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Fueron los ocupantes de una camioneta que, el pasado viernes 5 de abril divisaron con asombro la figura de un hombre colgando inerte desde un poste del alumbrado público, en un sector rural de la comuna de Bulnes, a la altura del kilómetro 427 de la Ruta 5 Sur.
El llamado que se hizo a Carabineros se declaró luego al Ministerio Público, quien ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chillán, investigar las circunstancias de la muerte de esta persona, quien resultó ser un hombre domiciliado en la Región del Biobío, de 37 años de edad e identificado como José Antonio Peña Fuentes.
Para los funcionarios de la BH no fue muy difícil determinar que el fallecimiento de la víctima se originó tras haber recibido una descarga de aproximadamente 2.400 voltios y la razón por la que fue encontrado en el poste, se explicaba con los elementos que estaban en el suelo: Un bolso con más cables de cobre cortados, y herramientas para cortar este tipo de conductores, por lo que la tesis del hurto es la que se mantuvo hasta hoy.
“Creemos que pudo haber sido una persona que a lo mejor no tenía mucha experiencia en el manejo de conductores y no pudo distinguir cuáles eran los cables que van de ida o de vuelta, es decir, los que en eso momento se encuentran energizados. Ese tipo de trabajos no es algo sencillo de hacer si no se tienen los conocimientos básicos y manipular el cable equivocado puede causar este tipo de accidentes”, comentaría al respecto el gerente de la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán (Copelec), Patricio Lagos.
Sin embargo, la intervención realizada en Radio LA DISCUSIÓN, por el ejecutivo, no apuntaba a entregar nuevos detalles sobre la investigación policial del caso sino, a raíz de que “estamos pasando por un momento bastante crítico en materia de robo de conductores”.
Estadísticas de Copelec dan cuenta que en 2023 les fueron sustraídos 11.385 metros de cable, mientras que este año ya totalizan 11.670 metros perdidos de conductores eléctricos.
Se estima que en el mercado informal, el metro de cobre se cotiza en un precio que oscila los 5.500 a los 2.200 pesos, por lo que se infiere que mientras el año pasado, lo sustraído tiene un valor aproximado de $67 millones, este 2024, los hurtos han generado pérdidas por sobre $69 millones.
“La dinámica del robo de cables, tiene mucho que ver con la situación económica del país, lo que a su vez tiene una estrecha relación con la cotización que presente el cobre. Cuando el precio sube, los robos suben y cuando baja la cotización, también bajan los robos. Por eso decimos que es un delito cíclico y fluctuante, pero también es evolutivo porque hoy ya no son ladrones furtivos quienes están detrás de esto, sino que son organizaciones criminales que operan en diversas partes del país”, añade.
Hoy, algunas investigaciones policiales realizadas en otras regiones lograron determinar que el nivel de preparación y conocimientos de estas organizaciones casi les confiere el nivel de empresa, con personas que manejan disciplinas de distribución, venta e incluso exportaciones.
“Entonces, hemos visto que este cable que nos están robando, ellos lo logran hacer ingresar al mercado formal. Lamentablemente, aún no se ha podido determinar quiénes son las personas que encargan estos robos, ni quienes son los encargados de reducir los conductores”, sostuvo Lagos.
Sin carácter de fenómeno
Pero si para Copelec perder 11 kilómetros de conductores cada año ha sido un golpe doloroso, en la empresa Frontel, que tiene cobertura desde Nueva Toltén (La Araucanía) hasta la comuna de Bulnes, en Ñuble, región en la que entrega también entrega servicios a Quillón, El Carmen y Yungay.
En un solo robo registrado este año, perdieron más de 7 kilómetros de conductores en la transmisora Transelec.
“Desde enero a la fecha de este año se han registrado cuatro robos de tendido eléctrico de nuestras instalaciones emplazadas en la región, que corresponden a 5.290 metros de cable de cobre. Bulnes y Quillón son las comunas más afectadas por este ilícito, y el último robo fue el 31 de marzo en el sector rural de Santa Clara de Bulnes con 3.600 metros de cable sustraídos”, explicaron a través de su equipo de prensa.
Es tal vez esta diferencia de toneladas perdidas y de montos asociados a los delitos que, mientras en la Fiscalía Regional de Biobío, en marzo pasado se creó un foco investigativo especializado para este tipo de fenómeno delictual, en Ñuble no se cuenta con uno. Según explican, en la región aún no adquiere condición de fenómeno delictual.
Lo anterior, pese a que en 2019, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, concentró todas las carpetas por robo de conductores desde El Maule hasta La Araucanía, situación que hoy ya no está vigente.
Volviendo a Biobío y sus contextos, Michelangelo Bianchi, fiscal jefe de Análisis Criminal, explicó que desde el segundo semestre de 2023 se detectó un alza en el ingreso de denuncias por sustracción de cables del tendido eléctrico.
Este incremento fue la voz de alerta para comenzar a realizar un estudio de los antecedentes sobre los hechos delictuales reportados a la policía por las víctimas, que se tradujeron en la declaración del foco investigativo en marzo último.
Las diligencias investigativas estarán a cargo de un equipo especial de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, y también se realizarán coordinaciones con las empresas afectadas por el flagelo y las autoridades gubernamentales, que forman parte de la mesa regional contra el crimen organizado.
El fiscal Bianchi también hizo un llamado a la comunidad para que en la medida que cuenten con información relevante al respecto, puedan aportarla a la PDI, considerando que una dificultad para la investigación es que los cortes del tendido eléctrico por lo general se realizan en sectores rurales apartados.
La mano extranjera
En Copelec, están atentos a cada hecho delictual que se registra al respecto en otras regiones del país.
