitos cuando se nombró, y por lo tanto, para no arriesgarse a que la Contraloría lo rechazara, simplemente no se mandó, y finalmente, cuando determinaron que ya no podía cumplir los requisitos, se tenía que ir, lo sacaron de esta manera tan abrupta”, manifestó.
El legislador enfatizó que “yo creo que más que un error de él, ha sido un error del Ministerio del Interior. Ahora, efectivamente aquí se pueden configurar algunas situaciones complejas, como por ejemplo, los nombramientos que él pudo haber hecho, o los recursos que recibió él como sueldos, o también las decisiones que tomó. Pero lo más trágico de todo esto, desde mi punto de vista, es la poca seriedad con la que se ha tratado a la región, teniendo tantas dificultades, tantos problemas, y como ejemplo más dramático, fueron las emergencias que enfrentamos, cuando no había ni siquiera la firma del delegado Presidencial para poder pedir los recursos que se requerían. Entonces, llegamos a un nivel de abandono bien evidente. Hoy día los seremis funcionan con piloto automático, porque no tienen quién los lidere”, argumentó.
Sauerbaum afirmó que en los próximos días hará las consultas pertinentes a Contraloría “respecto de la procedencia, de la decisión que se tomó del Ministerio del Interior de removerlo, cuáles son las consecuencias de ello, y que obviamente se apliquen las sanciones que se tienen que aplicar con respecto a quienes tomaron esta decisión. Yo creo que más que él -Anwar Farrán- ser un victimario, es una víctima de la negligencia del gobierno. Yo creo que él, de buena fe, asumió un cargo que se le pidió, y en el fondo, fue víctima de un subsecretario como Monsalve (Manuel), que tomaba decisiones erróneas, equivocadas, y del grupo vigente también que lo asesora a él”, sentenció.
