Durante los próximos días, la Municipalidad de Chillán sería notificada respecto de una demanda por indeminización de perjuicios que presentó la empresa concesionaria de los parquímetros de la ciudad, ECM.
La entidad, resolvió recurrir a la justicia con el fin de obtener reparaciones a las pérdidas que ha tenido desde que comenzó la pandemia, específicamente desde el mes de marzo pasado cuando tuvieron que dejar las operaciones como consecuencia de la prohibición municipal vigente.
No se trata aparentemente de la única acción judicial de la especie que pudiera enfrentar la Municipalidad de Chilán, pues existen varios flancos que eventualmente podrían abrirse en las próximas semanas dependiendo de las decisiones que adopte el gobierno comunal respecto de otros contratos como el de Las Termas y el cuestionado vínculo con la empresa que atiende las áreas verdes, OHL.
ECM
En el caso puntual de ECM, el gerente general de este organismo, Cristian Coronel Dubreuil, reconoció que el documento que contiene las condiciones de la demanda ya fue ingresado a un tribunal civil, de tal manera que en los próximos días la municipalidad debiera ser notificada de manera oficial de este requerimiento.
“Se trata de una indemnización de perjuicios, la cual debe ser notificada a la municipalidad de Chillán y luego de ello podría ser revisada en el tribunal civil correspondiente”, detalló Coronel.
El ejecutivo no dio a conocer la cifra que sería exigida al municipio chillanejo, pero existen algunos números que dan a entender que se trata de un monto elevado. En los tres meses que lleva sin operaciones en terreno, desde que el municipio prohibiera sus actividades, la empresa no ha depositado mensualmente los $30.000.000 aproximadamente a las que estaba comprometida. Adicionalmente, destinó $450 millones para indemnizar a todo su personal en Chillán. Los ingresos globales que genera cada mes por cada uno de los 1.001 cupos que tiene en superficie y en los subterráneos es un tema que jamás ha sido conocido por la comunidad ni transparentado por el municipio.
Lo cierto es que la empresa, aduce Coronel, se ha visto impedida por decreto municipal de acceder a las calles que tiene en concesión como también al edificio de estacionamientos bajo tierra que construyó para la municipalidad entre los años 2004 y 2005.
En los próximos días, se conocerían antecedentes respecto de este caso que revelaría profundas diferencias entre el consistorio y la empresa.
Desde el municipio chillanejo se indicó que no tienen hasta ahora información sobre esta demanda por lo que no pueden emitir comentarios.
Áreas verdes
La municipalidad, señalan concejales, tiene prácticamente definido el término de contrato con la empresa de áreas verdes, OHL, cuya actividad ha sido criticada por el gobierno comunal, el alcalde, el contralor y la comunidad.
Se trata de un contrato que considera un desembolso mensual por más de $113.000.000 cada mes desde el municipio a la empresa por trabajos que, reclaman ediles, no han sido efectuados, lo que configura según el contralor Wenceslao Vásquez, un incumplimiento de sus labores.
Pero, la municipalidad ha sido cautelosa al respecto, pues antes de definir la rescisión de vínculo debe estar segura de que no quedará alguna fisura de la que se cuelgue la empresa para presentar una demanda millonaria en un contrato que globalmente considera unos $8.000 millones.
Las Termas
El contrato con la empresa Nevados tampoco pasa por su mejor momento pues la firma, imposibilitada de operar no ha podido cumplir con los pagos establecidos en su contrato de concesión vigente desde el 2011.
La municipalidad y Nevados analizan en la actualidad la suspensión de la concesión, por un período de tiempo no definido, que puede pasar por un par de meses o al menos hasta que se regularicen las actividades en la montaña.
Lo que está en estudio entre las partes, es un congelamiento del convenio. Esto incluye de parte de Nevados, la mantención permanente del complejo, así como su seguridad, entre otros ítemes), lo que debe ser resuelto por el concejo próximamente, el que debe votar si autoriza o no la mencionada suspensión.
Se estima que si los ediles rechazaran el congelamiento del contrato, las partes tendrían que resolver las diferencias en Tribunales.