La razón es muy simple: está casi descartado que se trate de personas de Ñuble quienes hayan formado una banda, sino que más son organizaciones conformadas por delincuentes y “ejecutivos” de diversas partes, operando por varias regiones. Pero en esencia los que actúan en Santiago o en Temuco, son los mismos que roban en Ñuble.
Es por esto, que el operativo policial realizado por la PDI en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente, en noviembre de 2023, alcanzó un grado de cuantía en recuperación, una cifra tan alta de montos asociados y la cantidad de armas incautadas suficientes como para que se empezara a hablar de “el cartel del cobre” en el país.
Los antecedentes fiscales dan cuenta que la agrupación hurtaba el material y después los derivaba a un empresario, dueño de una fundición, y líder de la organización, para comenzar un proceso de curtiembre y mezclar con cobre que reciclaba de manera legal. Eso les permitía vender el metal a China y a algunos países europeos, en una transacción que en el papel asoma como legítima ya que de esta manera se borraba la trazabilidad de los metales robados.
En la operación fueron detenidas 33 personas, desbaratando la organización desde su base operativa, y decomisadas 176,5 toneladas de cables, avaluadas en 1.200 millones de pesos.
Entre los detenidos se encuentran tres ciudadanos extranjeros: un venezolano (ingeniero de profesión y brazo derecho del líder de la banda); un colombiano (encargado de la recepción y acopio de los cables robados) y un dominicano (extécnico en telecomunicaciones que coordinaba los robos del material).
Era la expertiz de este brazo extranjero de la organización, que eran ellos quienes coordinaban las acciones para que el material era fundido en grandes bloques y también en cilindros para posteriormente ser exportados mediante barcos.
Los 33 detenidos fueron formalizados por el delito de asociación ilícita y no se descarta el posible lavado de activo. En paralelo, se investiga la identidad de los compradores del material en Europa y Asia, gestiones que al menos permitieron establecer era un empresario español quien las hacía de emisario y contacto clave para el ingreso del material a su continente.
La policía también incautó 11 vehículos de alta gama y máquinas fundidoras del empresario, y armamento y munición de la banda.
¿Los mismos que roban madera?
El jefe de Prevención de Pérdidas, de Copelec, Nelson Jorquera, evita calificar el que la Fiscalía Regional de Ñuble no cuente con un Foco Investigativo, pero dice que “ignoro cuáles son los parámetros de ellos e imagino que tendrán sus analistas. Pero para nosotros, si nos lo preguntan, es importantísimo. Es un tema a ponerle atención”.
Y respecto a lo que se ha podido determinar del ciclo de sustracciones en Ñuble, sostiene que “es un círculo, técnicamente geográfico, que va entre Pemuco, Santa Clara, Bulnes, Quillón, Florida, y da la vuelta a Cabrero, Yumbel.
“En este contexto es que siempre debemos poner atención a lo que ocurre en Biobío, con su Foco Delictivo fiscal ya que las abordan como organizaciones criminales y porque en el fondo, la minería de datos que pueden llegar a hacer nos puede ayudar bastante, considerando que es una actividad muy difícil de perseguirla, por cuanto la extensión, la ruralidad y muchos elementos que, en el fondo, juegan en contra del proceso inicial de la investigación”.
Hoy en día, todas las regiones tienen sus Mesas Preventivas de Robo de Conductor Eléctrico, al igual que las mesas de trabajo por robo de madera, las que de hecho tienen la misma dinámica y modos de operar.
“¿Y no es acaso posible, que incluso se trate de las mismas personas que están detrás de ambos delitos?” plantea.
Las investigaciones por las organizaciones criminales dedicadas al robo de madera han derivado en indagatorias en el Servicio Impuesto Interno, el Servicio de Aduanas.
“Hay que ajustar un poco la normativa legal y hay que ajustar un poco los procesos. Nosotros presentamos como Asociación de Cooperativas Eléctricas de Chile, toda esta temática. Hicimos un seminario en el año 2023, que se organizó precisamente en Copelega, aquí en Chillán y, en el fondo, homologamos el conocimiento transversal para todos los actores de la mesa y se presentaron a través del Ministerio de Energía para poder que, en el fondo, se hagan llegar a las instancias del Ministerio Interior, para que tengan este insumo y les sea más fácil poder trabajar”, comentó.
Un delito social
Finalmente, tanto en Copelec como en Frontel destacan que este tipo de acciones delictivas, no solamente los afectan a ellos como empresas desde lo económico, sino que por tratarse de un servicio crítico, cada vez que se genera un hurto de conductores, son decenas de familias quienes quedan sin energía, lo que -peor aún- afecta a establecimientos como centros de salud, escuelas, jardines infantiles y oficinas públicas de los sectores rurales vulnerados.
“Nos preocupa porque la calidad y continuidad del servicio que entregamos a nuestros clientes se ve interrumpido por este delito. Lamentamos que el robo de cables sea un delito que, a pesar de los esfuerzos, a la fecha no se ha logrado erradicar. Este flagelo no sólo nos genera un importante perjuicio para nuestros clientes, sino que además pone en riesgo vidas humanas”, dijeron en Frontel.
Mientras que, en Copelec, Nelson Jorquera, añade que “esto es un delito social. Cada vez que se comete son muchas las familias que se ven en situaciones muy complicadas por quedarse sin energía eléctrica lo que es un daño directo a su calidad de vida”.
De acuerdo a datos que entrega la cooperativa, en 2023 hubo 303 familias afectadas, mientras que desde enero a la fecha, la cantidad de clientes afectados alcanzó los 1.080.
